Esta columna de opinión se publicó el 5 de julio en La Silla Vacía

El saliente presidente Duque lleva meses mintiéndole al país y al mundo sobre la violencia en Colombia. Lo hace sin pena, pero también sin gloria, pues sus cifras, que son ciertas, son el resultado de un acomodo antitécnico de las cifras de violencia en el país. Así, el pasado 10 de junio, como en otras ocasiones, Duque afirmó que su Gobierno logró la tasa más baja de homicidios promedio en un cuatrienio en más de 40 años.

Si se pondera la tasa de homicidios anual durante los cuatro años de un periodo presidencial, concepto que ningún presidente había usado antes, los datos muestran que hay una reducción en el promedio con respecto a los periodos presidenciales anteriores.

Sin embargo, la tasa de homicidios tiene una tendencia a la baja desde el gobierno de César Gaviria (1990-1994) y la variación entre el segundo gobierno de Santos y Duque ha sido la menor de los últimos ocho gobiernos, ya que se logró disminuir en menos de un punto la tasa de homicidios, mientras que en pasados periodos presidenciales se presentaban variaciones significativas gobierno a gobierno.

Su logro no solo es pírrico, sino también paradójico: es resultado no de su política de seguridad, sino del encierro por la pandemia del 2020 y de los réditos de la paz de los que alcanzó a gozar el primer semestre del 2018.

Ahora bien, el ejercicio matemático realizado por el presidente tiene importantes cuestionamientos y elementos que deben ser tenidos en cuenta para analizar el comportamiento de la violencia letal durante su gobierno.

Lo primero es que no es posible comparar los cuatrienios anteriores con este, debido a que no se ha concluido su mandato y las cifras de los primeros cinco meses del 2022 muestran una tendencia al incremento en los homicidios. El presidente Duque deja un país con la violencia al alza.

Por otro lado, al observar el comportamiento de los asesinatos año a año, la tendencia que señala Duque cambia considerablemente. El 2018 mostró el primer incremento en la tasa de homicidios desde 2012 en un contexto de resurgimiento y recomposición de los grupos armados. Si bien este gobierno tomó las riendas del país en agosto de ese año, al comparar los primeros meses de gobierno con el año anterior, según las cifras de la Policía Nacional, los homicidios incrementaron en un 3 por ciento, al pasar de 5.185 en 2017 a 5.327. Desde el primer momento ha sido un gobierno incapaz de contener la violencia.

En su segundo año (2019) disminuyó la tasa de homicidios, mostrando cifras similares a las de 2017. Con ello, la ponderación realizada por el Gobierno tiene a favor la reducción significativa que se dio en 2020, siendo la tasa más baja de los últimos años.

No obstante, frente a esto cabe señalar que el comportamiento en los asesinatos para ese año tiene relación con las restricciones impuestas en el contexto de la pandemia, las cuales tuvieron repercusiones significativas en el comportamiento de los homicidios no solo en Colombia, sino en gran parte de Latinoamérica.

En 2021 se presentó una reversión en la tendencia de los homicidios, donde se incrementó a 26,9 muertes por cada 100.000 habitantes. Una de las tasas más altas de Latinoamérica.

Así, Duque termina su mandato con una de las tasas de homicidio más altas en los últimos siete años. Al observar la tendencia de los primeros cinco meses de 2022, con respecto al año anterior, se evidencia un incremento de 39 homicidios a nivel nacional, lo que podría mostrar el revés de la tendencia a la reducción que se presentó entre 2012 y 2020.

Así pues, independientemente de las declaraciones y los titulares que ha querido posicionar el Gobierno Nacional, la tasa de homicidios es una e incrementó. Es preocupante que en su afán de ocultar el fracaso de la política de seguridad el gobierno nacional haya decidido acomodar a su favor el indicador más importante de la seguridad.

De acuerdo con el ministro Diego Molano, este incremento obedece a la pandemia y a una reconfiguración criminal derivada del paro del 2021. Las declaraciones del ministro de Defensa no son del todo ciertas, pues no se puede decir que la pandemia generó un incremento en la tasa de homicidios del país: en Colombia y en la región se disminuyó la tasa de homicidios en el 2020.

Además de esto, según Temblores ONG, en el marco del paro nacional se presentaron 88 homicidios, donde hay presunción de autoría por parte de la Fuerza Pública en 44 homicidios. Esta cifra permite establecer que los asesinatos derivados del paro nacional no cambian de manera sustancial la tasa de homicidios del país. Adicionalmente, el ministro de Defensa desconoce la situación crítica en términos de violencia en algunos departamentos del país, simplificando el aumento de homicidios a efectos de la pandemia y el paro nacional.

Por otro lado, el comportamiento en la tasa de homicidios se presentó de manera diferenciada en Colombia. Con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz, mientras que se redujeron los homicidios en las áreas urbanas, el fenómeno se incrementó exponencialmente en las zonas rurales, llegando en 2021 a tener la tasa más alta de los últimos 12 años.

En departamentos como Cauca, Chocó, Valle del Cauca, con tasas superiores 50, y Norte de Santander, los asesinatos se incrementaron incluso durante el año de la pandemia. En los municipios PDET, con excepción del 2020, la tasa de homicidios ha estado cercana a las 50 muertes por 100 mil habitantes. Todo esto muestra la incapacidad del Estado para proteger a las comunidades y la ineficiencia de la política de seguridad del Gobierno actual en las zonas mayormente amenazadas por el conflicto y la violencia.

Pese a los trucos matemáticos del gobierno actual, lo cierto es que está muy lejos de lograr el objetivo de su Plan Nacional de Desarrollo de llegar a una tasa mínima de homicidios de 23,2 por cada 100.000 habitantes. De hecho, quizás sea el Gobierno que deje unas de las cifras más altas de homicidios en los últimos años.

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