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Este documento de recomendaciones se desprende de cinco análisis que elaboraron los integrantes del grupo FIP/FESCOL. Consultar AQUÍ

Desde hace un par de años, la Fundación Ideas para la Paz y la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (FESCOL), con el apoyo técnico de la Folke Bernadotte Academy-FBA, viene convocando a un grupo de expertos para analizar la crisis en la que lleva ya un tiempo sumida la Fuerza Pública y hacer un análisis reposado sobre la eficacia de los diversos mecanismos de control.

Preocupan los continuos escándalos de corrupción, exacerbados por los abusos en el manejo del Paro Nacional del 2019 y agravados luego con la respuesta policial a las protestas en el 2020 y el 2021, así como por el problema de desconfianza y falta de legitimidad, atizado por la recientemente operación militar en Putumayo donde habrían muerto civiles y la polémica Petro-Zapateiro, que demuestra las fracturas entre civiles y militares.

El grupo de expertos quiso entender por qué, a pesar de que existen diversas instituciones con responsabilidades en materia de supervisión y control sobre la Fuerza Pública, los escándalos y abusos no paran, con graves consecuencias para la estabilidad y la democracia del país.

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Por ello, buscaron comprender el funcionamiento de los mecanismos administrativos que se ejercen desde el Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa, del Interior y de Justica; el control político que se practica desde el Congreso de la República; los controles de la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General de la República; la manera cómo se ejerce el control disciplinario dentro de la Fuerza Pública, y las condiciones en que se investigan y juzgan a sus miembros que presuntamente incurren en delitos (tanto en la justicia penal ordinaria como en la Justicia Penal Militar y Policial).

El análisis permitió identificar una serie de desbalances estructurales que bloquean el ejercicio del liderazgo, supervisión y control civil y, con él, los intentos de reformas que promuevan la transparencia, la supervisión externa y el fortalecimiento de controles democráticos.

Este bloqueo explica porque no cesan los escándalos de corrupción, ni el abuso de la fuerza en la Policía y el Ejército o las evidencias sobre las deficiencias en el liderazgo civil de la seguridad. A eso se suma la poca efectividad del sistema judicial, del control político del Congreso y de los organismos de control frente a los responsables de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Los expertos encontraron que el común denominador para la eficacia de estos mecanismos de supervisión y control es la calidad del liderazgo que se ejerce y, en especial, las condiciones en que se realiza el liderazgo y direccionamiento civil desde el Ejecutivo. Este liderazgo resulta determinante para el funcionamiento de todo el sistema de supervisión y control civil, así como para el desarrollo de las capacidades de las entidades que deben ejercer control con el fin de que su actuación contribuya a fortalecer la confianza y credibilidad en la Fuerza Pública. Se trata, en últimas, de construir capacidades que permitan mejorar la seguridad enfocada en los ciudadanos.

La importancia del análisis sistémico

La FIP y el grupo de expertos trabajó en la construcción de un mapa sistémico que permitiera comprender las conexiones entre distintas entidades del Gobierno, la Fuerza Pública, organismos de control, el Congreso, la sociedad civil, los operadores judiciales, organismos internacionales, actores políticos y sociales, así como los valores, creencias y situaciones reales en las que se afectan mutuamente en el ejercicio del liderazgo, supervisión y control civil sobre la Fuerza Pública.

Este proceso permitió tener claridad sobre los factores que facilitan o inhiben una posible transformación del sistema, así como los aspectos positivos y negativos que lo influyen. Además, se identificaron causas y efectos, lo que facilitó la comprensión profunda del funcionamiento del sistema.

Las recomendaciones

Que la Fuerza Pública esté sujeta a la autoridad civil es un rasgo característico de las democracias que, por supuesto, aplica para el caso colombiano. Sin embargo, el ejercicio del liderazgo civil está lleno de obstáculos, limitaciones, intereses y posiciones ideológicas que alientan el protagonismo y la influencia de la Fuerza Pública en asuntos propios de los civiles.

La presencia de un civil en el Ministerio de Defensa no garantiza un direccionamiento, supervisión y control civil sobre la seguridad y la Fuerza Pública. Las tres ramas del poder público y los organismos de control tienen responsabilidades para direccionar, supervisar, controlar y juzgar a los civiles y uniformados responsables de la defensa y la seguridad. Pero urge que quienes tienen estas responsabilidades estén calificados, actúen objetivamente, libres de influencias e intereses castrenses.

Este documento presenta las principales recomendaciones que se desprenden del análisis sistémico y de una serie de cinco documentos elaborados por los expertos, los cuales desarrollan propuestas específicas orientadas a fortalecer el liderazgo y control civil de la Policía y de las Fuerzas Militares. De igual forma, se presentan ideas para transformar la relación y los desbalances entre la sociedad civil, algunas instituciones y la Fuerza Pública alrededor de la generación de condiciones de seguridad y convivencia, y la protección al ejercicio de los derechos de la ciudadanía (ver infografía de las 7 recomendaciones).

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