Guía País de Colombia sobre empresas y Derechos Humanos

En el lugar de Trabajo

Para población vulnerable

Fundación Corona: Lidera la implementación del Pacto de Productividad, programa de inserción laboral para personas con discapacidad, que cuenta con el apoyo de cooperación internacional, organizaciones internacionales, agencias nacionales del Estado, sociedad civil y sector privado. Este programa busca generar un modelo que mejore las oportunidades de empleo para la población con discapacidad, así como fortalecer y articular los servicios de rehabilitación y capacitación para su inclusión económica y social.

Ecopetrol: Cuenta con un Comité de Convivencia, responsable de identificar y abordar asuntos relacionados con acoso laboral. Este tema hace parte de la revisión periódica que hace la empresa en materia de derechos humanos.

Fundación Carvajal: Impulsa la cooperativa de trabajo asociado Mundo Maderas, un negocio inclusivo con población desmovilizada. El proyecto busca brindar una alternativa de generación de ingresos, estabilidad e independencia económica de los desmovilizados y sus familias, como contribución al proceso de reintegración a la vida civil.

Postobón: Con la iniciativa Minimarket 2x3, franquicia de minimercados, brinda oportunidades de empleo y emprendimiento para desmovilizados y víctimas del conflicto armado. La iniciativa se ha replicado en varios municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.

General Motors-Colmotores: Desarrolla un programa de encadenamientos productivos con enfoque inclusivo, que busca generar fuentes de ingreso para personas desmovilizadas en proceso de reintegración y familias desplazadas. Actualmente se enfoca en madres cabeza de familia.

Fundación Chevrolet: Impulsa Pacto Motor, una iniciativa público privada que busca mejorar la empleabilidad de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad o víctimas del conflicto armado en Bogotá, Medellín y Cali, mediante formación técnica.

Trabajo infantil

Fundación Telefónica: Lidera la iniciativa Aquí estoy y actuó para erradicar el trabajo infantil, con la identificación de casos a través de una aplicación móvil.

Fundación Telefónica (1998): Desarrolla el programa Proniño que se enfoca en tres líneas de acción: la protección integral, la calidad educativa y el fortalecimiento institucional para que otras organizaciones y agentes sociales puedan continuar, por sí mismos, con acciones contra el trabajo infantil.

Trabajo forzado

Manpower Group: Apoya la campaña ¡Alto a la trata de personas ahora!, liderada por el Movimiento Internacional de Mujeres por la Paz de Suzanne Mubarak. Manpower Group fue la primera empresa en firmar los Principios Éticos de Atenas que declaran la “tolerancia cero” frente a la trata de personas y han conseguido que más de 1.000 empresas también lo hagan.

Seguridad y salud ocupacional

PepsiCo Alimentos América del Sur (2011): Desarrolló el programa Recompensa para un ambiente libre de Incidentes con el objetivo de promover la seguridad en el lugar de trabajo. Este programa establece un sistema de conteo de meses sin incidentes en todas las plantas de la compañía y da premios a los que tienen el mejor rendimiento. Varias plantas en Colombia han ganado el tercer lugar.

Cargill -Colombia Agro: Estableció un Programa de Salud Ocupacional para planear e implementar la medicina preventiva e industrial, higiene y seguridad. Los trabajadores son entrenados en el uso de elementos de protección, en manejo de productos químicos, en trabajos en altura, en descanso activo e higiene industrial.

Sindicatos

ECOPETROL: A partir de 2012, la compaЦТa petrolera estatal incorporó el derecho de asociaciЧn y el acuerdo de negociación colectiva en el marco de su PolТtica de Derechos Humanos.

ECOPETROL Y USO: El Centro de Memoria Histórica del Magdalena Medio, impulsado por Ecopetrol y la USO, busca recoger las vivencias de las comunidades sobre el conflicto y la violencia y, consolidarse como un espacio para el encuentro y la reconciliación. Inicialmente, su labor se centró en la relación entre violencia, sindicatos e industria. Sin embargo, con ayuda del Centro Nacional de Memoria Histórica se amplió el alcance, ya que, si bien las regiones donde opera la empresa mantienen una estrecha relación con la industria, las experiencias de violencia van más allá de esta relación.

