Las armas de fuego han estado presentes en todos los tipos de violencia que han afectado a Colombia. En los homicidios, por ejemplo, se utilizaron en el 77% de los casos en la última década[1]. Su uso disparó la violencia en los años noventa, en parte, por políticas permisivas para su porte y tenencia y también por falta de control del Estado. Hoy, a pesar de los avances en desactivar el conflicto armado, sigue latente el riesgo del crimen organizado y otras violencias, las cuales no se reducen así se expidan normas que las prohíban, como acaba de ocurrir con el paramilitarismo[2].

Para garantizar la no repetición del conflicto, el Estado tendrá que desarrollar y fortalecer múltiples capacidades en materia de justicia, seguridad, desarrollo social y económico, las cuales toman tiempo y están relacionadas con el complejo proceso de estabilización y paz territorial. Pero mientras estas transformaciones profundas se hacen realidad, hay que ir generando condiciones para que los conflictos se resuelvan de otra manera y no se repitan los fenómenos violentos que ya superamos, ni se agudicen las conflictividades propias del posconflicto. (Recomendado leer: DataFIP - Violencia homicida en Colombia)

Una forma de hacerlo es fortaleciendo los controles sobre los sectores que manejan armas de fuego, como el de vigilancia y seguridad privada, y haciendo grandes esfuerzos para combatir el mercado ilegal de armas, que nutre el accionar de los actores armados ilegales.

Muchas armas, poco control

Resulta una paradoja que el monopolio de las armas esté en cabeza del Estado pero que haya una gran cantidad de estas, tanto legales e ilegales, en manos de particulares. Existe información según la cual hay alrededor de 900.000 armas legales en manos de particulares y se estima que las ilegales podrían ser cinco veces este número[3].

Se suma, que las duras condiciones de inseguridad que ha afrontado el país durante décadas, nos han llevado a tener una industria de vigilancia y seguridad privada fuertemente armada. Esta industria, que tiene entre 57.000 y 91.000 armas, según diferentes registros, realiza todo tipo de actividades con sello legal, pero con muy poco control por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), cuyos procesos son débiles e insuficientes frente a la complejidad y riesgos que se concentran en este sector[4].

Aún así, la ciudadanía se acostumbró a contratar los servicios de esta industria. No bastan los avances tecnológicos en materia de información y la disponibilidad de todo tipo de equipos electrónicos de seguridad. La realidad es que los colombianos siguen sintiéndose más seguros si cuentan con un servicio de seguridad armado formal o informal.

Lecciones para no repetir

Las lecciones sobre las implicaciones de que particulares, bien sea de manera individual, grupal o a través de personas jurídicas, tengan acceso a armas de fuego para su supuesta protección, son lamentables. No hay que olvidar que en 1994 empezaron a operar las Cooperativas de Seguridad Convivir bajo el marco legal de servicios especiales (decreto 356/94), con las cuales las empresas y los finqueros podían defenderse del azote de la guerrilla y colaborar, abiertamente, con la fuerza pública. Esta figura permitió el uso de personal armado –incluso con armas de uso privativo con licencia–, con acceso directo a comandantes militares con quienes coordinaban su trabajo. La consecuencia fue una fluida colaboración, de lado y lado, de la más variada índole.

Mientras la norma estuvo vigente se formaron cerca de 520 cooperativas que vincularon, por lo menos, a 15.300 personas en diversas regiones del país. Llama la atención que los sitios donde operaron las Convivir coinciden con aquellos en que los paramilitares delinquieron[5]. La justicia también ha demostrado[6] que muchas de estas organizaciones fueron autorizadas con el auspicio o el visto de bueno de gobiernos departamentales, la fuerza pública, organismos de inteligencia y la SVSP. No son pocas las que estuvieron representadas por paramilitares y se convirtieron en pieza clave para su expansión.

El rol del Estado en la promoción de estos grupos fue evidente, ya que no contó con los dispositivos de control y vigilancia necesarios. Esta falta de regulación permitió que, por ejemplo, las Convivir fortalecieran a las autodefensas de los hermanos Castaño Gil con dotación y logística, financiación, articulación con la fuerza pública, acceso a dependencias estatales y suplantación del Estado en algunas regiones[7].

Las Convivir se desactivaron por una sentencia de inconstitucionalidad[8] y las armas, supuestamente, fueron devueltas al Estado. Sin embargo, los mecanismos de control sobre las actividades de seguridad privada y sobre las armas en manos de particulares, no se han fortalecido. Como consecuencia, el monopolio por parte del Estado se comparte generosamente a través del otorgamiento de permisos a particulares y a la vigilancia privada. También sigue habiendo poco interés de los órganos de investigación sobre el tráfico ilegal.

La pregunta de fondo es sí el Estado colombiano tiene la capacidad para, primero, controlar las armas, y segundo, perseguir y judicializar las redes de tráfico ilegal que hacen posible que cualquier ciudadano compre o alquile un arma sin que las autoridades lo noten o reaccionen.

De cara al posconflicto

Este debate evidencia la urgencia de tener un marco institucional y normativo coherente con los retos del posconflicto. En las negociaciones de La Habana (punto 3, Fin del conflicto) se acordó la implementación de un mecanismo nacional de supervisión e inspección territorial a los servicios de vigilancia y seguridad privada, con énfasis en la reglamentación de las armas autorizadas para seguridad privada y que son de uso privativo de las FFMM.

