Esta columna de opinión se publicó en ¡Pacifista! el 02 de junio de 2017

Si bien en 2016, la tasa nacional de homicidios por cada cien mil habitantes llegó a su nivel más bajo en las dos últimas décadas (25,2), este promedio esconde diferencias territoriales notables. El descenso en los niveles de violencia letal no se ha dado por igual en los municipios y en algunos casos incluso se ha recrudecido.

Resalta el hecho de que en los últimos cinco años (2012–2016) el número de municipios que tiene una tasa por encima del doble de la tasa nacional (es decir por lo menos dos veces mayor a 50 por cien mil habitantes), ha permanecido estable en el tiempo –alrededor del 12%– concentrando una tercera parte de los homicidios que ocurren en el país. En estos lugares, que pueden variar de un año a otro, la violencia se expresa en niveles alarmantes y en algunos casos crónicos. Las causas son múltiples, pero allí suelen encontrarse una mezcla explosiva de débil presencia institucional, alta vulnerabilidad social y una fuerte influencia criminal.

Elaboración propia. Fuente: Policía Nacional

El término “violencia crónica” fue propuesto por Jeniffer Pearce (2007) y luego usado por Toni Adams (2012) considerando tres dimensiones. La intensidad: la tasa de muerte violenta al menos duplica la tasa promedio prevaleciente en los países ubicados en la misma categoría de ingreso. El tiempo: Lo niveles altos de violencia se mantienen al menos por cinco años. Y el espacio: los homicidios ocurren en múltiples espacios sociales.

Este concepto resulta relevante para el caso de Colombia, ya que visibiliza el hecho de que la violencia se reproduce y arraiga, e incluso puede llegar a considerarla como un hecho “normal” que ha acompañado a las comunidades durante mucho tiempo. A este tipo de violencia, se suma el trauma, el trastorno del desarrollo social y la destrucción de las prácticas ciudadanas.

Considerando el periodo 2012-2016 y tomando como referencia el promedio de la tasa nacional para cada año, se encuentra que 28 municipios estuvieron por encima del doble de la tasa nacional por cinco años consecutivos (lo que denominaremos violencia crónica) y 35 en cuatro años (violencia intensa). Tomando solo 2016, estos 63 municipios –que equivalen al 6% del total– concentraron el 26% de todos los homicidios ocurridos en el país y solo la ciudad de Cali concentró el 10% de todos los hechos de violencia letal que tuvieron lugar en Colombia.

Como se puede observar en el mapa, estos municipios se concentran en regiones específicas: El Catatumbo en Norte de Santander, el Bajo Cauca y el Noreste Antioqueño, Chocó, el Norte del Valle y el norte del Cauca. Además, en este grupo se encuentran municipios con violencia crónica como Tumaco (Nariño), Puerto Gaitán (Meta), Flandes y Rovira (Tolima) y ciudades como Quibdó (Chocó) y Cali (Valle del Cauca). Si bien estos lugares han enfrentado violencias provocadas y reproducidas por múltiples actores y motivaciones, que tienen profundas consecuencias para el tejido social, en la mayoría de los casos el homicidio ha sido movilizado por facciones armadas ilegales, tanto guerrilla como organizaciones criminales.

Mapas elaborados por la FIP, basados en la Policía Nacional

Además, se encuentran los municipios con violencia persistente (que son aquellos que tuvieron más del doble de la tasa nacional en tres años), con violencia crónica esporádica (dos años) y aquellos en los cuales este estado ha sido excepcional (un año). Agregados, estos municipios ocupan una parte importante del territorio de Colombia; sin embargo, analizados año a año, es posible observar que la violencia es dinámica y mientras que en algunas zonas tiene descensos notables, en otras se recrudece.

Al analizar la serie histórica de mapas del 2012 al 2016, es posible identificar al menos tres tipos de territorios. En el primer conjunto se encuentran departamentos en los cuales el cese al fuego y el proceso con las FARC han influido en el descenso de las tasas de homicidio. Aquí se encuentran Putumayo, Caquetá y Meta, así como el noreste de Antioquia, donde se puede observar que el número de municipios que tenían tasas que doblaban el promedio nacional ha disminuido, especialmente durante el 2015 y el 2016. Como hemos señalado desde la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en zonas de clara influencia de las FARC, los descensos han sido significativo, con una caída notable en el número de muertes en combate.