En la comunidad

Para población vulnerable

Asociación de productores de cacao de los Montes de María –ASPROCAMM (2014) La asociación recibió el Premio Emprender Paz por el cultivo de 200 hectáreas de cacao para beneficiar a 120 familias que fueron desplazadas en los Montes de María, en los municipios de San Jacinto y el Carmen de Bolívar, y luego retornaron.

Alquería (2014): Ganó el Premio Emprender Paz con el proyecto MACA de fomento ganadero, que busca fortalecer a pequeños y medianos productores de leche en Meta y Guaviare que han sido víctimas del conflicto armado.

Starbucks (2013): En agosto del 2013, la compañía anunció una alianza con USAID para mejorar los condiciones de vida de 25 mil campesinos, como contribución al desarrollo rural del país. La compañía brindó apoyo técnico, tecnologías y nuevas oportunidades en el mercado para mejorar la calidad del café producido.

Medio ambiente

Pacto Global, ANDI y Pacific Rubiales: Constituyeron la Mesa de Trabajo sobre Estándares Laborales, un espacio de discusión, articulación, difusión de buenas prácticas y promoción de los derechos y estándares laborales.

Chevrolet (2015): La Fundación Chevrolet, la Universidad de los Andes y la ANDI diseñaron la estrategia Planes Empresariales de Movilidad Sostenible, que busca que las empresas privadas y públicas y las universidades implementen estrategias de movilidad. En la edición del 2014, estos planes lograron que se redujera en 8% la emisión del CO2 y el consumo de combustible.

Procables (2015): La empresa cuenta con un Sistema de gestión ambiental que incluye el manejo integral de residuos, ahorro y uso eficiente de agua y energía. También implementa acciones de producción más limpia a través de nuevas tecnologías y buenas prácticas ambientales. Procables ha sido reconocida como una empresa amigable con el medio ambiente.

Ecopetrol (2012 -presente): A través del programa Árboles por la Vida, la empresa ofrece a las comunidades del área de influencia de sus operaciones, las condiciones para que cuenten con los recursos forestales necesarios para reforestar sus predios y las fuentes hídricas cercanas.

Ecopetrol, Parques Naturales y Fundación Natura (2014-presente): Desarrollan siete proyectos que buscan reducir 220.000 toneladas de CO2, la siembra de 990 hectáreas de sistemas forestales y evitar la degradación de por lo menos 2.000 hectáreas de bosques en Antioquia, Santander, Norte de Santander y Boyacá.

Fundación Bolívar Davivienda y Juan Valdéz (2014): Apoyan la iniciativa Páginas Verdes, liderada por la organización New Ventures México, la cual reúne, en un directorio, a las principales empresas que aportan al medio ambiente, bien sea a través de productos o servicios o con programas ambientales.

Gestión y transparencia de los ingresos

Grupo Argos (2015): Entre septiembre y octubre del 2015, la empresa organizó, en conjunto con Trasparencia por Colombia, la Semana de la Sostenibilidad y la Anticorrupción, con el propósito de sensibilizar a sus colaboradores y proveedores así como a las comunidades que viven en su área de operación, sobre la importancia de la ética y de fomentar la lucha contra el fraude y la corrupción.

Transparencia por Colombia: Lidera el programa Rumbo Empresas –Integras y Transparentes- al que se han adherido empresas proveedoras de Sab Miller Bavaria y Terpel, Allianz Seguros y empresas de su cadena de valor, entre otras.

XM filial de ISA y Consejo Nacional de Operación (2015): Impulsan la iniciativa de carácter voluntario Acción Colectiva, que busca fomentar la ética y la lucha contra la corrupción en las empresas del sector energético en Colombia. Entre las 21 empresas se han sumado se encuentran Celsia, Zona Franca Celsia, Chec, EPSA, CETSA, Electrificadora de Santander, Vatia y GENSA.

Cerrejón: La empresa minera adoptó una política de Control del Fraude, aplicable a todos los empleados, contratistas, proveedores y terceros. También creó una línea telefónica para recibir quejas sobre comportamientos inadecuados.

EPM: Desarrolló el mecanismo Contacto Transparente para recibir denuncias e información sobre posibles actos indebidos cometidos por sus trabajadores y/o demás grupos de interés, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa.

Seguridad y conflicto armado

Ocensa (2006): Desarrolló la Guía de Derechos Humanos para Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, que ayuda a las empresas de este sector a comprender y respetar los estándares internacionales de derechos humanos en el marco de su operación. La guía incluye exigencias legales, lineamientos para la implementación de los Principios Voluntarios y experiencias de otras empresas en la implementación de los mismos.

