Análisis / 3 de octubre de 2013 / Tiempo de lectura: 7 min.

Nº 64. Conflicto armado y su impacto humanitario en la región del Catatumbo

¿Cuál es la configuración actual de los grupos guerrilleros y bandas criminales en la región del Catatumbo? ¿Cuál su accionar y los efectos respecto al escenario de derechos humanos? La FIP analiza las dinámicas históricas y recientes del conflicto armado en esta zona de Norte de Santander, epicentro reciente de la protesta social

  • Autore/as
  • Isabela Marín C.
    Isabela Marín C. Coordinadora de proyecto

El Catatumbo agrupa a 11 municipios de Norte de Santander. Es una de las regiones priorizadas por la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT) del Gobierno Nacional y una de las zonas de implementación del Plan Espada de Honor de las Fuerzas Militares, mediante los que se busca reforzar la presencia estatal y militar en la región.

En cuanto a la presencia de actores armados irregulares y bandas criminales, en el Catatumbo se registran las FARC, el ELN y EPL. Se suma, que desde la desmovilización del Bloque Catatumbo en 2005 se registra la presencia de integrantes de bandas criminales como Los Rastrojos, las Águilas Negras, y más recientemente, Los Urabeños.

En la actualidad, las FARC son el grupo guerrillero más fuerte en la región en cuanto a la intensidad de su accionar. La organización hace presencia a través del Frente 33 (también llamado ‘Mariscal Antonio José de Sucre’) y las columnas móviles Arturo Ruiz y Resistencia Barí, y la compañía Resistencia del Catatumbo, que tienen influencia permanente en los municipios de El Tarra, Tibú, San Calixto, Convención, Teorama, El Carmen y Hacarí.

Por su parte, el ELN ha consolidado su presencia con del Frente Camilo Torres, en Tibú, Teorama y San Calixto. En este último municipio también hace presencia con el Frente Luis Enrique León Guerra y el Colectivo Héctor. Finalmente, en cuanto al EPL, aunque no es muy clara su ubicación, la influencia estaría concentrada en Hacarí, extendiéndose hasta San Calixto y La Playa.

En 2012 se registraron 62 acciones armadas guerrilleras, lo que representa un aumento un poco mayor al 10% frente a 2011, mientras que entre uno y otro año los combates por iniciativa de la fuerza pública disminuyeron en un 24%. El alza de las acciones guerrilleras podría ser la respuesta de las FARC al anuncio hecho en diciembre de 2011 por las Fuerzas Militares de crear en la región la Fuerza de Tarea Vulcano. Ese incremento también podría estar relacionado con la creación de un cerco de defensa por parte de la guerrilla para proteger al comandante en jefe de las FARC, alias ‘Timochenko’, quien presuntamente se encuentra en la región.

Sobre esto es pertinente agregar que desde 2010 el aumento de las iniciativas guerrilleras corresponde a acciones de bajo esfuerzo militar, mientras que las de mediano esfuerzo han ido disminuyendo. Ya para 2012 no se registran acciones de alto esfuerzo militar. A lo largo de 2012, la acción más común de estos grupos fue la activación de artefactos explosivos, seguida por las emboscadas, los hostigamientos a personal militar y los ataques a la infraestructura energética y vial con la utilización de carros bomba. Los municipios más afectados en ese año por el accionar guerrillero y los enfrentamientos con la fuerza pública fueron Tibú, Teorama, El Tarra y San Calixto.

El accionar armado de las Farc en la región del Catatumbo se acompaña de prácticas como la imposición de reglas de conducta y comportamiento social a los habitantes de la zona, la interferencia en las actividades de organizaciones sociales y comunitarias, el reclutamiento de menores y la administración y regulación del negocio del narcotráfico y el contrabando de combustibles –actividades que en ocasiones se dan en alianza entre las guerrillas o con las bandas criminales–.

Con respecto a la presencia de bandas criminales, se observa que en 2012 Los Rastrojos, que habrían surgido después de la desmovilización del bloque Catatumbo, estaban ubicados en Ocaña, Tibú, San Calixto, El Tarra, Convención, Teorama, Sardinata y El Zulia. Por su parte, Los Urabeños, quienes llegaron a la región a finales de 2011 a disputarle el control de la zona a Los Rastrojos, estarían asentados en Ocaña, Hacarí, Tibú, San Calixto, El Tarra, El Zulia, Convención y Teorama.