La historia nos muestra que implementar este mecanismo tiene todo el fundamento. Hay que fortalecer el control, la vigilancia e inspección que realiza la SVSP con sistemas de información, personal experto, coordinación con otras instituciones, capacidad regional y un apoyo efectivo de la fuerza pública, entre otras capacidades.

Sobre el control de armas es necesario insistir en que hay que actualizar los registros para que se puedan revocar los de aquellas personas que ya no están en situación de riesgo, así como generar incentivos para que la seguridad privada transite hacia mecanismos no armados. De igual forma, es fundamental fortalecer la incautación y la judicialización de quienes portan y trafican armas ilegales y mejorar su trazabilidad y rastreo.

Una investigación de la Fundación Ideas para la Paz y la Cámara de Comercio de Bogotá, apoyada por la SVSP, encontró que la industria de la vigilancia privada va en aumento. Mientras en 2014 existían 740 empresas vigiladas por la Superintendencia, a mayo de 2016 eran 876[9], lo que refleja la demanda de estos servicios por parte de la ciudadanía. Estas cifras dejan por fuera servicios de seguridad informales, no vigilados, que sin duda superan los registros oficiales.

La FIP también encontró que el personal vinculado a las empresas de seguridad privada vigiladas por la Superintendenia puede estar alrededor de 379.000[10], sin contar la gran cantidad de personas que desarrollan estas labores de manera informal –de la cual no se tiene información– y que en su mayoría cuentan con un arma de fuego, legal o ilegal. En los registros de la SVSP aparecen 57.545 armas, sin calibre definido, pero el más reciente reporte de la Oficina de Control y Comercio de Armas del Comando General de las Fuerzas Militares indica que la cifra es superior a las 91.000 armas en manos de empresas de seguridad[11]. Esto pone en evidencia inconsistencias en la información y las limitaciones a la hora de ejercer controles.

Lo más inquietante es que con la información disponible, o por lo menos a la que tuvo acceso la FIP, no es posible identificar los puntos de vigilancia donde se encuentran las armas autorizadas. Esta falta de control ha facilitado que narcotraficantes, funcionarios corruptos, paramilitares, pirámides financieras y hasta mercenarios internacionales, hayan utilizado como fachada a algunas de estas empresas para cubrir sus actividades criminales[12].

No hay duda del aporte de esta industria a la seguridad ciudadana, pero la vigilancia y la seguridad privada en manos criminales son una ruta para la violación de derechos humanos, el tráfico de armas, el lavado de activos, la vigilancia ilegal y, sobre todo, para la corrupción por acción u omisión[13].

Finalmente, el control de armas debe acompañarse del endurecimiento de los requisitos para la expedición de permisos de porte o tenencia y de licencias de operación de servicios de vigilancia y seguridad privada. La Superintendencia, como se dijo al inicio de esta columna, continúa sin las capacidades necesarias para realizar las labores de inspección y control que le asigna la ley frente a un sector que, si bien contribuye a la seguridad y a la percepción de seguridad, opera en una zona de riesgo que debe ser vigilada y controlada.

Este análisis forma parte de la campaña Instinto de Vida, una estrategia latinoamericana para la reducción de homicidios. La Fundación Ideas para la Paz hace parte de las más de 20 organizaciones de la sociedad civil que implementan esta iniciativa en Brasil, Venezuela, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

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[1] Policía Nacional. Datos desde 2007 al 2016.

[2] Semanas atrás la discusión política se centró en si es realmente necesario que en la Constitución Política se incluya un artículo para que nunca más exista el fenómeno del paramilitarismo. Diferentes sectores se pronunciaron apoyando o rechazando esta propuesta desde enfoques dominado por posiciones políticas e incluso ideológicas.

[3] Ver: http://pacifista.co/ni-chuzos-ni-cuchillos-las-ar...

[4] Los vigilantes privados son las mayores víctimas de las armas de fuego. Entre enero de 2015 y agosto de 2016, Medicina Legal reportó un total de 215 vigilantes víctimas de homicidio. En el 2016, la tasa de homicidios de este sector fue de 43 por cada 100 mil vigilantes, lo que supera la tasa de la Fuerza Pública en 2,5 veces y representa más del doble de la tasa nacional. Trabajo relaizado por la la FIP y Cámara de Comercio de Bogotá con el apoyo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad. Documento Interno. Observatorio de Vigilancia y Seguridad Privada (2016).

[5] Ver: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juici...

[6] Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá en sentencia contra Ever Veloza García, alias 'HH', jefe de dos bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

[7] Ver: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juici...

[8] Decreto 356 de 1994.

[9] Trabajo realizado por Daniel Rico y Boris Ramírez, investigadores de la FIP. Documento Interno. Observatorio de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia (2016). Las cifras excluyen a las empresas (40) que no presentaron fecha de terminación de la licencia.

[10] Personal registrado en bases de datos.

[11] Sin embargo, El Tiempo en el artículo Uno de cada 300 colombianos tiene un arma legal, publicado el 17 de mayo de 2014, sostuvo que las empresas de vigilancia podrían tener 264.736 armas, información que no pudo ser verificada, pero que confirma las diferencias entre distintas fuentes, que pueden estar relacionadas con la vigencia de los permisos.

[12] Trabajo realizado por Daniel Rico y Boris Ramírez, investigadores de la FIP. Documento Interno. Observatorio de vigilancia y Seguridad Privada en Colombia, (2016).

[13] Ibidem.