Los acuerdos de La Habana permiten pensar en poner fin a la guerra contra las drogas enfocando desde otra perspectiva lo que ha sido hasta ahora un problema de seguridad
El gobierno acaba de revivir las fumigaciones con glifosato. Esta vez con aspersores de espalda ¿Será esta la decisión que nos llevará a bajarnos de la bicicleta estática a la que ha hecho referencia el Presidente Santos para hablar de la política de drogas, en la que se hace mucho esfuerzo pero no se avanza?
Mañana inicia la cumbre de la ONU sobre drogas y todo indica que el prohibicionismo continuará atrapado en su propia contradicción. Análisis FIP
La propuesta del MinAgricultura de realizar alianzas productivas como un mecanismo para disuadir el cultivo de coca, existe hace más de una década y se basa en el supuesto económico de que las mayores rentabilidades en otros productos desplazarán hacia la legalidad al cultivador de coca. En el papel puede tener sentido económico, pero en la realidad se basa en un supuesto falso. Esta solución atiende un problema secundario y pasa por alto las soluciones de fondo.
Las recientes celebraciones en la Casa Blanca marcan tres aniversarios del Plan Colombia, los 15 años y ocho meses desde su lanzamiento, los 12 años desde su reformulación y los siete años y siete meses desde su desmonte gradual.
Mientras que Colombia avanza firmemente en el diálogo con las FARC, el Estado continúa declarando nueva guerras, identificando al crimen organizado como el nuevo enemigo. Nadie pone en duda que las múltiples economías criminales implicarán un grave riesgo para la etapa de postconflicto. La pregunta de fondo es si la receta bélica, en su sentido más clásico, es la respuesta más eficaz y propicia para un país que pretende dejar atrás una prolongada guerra, que ha implicado enormes costos y sacrificios.
Los cultivos de coca están aumentando. Pero no se trata de buscarle reemplazo al glifosato, sino de repensar las estrategias de intervención en las regiones afectadas. ¿Qué va a pasar con las siembras y cómo, exactamente, debe responder el Estado?
Los indicadores que tradicionalmente se han usado para hacer seguimiento a las políticas de drogas han sido fundamentales para justificar y mantener un enfoque de corte prohibicionista y punitivo, tanto en Colombia como en el mundo. Indicadores como incautaciones de drogas, número de áreas cultivadas y cantidad de personas encarceladas han estado midiendo de manera errada los avances de la política, al centrarse en hacer seguimiento a los resultados más no a los procesos.
La policía, la justicia y las cárceles no dan abasto para atender delitos relacionados con la droga, que son en su mayoría no violentos y de pequeña cuantía. También aumenta el riesgo de prácticas corruptas. Razones de más para cambiar la política.
Hoy tengo una nueva visión de la paz