En cuanto al impacto humanitario derivado de la presencia de grupos armados irregulares y bandas criminales en la región, se puede anotar lo siguiente. Según datos de la Policía Nacional, tanto en 2011 como en 2012, la tasa de homicidio de la región superó la tasa nacional –en 2011 la tasa del Catatumbo fue de 44,5 homicidios por cien mil habitantes y en 2012 fue de 51,1–. En cuanto al número de homicidios, hubo un aumento del 30% entre 2011 y 2012, siendo Convención, Teorama y Tibú los municipios más afectados. Particularmente, en municipios como Tibú, Sardinata y Teorama, gran parte de las muertes fueron atribuidas a las guerrillas, ya sea por enfrentamientos con la fuerza pública o ataques indiscriminados a la población. Cabe señalar que los municipios de El Zulia, Ocaña, San Calixto y Convención, cuentan con presencia de integrantes tanto de Los Rastrojos como de Los Urabeños.

Según la Defensoría del Pueblo, el incremento de acciones guerrilleras ha dejado como resultado la ocurrencia de desplazamientos masivos. Si bien, en general, en el Catatumbo se presentaron menos casos de desplazamiento que en 2011, en municipios como El Tarra la cifra registrada fue de 1.135 personas, teniendo la tasa de desplazamiento más alta de la región y concentrando más de la mitad del total de desplazados del Catatumbo. Otros municipios con una tasa de desplazamiento alta fueron Tibú y Teorama, cuyos casos se relacionan con ataques indiscriminados y amenazas por parte de las guerrillas.

En el caso de las minas antipersonal, el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (PAICMA), ubica a Norte de Santander como el quinto departamento con mayor número de víctimas en el país, siendo El Carmen (con más de una tercera parte de las muertes por minas) y Teorama (con una cuarta parte de los casos), los municipios más afectados. Esta situación está afectando por igual a la fuerza pública y a la población civil.

Adicionalmente, tanto el fenómeno de las extorsiones como el secuestro parecen recaer sobre las bandas mencionadas, ya que la totalidad de las denuncias por extorsión que se registraron en 2012 (17) y 4 de los 5 secuestros ocurrieron en El Zulia y Ocaña, municipios en donde el accionar de la guerrilla es nulo o muy leve. De todas maneras, es importante resaltar que no es muy clara la presencia y las dinámicas de las bandas criminales en esta región del país. Gran parte de la información actual recae en denuncias de la población, lo que hace difícil corroborar en medios de prensa u oficiales.

Por su parte, el Censo de Cultivos de Coca 2012 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) mostró que entre 2006 y 2012 los cultivos aumentaron en Norte Santander en más de un 800%, y que entre 2010 y 2011 fue el departamento donde más se incrementaron, ocupando el quinto lugar a nivel nacional con 3.490 hectáreas cultivadas con coca. El 90% de estas hectáreas se encuentran en la región del Catatumbo, principalmente en Tibú y Sardinata.

Sobre otros aspectos explorados, se encontró que para junio de 2012, el Índice de Necesidades Básicas (NBI) en Norte de Santander fue de 30,43% (22,5% en las cabeceras y 60% en el resto) estando tres puntos por encima del índice nacional. Específicamente en la región del Catatumbo, el NBI fue de 61,7% (33,7% en las cabeceras y 71,4% en el resto), estando muy por encima del NBI del departamento. Se suma que para 2012, casi todos los municipios en el Catatumbo tuvieron un Índice de Riesgo por Victimización (IRV) alto (a excepción de San Calixto y Ocaña). El municipio de Convención cuenta con el IRV más alto del país y El Carmen tiene el cuarto. Sardinata y Tibú también registran un índice bastante elevado en la tabla nacional.

Por último, hasta abril de 2012 se habían registrado 1.821 solicitudes de restitución de tierras en el marco de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) en Norte de Santander, siendo el sexto departamento con mayor número de solicitudes. A Tibú le corresponden gran parte de esas peticiones lo que lo convierte, además, en el segundo municipio que más reclama tierras en el país.

 

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