Ha pasado un año desde el inicio de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Se han firmado dos acuerdos parciales –en el tema agrario y participación política–, pero permanecen muchas dificultades políticas. La opinión sobre el proceso está polarizada. La oposición ha hecho una campaña activa contra las conversaciones y sobre todo contra la idea de que los desmovilizados de las FARC participen en política. ¿Cuál será el impacto de la campaña electoral que se avecina en las negociaciones? ¿Es posible evaluar las acciones de las FARC y su interés en una solución política?
Para responder a estos interrogantes, el programa para América Latina del Wilson Center y la Fundación Ideas para la Paz, realizaron en Washington el foro Proceso de paz: avances, obstáculos y la jornada electoral que se avecina, donde participaron el periodista Rodrigo Pardo, los analistas políticos León Valencia y Héctor Riveros y la consultora y tuitera Erika Salamanca.
Los obstáculos
Para el director de Noticias RCN, los acuerdos alcanzados hasta ahora en La Habana no tienen antecedentes a pesar de que el ritmo no ha sido el esperado por el gobierno. En ese sentido, “el pulso lo está ganando la guerrilla”, dijo. Pero aparte del ritmo, hay otro pulso, más complejo, que tiene que ver con la intención de las FARC de ampliar la agenda para incluir temas que no están en el Acuerdo General. “Esto va en contravía de lo que el gobierno ha establecido y además contra una de las premisas de esta negociación: una agenda concreta, reducida y real para la terminación del conflicto y no una de grandes reformas económicas y sociales como la del Caguán”, agregó Pardo.
Según el analista Héctor Riveros, unos de los mayores obstáculos es la discusión sobre los procedimientos para acabar el conflicto. “No es un tema menor. En apartes de las declaraciones de la guerrilla se hace énfasis en que sin acuerdos sobre las causas del conflicto no va a ver desmovilización, y esas causas se concentran en el problema agrario que sirvió de atizador inicial del conflicto armado en Colombia”, explicó.
Otro obstáculo es que los avances podrían no parecer tan sustanciales desde el lado de la guerrilla. Así lo cree Riveros quien afirmó que “son tan modestos que a los mayores opositores lo acordado en el segundo punto les pareció inane”, refiriéndose a la reacción del procurador Alejandro Ordóñez al conocer los acuerdos. Para este analista, los contenidos hasta ahora conocidos de los acuerdos de paz muestran la correlación de las fuerzas (una guerrilla derrotada en lo militar). “¿Cómo se desarrollan unos mecanismos para echar a andar unos acuerdos que no están mirando la sustancia sino cómo salir del conflicto?, se preguntó Riveros.
El tema de la reparación a las víctimas también es de lo más difíciles si se entiende que los derechos de las víctimas no son negociables. “La guerrilla ha hablado de una comisión de la verdad. Ahí estamos sobre unos artículos de un código de procedimiento. Colombia tiene una ley de víctimas pero habría que esperar que la guerrilla se comprometa con el reconocimiento de la verdad”, agregó Riveros.
Este analista considera que otro obstáculo es el Marco Jurídico para la paz –que las FARC consideran unilateral–, la refrendación de los acuerdos, los mecanismos de justicia transicional y la dejación de las armas. “Al anticipar el Marco a las conversaciones se cometió una imprudencia, porque llegó atado a la negociación”, dijo el analista.
Este obstáculo se une –dice Riveros– a la complejidad jurídica que significa introducir los posibles acuerdos que se firmen en La Habana. “Hacerlo sobre unos códigos establecidos es muy difícil. Toca hacer una maroma, unos saltos para poder introducirlos, modificaciones constitucionales”. Por ejemplo, para ampliar el número de representantes a la Cámara y crear circunscripciones especiales territoriales, como se anunció en el acuerdo parcial de participación política, va a requerir de una modificación. “La mayor dificultad del contenido de los eventuales acuerdos está en cómo acomodarlo al ordenamiento jurídico vigente, es una paradoja”, añadió el analista.
Por su parte, la consultora y bloguera Erika Salamanca cree que la paz es mucho más que firmar un papel o unos decretos y que esta se consigue cuando hay justicia y se sanciona ejemplarmente. “La paz no se consigue sometiéndonos al terrorismo, sino cuando hay verdad, justicia y reparación”, dijo.
Para Salamanca no hay que olvidar quiénes son las FARC, sobre todo cuando asegura que hoy la izquierda “tiene todas las garantías para el ejercicio de la oposición democrática”. Luego de citar que recientemente Bogotá ha sido dirigida en tres ocasiones por el Polo Democrático y los Progresistas, aseguró que “no hay ninguna posibilidad de justificar a un grupo que quiere hacerse pasar por actor político cuando realmente es un grupo terrorista que quiere llegar al poder”.
Aseguró que se puede negociar la paz pero el gobierno debe poner condiciones. “No nos podemos tragar un sapo gigante con cero impunidad. Las FARC han dicho que no van a pagar un solo día de cárcel. No hay que esperar a que se firmen los acuerdos para saber si están o no dispuestas a pagar cárcel”, aseguró para luego defender el proceso de paz que Uribe protagonizó con los paramilitares, la ley de Justicia y Paz y las extradiciones de los jefes ‘paras’ cuando siguieron delinquiendo en medio del proceso. “En aras de la paz está bien (JyP), van a ir a la cárcel, no van a tener elegibilidad política, no van a poder ir al Congreso, ni a hacer las leyes ni a dictarnos la moral a los colombianos de bien”, dijo.