ECOPETROL: Desde 2009, la empresa ha aplicado los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos. En esa línea ha desarrollado indicadores de desempeño para evaluar la aplicación de los Principios Voluntarios particularmente en el Magdalena Medio colombiano.

Cerrejón: La empresa minera estableció un mecanismo de quejas para las comunidades que se ubican en el área de influencia de sus operaciones en La Guajira. También ofrece formación sobre los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos a sus trabajadores, fuerzas de seguridad, contratistas, comunidades locales, indígenas y estudiantes.

AngloGold Ashanti: La empresa minera llevó a cabo un proceso de debida diligencia que incluye un análisis de riesgos en derechos humanos en Gramalote, Norte de Santander. El objetivo fue identificar problemas de derechos humanos y establecer mecanismos para asegurar su respeto en virtud de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.

BP: Contrató a dos asesores de Seguridad Pública para promover el cumplimiento de los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos en la ejecución de contratos de seguridad con el gobierno colombiano.

Anglo American: La empresa minera con operaciones en La Guajira adoptó un Programa de Derechos Humanos y ha venido capacitando a sus proveedores de seguridad para prevenir abusos contra los derechos humanos.

Talisman Energy: Desde 2012 realiza evaluaciones detalladas en campo sobre riesgos de seguridad. Todos sus contratistas están obligados a cumplir la Política de Ética y Conducta de la empresa que incluye los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos.

Comité Minero Energético: Esta iniciativa propicia el diálogo y la promoción de buenas prácticas en derechos humanos con relación a la seguridad pública y privada entre el Gobierno y la industria extractiva. También genera estudios y recomendaciones para que ambas partes mejoren en el respeto de los Derechos Humanos.

Recomendaciones en asuntos laborales

Trabajo infantil

• Multiplicar las buenas prácticas para proteger y satisfacer los derechos del menor, por ejemplo, realizando campañas de concientización sobre el trabajo infantil y creando o adhiriéndose a redes de lucha contra este delito.
• Implementar programas sociales para abordar el trabajo infantil y las peores formas de trabajo infantil en sectores que identifiquen como prioritarios, así como evaluar el impacto que tienen los programas que ya existen sobre el trabajo infantil.
• Brindar formación específica sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes como delito y vulneración de los derechos humanos.
• Crear sellos que certifiquen la responsabilidad de la empresa y su cadena de suministro en la prevención de este delito.
• Que el Estado involucre a las empresas en el desarrollo de acciones, planes y programas para contrarrestar el trabajo infantil, y que estas incluyan dentro de sus políticas la prevención de la ESCNNA.
• Documentar las actividades en las que trabajan los niños y los adolescentes, así como las zonas geográficas y los sectores en que lo hacen –incluso sobre su salud, seguridad ocupacional y otros riesgos–, en particular, en los sectores identificados como prioritarios y teniendo en cuenta las peores formas de trabajo infantil como el trabajo en la calle, el reclutamiento por grupos armados ilegales y su participación en actividades ilícitas.

Seguridad y salud ocupacional (sector floricultura)

• Establecer normas laborales y de salud desde una perspectiva de género, particularmente en el sector agroindustrial, ya que las mujeres constituyen la mayoría de los trabajadores.
• Proporcionar unidades de salud para hombres y mujeres en el lugar de trabajo.
• Revisar las prácticas laborales y las políticas que puedan poner en riesgo la salud de los trabajadores.
• Tener en cuenta las sugerencias de los trabajadores para mejorar su salud y promover espacios de participación en los procesos de toma de decisiones.

Sindicatos

• Fomentar e implementar espacios de diálogo eficaces y frecuentes, donde haya una negociación colectiva y se garantice la libertad de asociación.
• Monitorear de manera permanente las condiciones laborales de las empresas tercerizadas.
• Garantizar la libertad de asociación para grupos vulnerables como las mujeres.
• Proteger a los empleados sindicalizados de actos violentos.