Municipios cuya tasa de homicidios es más del doble del promedio nacional 2012-2016

En un segundo grupo se encuentran las zonas donde la violencia se ha mantenido en niveles altos (que continúan estando por encima del doble de la tasa nacional). Aquí se encuentran municipios ubicados en el Norte del Valle, el departamento de Chocó y el Bajo Cauca Antioqueño. A pesar de los descensos presentados en varios de estos territorios, aún no logran tener tasas de homicidios por debajo de 50 por cien mil habitantes.

Y finalmente, hay un tercer grupo de regiones y departamentos donde ha aumento el número de municipios que tienen tasas superiores al doble del promedio nacional. Aquí se encuentra Nariño, que pasó de tener 2 municipios en esta categoría en 2015 a 9 en 2016 (resaltando Tumaco que pasó de una tasa de 65 en 2015 a una de 72 en 2016), así como el Catatumbo y sus inmediaciones, que aumentó de 6 a 13 municipios (destacándose Teorama, que pasó de 60 homicidios por cien mil habitantes en 2015 a 109 en 2016, y Tibú que subió de 77 a 114).

Solo tomando el 2016, es relevante mencionar que 144 municipios superaron en más del doble la tasa nacional. El dato preocupante es que 97 presentaron alzas – empeoraron– y 9 permanecieron estables; mientras que 33 tuvieron bajas notables –de más de diez puntos– y 5 descensos menores a diez puntos. En la Tabla 1 se encuentra la lista de los diez municipios con las tasas más altas en 2016.

Los diez municipios con las tasas de homicidios más altas en 2016

Aunque cada uno de estos territorios requiere de un análisis particular y local de la violencia, de manera general es posible señalar la influencia de organizaciones armadas al margen de la ley – como sucede con el ELN y el EPL– así como facciones criminales de distinto tipo. Adicionalmente, no es un tema menor que en la segunda posición se encuentre Briceño (Antioquia), epicentro del proceso de paz en donde se implementa el piloto de desminado y el esfuerzo conjunto de sustitución de cultivos.

A partir de esto datos y tendencias presentado en este artículo, es posible señalar tres conclusiones. Primero, los dividendos del proceso con las FARC, en lo que tiene que ver con el descenso de la violencia letal, no se han sentido con la misma intensidad en todos los territorios. Segundo, el número de municipios con una tasa superior al doble de la tasa nacional, han permanecido estable: representan el diez por ciento del total y concentran una tercera parte de los homicidios.

Tercero, hay territorios donde los niveles de violencia pueden ser catalogados como crónicos e intensos, generalmente ligados a la presencia de actores y mercados ilegales. En estos lugares, el fin de la guerra con las FARC no ha hecho mella, por el contrario, ha generado vacíos de poder y estimulado disputas.

Además, hay zonas donde la fragmentación criminal ha dejado territorios sin orden y violencias cotidianas y enquistadas, como sucede en el norte del Valle, por ejemplo. En lo inmediato, estos territorios requieren de medidas de carácter humanitario que se propongan la protección de la población, al menos mientras que el Estado encuentra la manera de hacer frente a esta guerra cambiante.

Esta columna de opinión hace parte de la campaña Instinto de Vida, que busca reducir a la mitad la tasa de homicidios en diez años en los siete países más violentos de América Latina (Navegue DataFIP, plataforma con datos sobre el homicidio). Más de 20 organizaciones de la sociedad civil, en alianza con otras instituciones y organizaciones internacionales, implementan esta iniciativa en Brasil, Venezuela, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Se busca el compromiso de estos estados para lograr una reducción anual de 7,5% en las tasas de homicidios, con lo cual se podrán salvar 365 mil vidas en la región y 5.800 en Colombia (Lanzamiento de la campaña)