La Fundación Ideas para la Paz (FIP) analiza trimestralmente las dinámicas de la confrontación armada y la afectación humanitaria. En esta infografía consideramos el periodo de enero a septiembre de 2019, comparándolo con el mismo periodo de años anteriores.
Desafíos para la protección de las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes.
Con el apoyo de ONU Mujeres, la FIP presenta una serie de recomendaciones para incorporar el enfoque de género en la política pública de retorno, que garanticen los derechos de las mujeres y sean pertinentes frente a sus necesidades
El conflicto armado en la región del Nudo de Paramillo ha generado un fuerte impacto humanitario sobre la población que habita en los municipios que lo conforman. Entre 1997 y 2002 las altas tasas de homicidio, al igual que los desplazamientos forzados, estuvieron relacionadas con las fuertes disputas entre las FARC y las AUC. En años más recientes, es decir entre 2003 y 2013, las violaciones a los derechos fundamentales de la población civil han estado asociadas a las disputas entre bandas criminales y a la confrontación armada entre las FARC y la fuerza pública.
La región de Bajo Cauca, ubicada en el departamento de Antioquia en el límite con Córdoba y Bolívar, ha tenido presencia de múltiples actores armados desde la década de los setenta. Inicialmente se registró la llegada de los grupos guerrilleros ELN, EPL y FARC, y luego se dio la incursión y consolidación paramilitar a mediados de los noventa por medio de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, y luego del Bloque Mineros y el Bloque Central Bolívar de las AUC. Finalmente, posterior a la desmovilización paramilitar, la región ha vivido la formación de bandas criminales, entre las que se han registrado a Los Rastrojos, Los Paisas y Los Urabeños.Hoy, el dominio del territorio es disputado y compartido entre las bandas, las FARC y ELN
El 25 de Julio del año 2007, el Congreso de la República expidió la ley 1152 por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural y se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER. El trámite de esta norma estuvo rodeado de intensa controversia, pues a través de ella se regulan asuntos, intereses y temas que atañen a un sector inestable y duramente golpeado. Aunque la situación ha mejorado antes del año 2002, en el escenario rural persisten hechos como la violencia política, los cultivos ilícitos, los desplazamientos forzados e, incluso, algunas consecuencias negativas de la aplicación de políticas públicas como la fumigación o las campañas militares contra los grupos guerrilleros. Este boletín aborda el panorama anterior trayendo a colación el reciente proceso de justicia transicional encarnado en la Ley 975 de 2005 y analizando cuatro aspectos particulares que deben ser discutidos a la hora de pensar en modelo de desarrollo rural más moderno para Colombia:, a saber: la desigual distribución de la tenencia de la tierra; la precariedad de los derechos de propiedad; las condiciones para la justicia en el campo y la proyección de una Política Estatal para posibilitar la Justicia en el Sector Rural.
Antioquia es el departamento con el mayor índice histórico (1990-2005) de accidentes e incidentes por minas antipersona, según datos del Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República (mayo 2005). De los 125 municipios que componen el departamento, 90 de ellos han reportado problemas relacionados con el tema de minas. Durante el año 2004 se registraron 82 víctimas. La mayor concentración de casos se dio en Argelia y Tarazá con 11 víctimas. Allí, la situación por las minas es cada vez más grave, el minado se ha convertido no sólo en la defensa ideal, sino también en un instrumento para ejercer control sobre la gente y el territorio. El desplazamiento es el efecto más visible pero no el único. El confinamiento hace también parte del drama oculto de la población. En este boletín se aborda la problemática de las minas desde una perspectiva analítica en la que se discute la utilización de estas minas dentro de los repertorios de acción de los grupos armados ilegales en el departamento antioqueño así como el profundo impacto humanitario que causa la siembra de esos artefactos explosivos.