Saber con exactitud las cifras sobre el uso de la fuerza letal por parte
de los Estados de la región, pero también contra los agentes de seguridad pública. Esto ha sido el motor principal del Monitor de la Fuerza Letal, una iniciativa que nació en el 2019 y que este miércoles 26 de enero lanzó su segunda edición.
En este estudio comparado, que incluye una metodología compartida, participaron Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Jamaica, México, Trinidad y Tobago y Venezuela. El análisis en Colombia lo lideró la Fundación Ideas para la Paz.
Los resultados del Monitor permiten poner cifras concretas al uso y abuso de la fuerza letal, y así contar con mejores elementos para abordar políticas de prevención en esta problemática en los distintos agentes públicos.
Los investigadores de los ocho países coinciden en que el Monitor revela importantes desafíos en la gran mayoría de los Estado analizados.
Venezuela destaca como el país con el abuso de fuerza más extremo. Uno de cada tres homicidios registrados en el país es resultado de la intervención de los agentes del Estado.
En Brasil, 114 civiles que mueren por cada agente de seguridad pública en servicio que es víctima de homicidio.
Los países con más homicidios de agentes de seguridad pública son Venezuela, México, Colombia y Brasil.
“Las autoridades deben abstenerse de realizar declaraciones que alienten el uso de la fuerza letal por parte de la Fuerza Pública, mucho menos justificar abusos. Frases como 'un buen criminal es un criminal muerto’ o 'una bala, una muerte’, no son excepcionales en funcionarios públicos y candidatos de la región”, afirma el informe.
El Monitor también revela que existe un déficit importante de información pública sobre el uso de la fuerza letal en América Latina y el Caribe. “Aunque es posible acceder a información a través de solicitudes a las oficinas públicas, la mayoría de las veces los datos que se reciben son incompletos, deficientes e incluso inexistentes”, se lee en el informe. Los investigadores hacen un llamado a que este tipo de información se consolide y publique regularmente, por ejemplo, a través de reportes anuales de una institución pública, de manera que se pueda monitorear el tema desde el Estado y por la sociedad civil.
Resultados por países
COLOMBIA. Entre 2018 y 2020 hubo 697 civiles muertos con arma de fuego presuntamente por el accionar de la Fuerza Pública. Unas cifras preocupantes que deben analizarse en un contexto de crecimiento de la protesta social, en donde la Fuerza Pública ha sido la principal herramienta del Estado en relación con las demandas sociales.
Una efectiva supervisión y control civil sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes públicos sigue siendo una tarea pendiente en Colombia, donde hay altos niveles de impunidad. Del total de civiles muertes presuntamente por la Fuerza Pública con arma de fuego registradas entre el 2018 y el 2020, la Fiscalía ha abierto investigación en menos del 10% de los casos. Por otro lado, en este mismo periodo se registraron 388 agentes muertos por homicidio con arma de fuego (Conozca el capítulo completo de Colombia AQUÍ).
MÉXICO. En los últimos tres años han ocurrido entre 10 a 15 muertes de civiles por cada militar fallecido, lo que indica un abuso de la fuerza letal. A la vez, ha crecido su índice de letalidad (civiles muertos/civiles heridos). Por su parte, el número de policías civiles muertos por armas de fuego en servicio es muy elevado, siendo la gran mayoría policías locales, no fuerzas de seguridad federales. Un fenómeno que refleja el abandono presupuestal e institucional de las policías locales.
No fue posible hacer un diagnóstico nacional completo del uso de la fuerza letal, debido a la ausencia de información sobre un gran número de policías en México, en particular municipales, a pesar del deber del Estado de registrar y centralizar la información del uso de la fuerza.
CHILE. La ausencia de datos institucionales en Chile revela la urgencia de legislar sobre el registro y la transparencia de la información sobre uso de la fuerza letal. Los datos procedentes de la prensa no revelan un uso excesivo de la fuerza letal, pero es necesaria mayor transparencia sobre este fenómeno.
BRASIL. El número de civiles asesinados por agentes de seguridad pública es muy elevado y siguió creciendo entre 2018 y 2020, llegando a casi seis mil por año. A diferencia del número de civiles muertos, el número de agentes de seguridad pública víctimas de homicidio en servicio disminuyó. En 2019, 114 civiles fueron asesinados por agentes del Estado por cada oficial muerto. Las cifras demuestran un uso desproporcionado y excesivo de la fuerza por parte del Estado brasileño, que ha ido en aumento.
TRINIDAD Y TOBAGO. La incidencia del uso de la fuerza es elevada y también el riesgo para los agentes de seguridad. La tasa de agentes víctimas de homicidio por cada 1.000 agentes es la más alta de toda la región. El índice de letalidad contra los civiles, asimismo, es superior al límite aceptable, pues la Policía provoca más muertos que heridos. Hay una necesidad de entrenamiento continuo dentro de las políticas del uso de la fuerza y de investigar para entender los factores que pueden afectarla.
EL SALVADOR. Entre 2018 y 2019 se registraron 406 muertes de civiles, según datos oficiales, en manos de los cuerpos de seguridad, de las cuales la mayoría son hombres jóvenes acusados de ser “presuntos pandilleros”, justificando así un posible abuso de la fuerza y violaciones a derechos humanos.
Los resultados muestran que los cuerpos de seguridad generan más del doble de muertos que de heridos en sus intervenciones armadas, una proporción que revela un uso abusivo de la fuerza letal. De hecho, el índice de letalidad contra los civiles (número de muertos sobre número de heridos) llega a ser siete veces superior al índice contra agentes de seguridad pública, lo cual revela que la fuerza letal no es aplicada por el Estado de acuerdo con el principio de proporcionalidad.
VENEZUELA. Las víctimas que mueren por intervención de la Fuerza Pública pertenecen a los sectores populares y barrios periféricos del país. La mayoría de estos casos ocurren en el contexto de operativos policiales, justificados oficial y discursivamente por la “seguridad ciudadana”. Venezuela representa el caso más extremo de abuso del uso de la fuerza en la región, pues el porcentaje que ocupan las muertes en manos de las fuerzas de seguridad dentro de los homicidios llega al 33%. Es decir, uno de cada tres homicidios que ocurre en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado.
En Venezuela no hay transparencia sobre este fenómeno, pues las cifras oficiales fueron obtenidas a través de Naciones Unidas y exclusivamente para 2018. Los datos de prensa, sin embargo, indican que la situación se agravó en 2019.
JAMAICA. Jamaica tiene la segunda mayor incidencia en la región después de Venezuela. Sin embargo, el riesgo de muerte de sus agentes públicos es muy pequeño. En función de ello, más de 85 civiles son muertos por los agentes de seguridad pública por cada agente fallecido en circunstancias similares, un nivel cercano al de Brasil. Esto representa un cuadro de abuso sistemático de la fuerza letal por el Estado.