Condiciones laborales

• Fomentar, en el marco de la responsabilidad social, programas de desarrollo integral, de capacidades con enfoque de derechos humanos, formación para el emprendimiento y generación de empleo local.
• Promocionar oportunidades para poblaciones vulnerables, en especial para jóvenes, mujeres y grupos étnicos.
• Garantizar y promocionar el trabajo digno y una buena gestión del clima laboral.
• Incorporar sistemas de gestión y contar con mecanismos de reclamación, atención y participación en casos de acoso laboral, sexual y de discriminación.
• Diseñar e implementar sistemas de valoración de cargos y una política salarial formal, para garantizar la equidad salarial y la competitividad.
• Contar con auditorias éticas-laborales para prestadores y contratistas.
• Contar con el sello internacional de Empresa Familiarmente Responsable y conciliar entre la vida familiar, personal y laboral.

Recomendaciones para minimizar impactos en la comunidad

Medio Ambiente

• Fortalecer espacios de comunicación y diálogo con las comunidades y socializar información ambiental, por ejemplo, en temas como la calidad del agua, estudios del aire y la huella hídrica.
• Prestar atención especial al uso de mercurio en la minería ilegal, por sus impactos en el medio ambiente y los derechos humanos.
• Prestar apoyo y visibilidad a buenas prácticas como la Guía para la Industria de Hidrocarbono, de lo contrario se corre el riesgo de que no se transformen en estándares.
• Identificar y monitorear los impactos ambientales para luego socializarlos y discutirlos con las comunidades.
• Promover el cumplimiento de la Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, y orientar la debida diligencia de la cadena de suministro de minerales provenientes de zonas de conflicto y alto riesgo.
• Incluir cláusulas de medio ambiente en los tratados bilaterales.

Tierra y propiedad

• No utilizar medios coercitivos o que exacerben los conflictos de poder.
• Alinear las operaciones y la inversión social de las empresas con los Planes de Desarrollo Territorial y los Planes de Ordenamiento Territorial.

Gestión y transparencia de los ingresos

• Aumentar los esfuerzos por evidenciar el vínculo entre DDHH, transparencia y corrupción, a través de sensibilización y capacitación.
• Adoptar políticas, programas y mecanismos de control en la lucha contra la corrupción.
• Aplicar principios de calidad como GRI, en reportes y en la gestión.
• Adoptar programas integrales de ética y transparencia, como Rumbo Empresas de Transparencia por Colombia.

Seguridad y conflicto armado

• Establecer mecanismos de quejas y reclamos y proporcionar acceso a la reparación en relación con violaciones a los derechos humanos.
• Informase debidamente sobre el contexto de operaciones tomando en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil.
• Identificar oportunidades de derechos humanos, impactos y riesgos en seguridad para las comunidades donde se opera. Las empresas deben consultar a las Fuerzas Armadas, a la Procuraduría General de la Nación, a organizaciones de la sociedad civil y a los ministerios. Si se opera en zonas donde viven comunidades étnicas hay que consultar a sus líderes, principalmente en su lengua.
• Asegurarse de que los proveedores de seguridad apliquen las estrategias de prevención, mitigación y remedio diseñadas por la empresa para hacer frente a afectaciones a los derechos humanos. Para ello se deben diseñar indicadores que midan la efectividad de dichas medidas. En caso de que se identifiquen impactos adversos, hay que investigar las causas y definir formas de mejora para garantizar la debida diligencia.
• Asegurarse que los guardias de seguridad, contratistas o prestadores de servicios no estén involucrados en violaciones de los derechos humanos y conozcan los principios de Derechos Humanos.
• Asegurarse que todos los casos de violaciones de derechos humanos que involucren a guardias de seguridad se denuncien ante las autoridades competentes y que las víctimas reciban una compensación.
• Establecer mecanismos operativos de reclamación para aquellas personas afectadas por las actividades que realicen las fuerzas de seguridad.
• Garantizar la transparencia y la legalidad en los convenios de colaboración con la fuerza pública en las etapas de planeación, ejecución, verificación y ajuste.
• Analizar y gestionar riesgos en materia de derechos humanos relacionados con la seguridad pública y privada.
• Desarrollar una gestión de riesgos asociados a la extorsión y secuestro.
• Introducir los conceptos de derechos humanos en las políticas de Responsabilidad Social Corporativa y utilizar este enfoque en la gestión e identificación de riesgos relacionados con la seguridad.
• Adoptar medidas correctivas para casos de violación de derechos humanos por parte del personal de seguridad privada.
• Diseñar esquemas de certificación de derechos humanos para los proveedores de seguridad privada.
• Atender las quejas y tener en cuenta las lecciones en debida diligencia cuando los derechos de los individuos o las comunidades sean vulnerados. Esto para prevenir impactos negativos sobre los derechos humanos.