Si bien en 2018 la deforestación en el país se redujo en un 10%, y en 2019 un 19%, esta baja no ha sido homogénea; de hecho, diferentes fuentes advierten de un alza en distintas regiones del país en 2020. En el último trimestre de 2019 fueron identificados 13 núcleos de deforestación y los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta fueron los más afectados. El último reporte del Sistema de Detección Temprana de Deforestación del IDEAM, advierte que solo entre el 5 y el 12 de agosto de 2020 se detectaron 34 puntos de deforestación en el país.
Esto sucede en medio de la implementación del Acuerdo de Paz, un contexto en que se han intensificado economías ilegales como los cultivos ilícitos, la minería y el tráfico de madera. Grupos armados ilegales y facciones del crimen organizado han consolidado su influencia sobre zonas que son de especial importancia ecológica. Además, los homicidios y amenazas contra autoridades ambientales (como los funcionarios de Parques Nacionales Naturales) y otros líderes ambientales se han incrementado.
De ahí que ha tomado relevancia el papel de las Fuerzas Militares en la protección del ambiente: 22.000 integrantes de la Fuerza Pública están hoy dedicados a esa tarea en el país. Los organismos de control y las instituciones del sistema de justicia también han incrementado el número de funcionarios y la especialización en la protección del ambiente. La campaña Artemisa —iniciada en abril de 2019— ha ocupado los titulares de prensa con imágenes de la incursión de tropas en Parques Naturales como Picachos, Chiribiquete, La Macarena y La Paya.
En este informe, la FIP identifica las acciones desplegadas por las Fuerzas Militares para proteger la biodiversidad. Para, luego, bajo una perspectiva comparada, analizar qué ha ocurrido en cinco países donde se han dado respuestas militares para proteger el ambiente. Finalmente, señalamos algunas lecciones y orientaciones para la política pública.
¿Cuál es el problema?
No hay un único desafío. Las causas de fenómenos como la deforestación, la colonización reciente de áreas de especial importancia ecológica y el acaparamiento de tierras ubicadas por fuera de la frontera agropecuaria, son múltiples y se conectan entre sí.
Algunas de ellas tienen una clara conexión con la seguridad, pero otras dependen de diferentes ámbitos de la política pública.
En la cadena de la deforestación y otros crímenes ambientales hay múltiples eslabones, con distintos recursos de poder. En estos fenómenos participan actores armados ilegales con capacidad de usar la violencia; agentes legales con poder económico, capacidad de corrupción y de “capturar el Estado”; y poblaciones (campesinas, desplazadas, étnicas) en condiciones de vulnerabilidad.
Las deforestación y afectación de las áreas de especial importancia ecológica de mayor magnitud son, generalmente, impulsadas por sofisticadas redes.
La experiencia internacional: riesgos y lecciones
A partir del análisis de lo ocurrido en cinco países donde las Fuerzas Militares se han involucrado en la protección del ambiente (India, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Camerún y Nicaragua), identificamos los siguientes riesgos:
Aumento del riesgo sobre los guardaparques, quienes quedan en medio de la confrontación y el fuego cruzado.
Efectos colaterales sobre comunidades y personas en condiciones de vulnerabilidad, por restricciones a la libre circulación.
Uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza.
Aumento de prácticas de exclusión y estigmatización de la población, en especial de comunidades que viven dentro y en inmediaciones de las áreas protegidas.
Aumento de la desconfianza y tensas relaciones con el Estado.
Abandono de iniciativas de trabajo conjunto con las comunidades.
Concentración en los síntomas y no en las causas directas y subyacentes de la deforestación y los crímenes ambientales.
Los riesgos de la "militarización verde" en Colombia
La protección del ambiente, en clave de seguridad nacional, tiende a relacionase más con una tendencia hacia el preservacionismo y el endurecimiento de las políticas, que con unas estrategias de conservación más participativas y plurales.
Cuando las Fuerzas Militares se enfrentan a la presión por mostrar resultados inmediatos, la represión puede recaer directamente en los agentes más débiles (como campesinos y otras comunidades vulnerables), en la medida en que las operaciones contra actores poderosos y redes más sofisticadas requieren de inteligencia, capacidades, tiempo y concentración de recursos.
La intervención de los militares puede ser una herramienta disuasiva en el corto plazo, pero sus impactos pueden resultar poco sostenibles si no se realizan dentro de una estrategia más amplia, que incluya el fortalecimiento del aparato de justicia y la transformación de las condiciones estructurales de las comunidades que habitan los territorios a conservarse.
El balance costo-beneficio de estas intervenciones termina siendo desfavorable para el Estado. Algunas estimaciones señalan que un solo despliegue, en el marco de la Operación Artemisa, tuvo un costo de 800 millones de pesos, dejando como balance 17 capturas de personas que en la mayoría de los casos fueron dejadas en libertad.
Recomendaciones
Responder de manera urgente a la intimidación y al uso de la violencia por parte de organizaciones armadas ilegales contra funcionarios, organizaciones e instituciones que trabajan en la protección del ambiente.
Mejorar el relacionamiento y la articulación entre las autoridades ambientales y las Fuerzas Militares.
Definir la secuencia de las intervenciones a partir del análisis del contexto y teniendo como objetivo una respuesta sostenible. Se requiere definir en qué condiciones se requiere el uso de las Fuerzas Militares y cómo pueden ser aprovechadas sus capacidades.
Pasar de un enfoque reactivo de aplicación de la ley a una perspectiva proactiva con investigaciones complejas.
Priorizar y concentrar los recursos en las acciones contra los eslabones más fuertes de las redes criminales.
A partir de un análisis estratégico, enfocarse en el control de áreas de acceso a las áreas protegidas.
Mitigar los efectos colaterales de las operaciones militares, bajo el principio de acción sin daño.
Poner el foco en la corrupción.
Fortalecer las capacidades de las autoridades ambientales.
Avanzar en la implementación de los mecanismos y estrategias incluidas en el Acuerdo de Paz, y en el Plan Nacional de Desarrollo, que contribuyen a la protección ambiental.