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RECOMENDACIONES FIP | El próximo Gobierno tiene el reto de recuperar la protección de los ciudadanos como el principal objetivo de las políticas de seguridad. Esta debe ser su prioridad y solo cambiando el enfoque logrará construir legitimidad y gobernabilidad institucional.

El respeto por las instituciones y la confianza en ellas es producto —un efecto—, de un Estado que de manera eficiente garantiza y protege los derechos fundamentales de sus habitantes. Esto implica no solo una reducción de cierto número de delitos, sino una visión integral de la actividad delictiva, el tránsito a economías legales, el desmantelamiento e interrupción de la acción de grupos criminales y la construcción de condiciones para una reforma del sector seguridad que fortalezca el liderazgo civil orientado a los ciudadanos.

En Colombia se ha consolidado un discurso sobre la seguridad con bajos niveles de eficiencia y protección de los ciudadanos. FOTO: COLPRENSA

Las propuestas de los actuales candidatos no parecen dimensionar el tamaño de este reto. Aquellas que se conocen hasta el momento se orientan hacia resultados de corto plazo, a medidas tácticas o a propuestas arriesgadas que no clarifican la forma como serán alcanzadas. Esto hace parte de una línea continua que han mantenido los gobiernos anteriores, evadiendo enfoques estratégicos. Dicha ausencia ha impedido abordar los problemas de fondo del sector de la seguridad y preparar a la institucionalidad —tanto civil como de la Fuerza Pública— para afrontar una delincuencia dinámica y cambiante, y una sociedad que exige condiciones para vivir libre de amenazas y del miedo a ser víctima del delito y la violencia.

La seguridad dejó de ser un asunto militar y policial. Como en ningún otro sector, es un tema altamente político en el que se juega la relación del Estado con la ciudadanía, su legitimidad y la confianza de la población hacia el Estado en general. Para lograr condiciones de seguridad se requiere de la participación y articulación de diversos actores institucionales bajo la constante vigilancia de la sociedad civil.

Los avances conceptuales en materia de seguridad son visibles pero desarticulados. Políticos, funcionarios, organismos internacionales, policías y militares, han incorporado en sus discursos y doctrinas conceptos como la protección a los derechos humanos, la garantía al derecho a la protesta social, la protección y la sintonía con el ciudadano, la apertura de datos y el enfoque de género. También propósitos como pasar del control territorial al control institucional y hacer el tránsito a las economías legales. Sin embargo, muchos resultan vacíos porque no existe el talento humano preparado y dispuesto, no se prevé la financiación, no hay procesos y métodos de trabajo, o simplemente no hay equipos técnicos suficientes que operen la tecnología y que hagan análisis estratégicos, entre muchos otros obstáculos.

Tampoco se puede desconocer un factor cultural y de valores que impone barreras al cambio, adentro de las instituciones y en determinados grupos sociales, que perpetúa y normaliza la ineficacia y la mediocridad de la acción estatal. Todo esto revela que hemos consolidado un gran discurso en torno a la seguridad con muy bajos niveles de eficiencia y protección de los derechos de los ciudadanos.

La seguridad dejó de ser un asunto militar y policial; es un tema altamente político. Foto: COLPRENSA

Este documento recoge unos mínimos, unas ideas básicas, que deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo de las próximas políticas de seguridad y ser cuidadosamente implementadas por el nuevo Gobierno. Por eso, se preocupa por hacer planteamientos sobre la manera en que tales ideas deben ser llevadas a la práctica.

Colombia necesita avanzar más en la implementación de políticas, estrategias y acciones que protejan a los ciudadanos, y menos en discursos que reafirmen que el individuo está en el centro, pero que en la práctica privilegian la protección de las instituciones.

Las voces de los expertos

La FIP solicitó a un grupo de expertos y/o exfuncionarios y actores locales con diversas experiencias, sus ideas sobre cuatro objetivos estratégicos que consideramos claves para garantizar las condiciones de seguridad y encontrar un rumbo en el que la protección del ciudadano esté en el centro del esfuerzo institucional.

Estos son los objetivos estratégicos que debe abordar el próximo Gobierno de manera inmediata y simultánea para recuperar el rumbo:

1. Brindar seguridad efectiva y disminuir el delito

2. Reducir la violencia y contener a los grupos armados y del crimen organizado

3. Fortalecer la gobernanza y eficiencia del Estado en la provisión de seguridad

4. Impulsar una reforma al sector seguridad

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