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Durante los últimos cuatro años, Colombia optó por una política de seguridad que privilegió el control territorial y propinar golpes importantes a los grupos armados por encima de la protección de la ciudadanía y las comunidades.

La teoría del cambio del gobierno Duque fue sencilla: golpear a los Grupos Armados Organizados (GAO) y sus economías para reducir la capacidad de hacer daño y convertirlos en Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), permitiría consolidar la legalidad y degradar el nivel de amenaza.

Para este propósito, el gobierno del presidente Duque formuló una serie de políticas y estrategias encaminadas a proveer seguridad en los territorios más afectados por el conflicto armado. También, buscó mantener los avances en los últimos años, en los que la desmovilización de cerca de 13.000 combatientes de las FARC generó expectativas sobre la transformación territorial.

La poca efectividad de las acciones tomadas por el Gobierno está relacionada con problemas en el enfoque de la política de seguridad, como lo muestra el incidente en Puerto Leguízamo (Putumayo).

La política de Paz con Legalidad y la estrategia de Zonas Futuro fueron formuladas incluyendo aspectos importantes como, por ejemplo, establecer las condiciones básicas de seguridad, justicia y los cimientos de desarrollo para proyectar una estabilidad a largo plazo, así como una comprensión multidimensional de la seguridad. Sin embargo, su implementación padeció de los problemas aún irresueltos en el sector de seguridad y defensa, como las asimetrías institucionales, la falta de coordinación y la ausencia de recursos en materia de acción integral.

A pesar de que la violencia empezó a incrementarse después de la firma del Acuerdo de Paz, el Gobierno no encontró la manera de detener su ascenso. En algunos lugares, incluso, la intervención de la Fuerza Pública generó efectos adversos no solo sobre el incremento de la violencia, sino también frente a la erosión de la legitimidad del Estado.

Un escenario sin paz ni guerra significa que hay que considerar los grados de complejidad de los diferentes conflictos que se están dando en las regiones.

Cuatro años después, el presidente Duque entrega un país atrapado entre la paz y la guerra. Mientras los esfuerzos de implementación del Acuerdo se han estancado en diferentes frentes, hay lugares entrampados en la inestabilidad, la limitada capacidad estatal y la agudización de conflictos sociales y ambientales. La idea de degradar la amenaza a través de golpes decisivos puede eventualmente explicar la trayectoria de grupos como el EPL, los Puntilleros y los Caparros, estructuras que han visto su capacidad de fuego y regulación social sustancialmente disminuida. Hay que resaltar los esfuerzos para afectar objetivos de alto valor, como la captura de Otoniel, los golpes contra la comandancia del ELN en el Chocó y algunos resultados operacionales contras las disidencias de las FARC, como la muerte de alias Jhonnier en el Cauca.

Sin embargo, al igual que en otros países de la región, la política de descabezamiento de organizaciones criminales ha demostrado ser insuficiente. El resultado de estos cuatro años es el incremento del impacto humanitario en casi todas sus formas, y un escenario estratégico marcado por una confrontación entre grupos armados más que por un conflicto entre el Estado y estos grupos. Una política de seguridad que genere un aumento en la violencia no puede ser considerada exitosa en la medida en que no solo refleja la incapacidad de proteger, sino la ausencia de factores de disuasión por parte del Estado frente a los grupos armados y una confusión de prioridades.

Si bien no estamos aún en un tercer ciclo de guerra o en un recrudecimiento pleno de la violencia, los indicadores muestran que nos encontramos más cerca del 2011 que del 2016. El país tiene unos problemas serios en materia de conflicto, seguridad y crimen que ponen en riesgo los dividendos de la paz, complican la transición iniciada tras la desmovilización de las FARC y nos ponen frente a un escenario híbrido en el que el crimen organizado tiene un peso cada vez más importante.

Aunque el ELN viene disminuyendo su accionar a nivel nacional, sigue siendo uno de los grupos que mayor actividad armada tiene contra la Fuerza Pública.

Esto significa que las respuestas de corte contrainsurgente, como aquellas por las que optó el presidente Duque y que en el pasado dieron resultado con las antiguas FARC, no son las apropiadas para disminuir la violencia, reconectar económica y políticamente a las zonas marginadas del país, y construir legitimidad estatal en el contexto actual.

Un escenario sin paz ni guerra significa que debemos considerar los grados de complejidad de los formatos diferenciados de conflictividad que estamos presenciando en diferentes regiones del país. Implica, además, abandonar la dicotomía entre lo político y lo criminal, que ha sido superada por la superposición de actores en la que antiguos guerrilleros y paramilitares, nuevos reclutas, miembros del crimen organizado y exmilitares terminan compartiendo bando.

El país ha constatado, a un muy alto precio, que la agenda de seguridad y la de paz son dos caras de una misma moneda.

Un síntoma de la complejidad del contexto que enfrenta el país y cuyos matices han quedado por fuera de las políticas públicas de seguridad y paz, es la trayectoria organizativa y narrativa de los grupos armados. Los constantes cambios de nombre, de alianzas y de bando de las estructuras que hoy tienen al país ad portas de una crisis humanitaria, dan cuenta de la mutación.

No es tiempo de las respuestas únicas en la medida en que durante los últimos cuatro años el país ha constatado, a un muy alto precio, que la agenda de seguridad y la de paz son dos caras de una misma moneda. La legitimidad no deriva exclusivamente del uso de la fuerza amparado en el escudo oficial, pero tampoco será posible hacer las transformaciones territoriales necesarias en materia de desarrollo si persiste la normalización del delito y la ausencia de control social formal e informal.

Superar el contexto actual pasa necesariamente por entender que el aumento de la violencia no obedece exclusivamente al fenómeno del narcotráfico o a la minería ilegal. Aunque constituyen un factor determinante de las disputas locales entre diferentes grupos armados, son más el producto que la causa de la inestabilidad de los territorios y de la fragilidad de las comunidades. En este orden de ideas, las narrativas asociadas al narcotráfico y a los “símbolos del mal” que adoptó el gobierno Duque, no contribuyeron a mejorar la seguridad ni a contraer las economías ilegales. Por el contrario, ampliaron las brechas de confianza entre la Fuerza Pública y las comunidades.

En este nuevo análisis, la FIP presenta un balance prospectivo sobre las dinámicas de conflicto y los actores de la violencia organizada en el país durante el gobierno del presidente Iván Duque, así como siete desafíos para el nuevo Presidente.

Los analistas de datos de este documento son Luis Alberto Herrera y Nicolás López.

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