Tras el asesinato de siete policías en zona rural de Montelíbano (Córdoba) el pasado 16 de septiembre, luego del ataque a una caravana ejecutado por las FARC en aparente alianza con el denominado ‘Clan Úsuga’, resurgió el debate sobre los nexos entre grupos guerrilleros y Bacrim. Al mismo tiempo que las FARC negaron las alianzas con “estructuras del terror estatal”, autoridades del nivel nacional y regional salieron públicamente a condenar el ataque y mostrar preocupación por la existencia de lo que llamaron un “coctel mortal”.

Algunas de los lugares comunes expuestos en varias de estas declaraciones facilitan el examen del problema. Primero, su existencia reciente. De hecho, así como es significativa la evidencia de la relación de las FARC con el narcotráfico desde hace muchos años, también abundan los indicios de sus nexos con grupos de crimen organizado como las Bacrim, prácticamente desde que estos últimos empezaron a ser reconocidos públicamente.

Los informes elaborados por el International Crisis Group, la otrora Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) o la MAPP/OEA a partir del año 2006, mencionan sucesivamente la configuración de este tipo de alianzas, incluso algunas de ellas heredadas de aquellas existentes con bloques paramilitares de las AUC (por ejemplo entre el Bloque Libertadores del Sur y el frente 29 de las FARC en Nariño). En 2007, el International Crisis Group, al mismo tiempo que identificaba disputas entre Águilas Negras y FARC en Nariño, registraba alianzas como las del ELN con Los Rastrojos en Cauca o de disidencias de los paramilitares (Vicente Castaño) con las FARC, la mayoría de estas como producto de la división del trabajo frente a los distintos eslabones del narcotráfico.

Desde ese momento hasta hoy, estas y otras organizaciones y medios de comunicación han expuesto públicamente estas alianzas. Tan solo en el último año y medio se han registrado públicamente nexos como el del frente 57 de las FARC con Los Urabeños en Urabá y parte del Nudo de Paramillo, la del frente 59 con Rastrojos y Urabeños en La Guajira y Cesar, la del frente 48 de las FARC con algunas estructuras criminales en Putumayo, las del frente 7 y el ERPAC en Meta, las de los frentes 6, 30 y 57 de las FARC con Rastrojos en el Pacífico, e incluso entre la Oficina de Envigado y las FARC para provisión de suministros.

De acuerdo con el último estudio de la FIP sobre monitoreo de grupos armados y su impacto humanitario adelantado entre 2013 y 2014, esta conexión entre Bacrim y grupos guerrilleros sigue presente en zonas como el Nudo de Paramillo, Putumayo o Tumaco, aun y cuando lo hace bajo distintos términos y tipos de acuerdo.

Esto último nos conduce a un segundo lugar común: estas alianzas giran alrededor del narcotráfico. Si bien esta idea es parcialmente cierta, la realidad es mucho más compleja. Los acuerdos entre grupos comprenden diferentes características que hacen difícil su análisis bajo un solo lente: son inestables, usualmente coyunturales, dependen de personas específicas y no de unidades armadas, varían de región en región y se establecen con base en distintos tipos de intereses que oscilan desde la cohabitación pacífica, la división territorial o de tareas frente a economías ilegales como el narcotráfico o la minería ilegal.

Según las investigaciones de la FIP, mientras en el Nudo de Paramillo el frente 5 de las FARC y Los Urabeños se distribuyen los eslabones del narcotráfico al igual que en el Catatumbo entre el frente 33 y Los Rastrojos, en Putumayo existe un aparente pacto de no agresión entre Rastrojos y FARC. En el caso de Tumaco, las FARC parecen haber absorbido a algunos reductos de Los Rastrojos.

En la actualidad, estos acuerdos se siguen presentando generalmente en el nivel operativo de cara a garantizar control y movilidad por territorios o frente al acceso a fuentes de recursos (minería, narcotráfico, extorsión, contrabando). Los acuerdos respecto a operaciones armadas (como el que afirman habría ocurrido en Montelíbano) suelen ser excepcionales si se tienen en cuenta las diferencias en capacidades (armas, entrenamiento), los dilemas de confianza y las dificultades propias de la coordinación táctica (existen más casos de outsourcing).

El tercer lugar común suele plantear que la existencia de estas alianzas representa un reto para el postacuerdo con las guerrillas. En efecto, esta afirmación resulta cierta pero vale la pena explorar algunas razones de su validez. Una mirada inicial al problema destaca algunos desafíos elementales alrededor de:

  • El alcance del proceso de desmovilización. Tal y como lo demuestra la abundante experiencia internacional y nacional, el involucramiento con economías y redes criminales genera poderosos incentivos para que algunos miembros de la guerrilla no se desmovilicen e integren grupos de criminalidad organizada dada la gran cantidad de recursos y beneficios que reportan estas economías.
  • Eventuales desmovilizados de FARC y sus condiciones de seguridad. La información que poseen algunas de estas personas alrededor de estas alianzas y del funcionamiento de economías ilícitas en ciertas zonas del país puede desembocar en un escenario de riesgo para ellos y sus familiares, aun y cuando exista una intención autentica de desmovilizarse y reintegrarse a la vida civil.
  • Vacíos de poder. Territorios donde coexisten guerrillas y grupos de crimen organizado representan un reto para el ‘Estado del postacuerdo’. El vacío de poder que genere la desmovilización de FARC será aprovechado por organizaciones criminales que tienen ‘terreno abonado’ en esas zonas en la medida en que el Estado no logre definir e implementar con éxito una estrategia para esos territorios.

Por ahora, algunos pasos indispensables para anticipar posibles obstáculos frente a un escenario de postconflicto, deben incluir al menos un diagnóstico mucho más comprehensivo de los territorios y economías donde estas alianzas ocurren, saber el ‘quién está en qué’ para identificar posibles riesgos individuales y colectivos para los desmovilizados y anticipar disidencias u otro tipo de incumplimientos de los acuerdos.

La desmovilización de los grupos paramilitares que se dio entre 2003-2006 (a pesar de sus particularidades) debe servir como punto de referencia para entender cómo la lógica del crimen organizado puede obstaculizar un proceso como el que se está pensando con las FARC.

Aun y cuando el Estado ha avanzado en los últimos años en entender la naturaleza del crimen organizado, el alcance e impacto que imponen estas organizaciones para la acción del Estado y el goce efectivo de derechos sigue siendo significativo, más aun en aquellos territorios donde el balance de poder y orden social puede ser alterado tras la salida de escena de las FARC.