También discrepa que se den acuerdos con las FARC sobre temas tan cruciales como el desarrollo rural, ya que la guerrilla ha desplazado a miles de colombianos. Sin embargo, el analista León Valencia, presidente de la Ong Paz y Reconciliación, asegura que “tenemos varios países”, además de Bogotá. “En lo rural hay una sociedad como los campesinos cocaleros expulsados a sangre y fuego con la política represiva que tienen solidaridad con las FARC. Allá también están los marginados de las grandes colonizaciones del país”, señaló.
En el caso de la participación política, Salamanca aseguró que ante la mínima popularidad de la guerrilla (4 por ciento), el gobierno tuvo que darle curules en la Cámara, según su interpretación de los acuerdos en participación política. “Fue como decir ok, usted puede hacer política, vayan a hacer política en unas curules sin que la gente vaya a votar por ustedes”, dijo. Sin embargo, para Valencia ese 4 por ciento es bastante representativo. “En un país de casi 50 millones de personas, si dos millones en una encuesta apoyan a las FARC, esa es una fuerza política y social impresionante”.
Y sobre la posibilidad de hacer un referendo que coincida con otras elecciones para ratificar los posibles acuerdos con las FARC, Salamanca dijo que sería hacerle “una trampa a la democracia”, porque se estarían aprovechando el caudal político de Uribe para que sea legitimado. “No importa que sean afirmativas o negativas, van a aprovechar que la gente va a depositar su papeleta”.
Para Valencia, en Colombia hay tres cosas relativamente nuevas: el proceso de paz, una creciente demanda de cambios y de reformas en la sociedad y una consolidación de las industrias extractivas como la minería y el petróleo. “El mejor escenario es con grandes cambios sociales. Otro es una paz con cambios limitados que es lo que se está negociando en La Habana”. De ahí que una ruptura “sería catastrófica” para Valencia.
Según el analista, está demostrado que la guerrilla no puede llegar al poder con las armas y que a estas no las pueden derrotar por la vía militar a pesar de los golpes contundentes que les han propinado las Fuerzas Militares. “Las FARC cambiaron, de unos grandes campamentos con una apuesta de control territorial, pasaron a pequeños campamentos con unas guerrillas diluidas en el territorio, cuyo eje ya no es el territorio sino la población, con un poder más letal, están produciendo más bajas que en el 2002”, aseguró Valencia que calificó a esta nueva guerra como invisible. En 2012, las FARC tuvieron un promedio de 200 acciones por mes.
Impacto de las elecciones
Es la primera vez que un proceso de paz avanza en medio de elecciones, por lo que incluso se llegó a pensar en pausarlo. Pero Santos tomó la decisión de avanzar. “Esto puede beneficiar en gran medida a los opositores de Santos, que lo acusan de haber lanzado este proceso para tener un discurso atractivo”, dijo Pardo. La paz no es un tema menor para los votantes. “En 1998 los colombianos eligieron a Andrés Pastrana porque querían un proceso de paz. Las tres elecciones siguientes ganaron en cambio los que tenían una posición más dura frente a la guerrilla”, agregó.
Se suma que aunque los colombianos en su mayoría apoyan una salida negociada, muy pocos estarían dispuestos a hacer concesiones a cambio de la paz. “Los colombianos quieren una paz gratuita y al gobierno le tocará defender las concesiones que tendrán que hacerle a la guerrilla, por lo que puede pagar un precio alto”, añadió Pardo. Al inicio del proceso, las encuestas mostraban que un 77 por ciento aprobaba el proceso y 23 lo desaprobaba, hoy esa aprobación está en el 60 por ciento. A esto hay que agregarle el pesimismo constante frente a la posibilidad de que el proceso tenga éxito.
“Defender la paz no es necesariamente una bandera positiva para el presidente Santos. En la última encuesta preguntamos qué debería hacer el próximo Presidente con el proceso y un 62 por ciento dijo que lo debería continuar, pero un 31 por ciento prefiere acabarlo para recurrir a una ofensiva militar como lo propone el Uribismo”, explicó Pardo.
Por su parte, Riveros cree que mientras se mantenga la expectativa en el proceso de paz, este no va a tener un efecto en la campaña. Por el contrario, “el efecto va a ser enorme si se logra un acuerdo; los contenidos pueden cambiar la opinión”. Y agregó: “sería una muestra de voluntad de la guerrilla que ese acuerdo vaya acompañado de unas decisiones en lo militar que tengan repercusiones inmediatas”, haciendo referencia a que mientras se formaliza el acuerdo pueden pasar hasta ocho meses.
Para Valencia, la importancia de las FARC es tan fuerte en las elecciones colombianas que “los presidentes se definen por la posición que tengan frente a las FARC: negociación o no negociación”. Para el analista, precisamente se está negociando porque representan una fuerza política social profunda “en un país que no ha hecho reformas… y una sociedad que pide grandes cambios”. De ahí la gran novedad de este proceso de paz. “Hay unos campesinos que se movilizan y el señor Santos pierde 30 puntos de favorabilidad en las encuestas por el paro”, añadió.
Teniendo en cuenta esta compleja coyuntura, Valencia descartó una ruptura de las negociaciones. “Lo que se está jugando es la historia, si se da un acuerdo de paz se dará un cambio muy grande en la sociedad colombiana. Hay una ruptura histórica y el que la está encabezando es el presidente Santos; si lo logra pasará a la historia”, dijo. También agregó que los que fracasaron tratando de acabar esa guerrilla deberían darle una oportunidad a la paz. “El presidente Uribe podría haber dicho: yo hice mi tarea, obligué a esa guerrilla a irse de los centros urbanos y refugiarse en el monte, reduje su mando central, la reduje a la mitad, los obligué a cambiar de estrategia y señor Santos haga usted la paz. Pero eso no es posible, porque él, además de tener una obsesión de acabar con la guerra, tiene sed de venganza. Y eso es muy dañino para un país”, puntualizó.