La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz (CONPAZ)la Universidad de Los Andes presentaron los resultados del estudio “Sector privado y desplazamiento forzado interno en Colombia”, el cual contó con la colaboración de ACNUR y el auspicio de United States Institute of Peace (USIP).
Esta investigación es el primer análisis que da elementos para una mejor comprensión de la relación entre operación empresarial y desplazamiento forzado (DFI) en Colombia, además de abrir el debate sobre la necesidad de encontrar soluciones compartidas entre diferentes sectores al problema. Angelika Rettberg, Directora del Departamento de Ciencia Política y CONPAZ, Universidad de Los Andes, dijo: “Parte de lo que queremos con la presentación de este estudio es generar un espacio de discusión que a su vez genere conciencia en el empresariado del país acerca del fenómeno del desplazamiento y de la contribución que pueden hacer para mitigar sus impactos”.
El estudio de algo más de año y medio es el resultado de una investigación cualitativa que muestra el panorama nacional y da cuenta de dinámicas regionales propias en zonas con las mayores cifras de expulsión y recepción de población desplazada a nivel nacional profundizando en los casos de Antioquia y Nariño. Adicionalmente, documenta tres casos (la reconstrucción económica y social de El Salado con Fundación Semana, Programa de energía para el retorno de EPM, Programa de desarrollo sostenible para población desplazadas del municipio de Santa Marta de Fundaunibán) de participación del sector empresarial en programas de mitigación del desplazamiento.
Sin embargo, éste tipo de iniciativas desarrolladas por el sector privado en la prevención y mitigación del DFI, son poco visibles y resultan escasas frente a las dimensiones del fenómeno. Según Ángela Rivas, Coordinadora del Área de Sector Empresarial, Conflicto y Construcción de Paz de la FIP, “Las iniciativas descritas en este estudio muestran avances importantes y dejan ver numerosas oportunidades de mejora. En este sentido existe un enorme potencial por explorar y desarrollar en relación a la generación de alternativas que desde el sector empresarial contribuyan a resolver situaciones ligadas al desplazamiento”.
A nivel general, la investigación encontró:
Hay vínculos que relacionan al sector empresarial con el DFI, tanto en zonas de expulsión como en zonas de recepción.
Estos vínculos pueden presentarse como una relación de generación, prevención o mitigación. Sin embargo, los vínculos encontrados no son evidentes, ni generalizables a todas las empresas que operan en el país.
Existe poco conocimiento del fenómeno del DFI por parte del sector empresarial
Cada región tiene sus particularidades cuando se estudia el DFI
Las iniciativas existentes no están orientadas a la población desplazada sino a la población vulnerable en general
La responsabilidad en el tema es compartida.
La investigación formuló una serie de recomendaciones tanto para el Estado como para las empresas que operan en el país de tal forma que sirva de punto de partida para un involucramiento efectivo del sector empresarial en la prevención, mitigación y atención de situaciones ligadas al DFI. Esto, como parte de la obligación que tienen las empresas de respetar y contribuir al respeto de los derechos humanos. Sin desconocer que la principal responsabilidad del tema se encuentra en manos del Estado y se debe fortalecer desde lo local. Para Juan Sebastian Betancur, Presidente Ejecutivo de Proantioquia, es importante resaltar que "las polìticas contra el desplazamiento no las puede diseñar en sector empresarial, le corresponde al Estado a partir de una política pública sino lo hay es muy dificil que el sector se mueva más allá de su buena voluntad".
Entre tanto, el Presidente de la Consultoria para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos (COCHES), Jorge Rojas, reconoció la importancia del estudio. Dijo que "no todo esta relacionado con una visión negativa. En el mundo aún se discute cuál es la responsabilidad de las empresas en los Derechos Humanos", sin embargo, expresó que los Principio Voluntarios son un avance.
Más adelante, afirmó que la operación de las empresas debe estar bajo un marco ético, sin embargo, la pregunta que queda es ¿cómo se debería dirigir la operación del sector empresarial?.
Por su parte, Andrés Celis, Jefe de la Unidad de Protección de ACNUR, saludo que el estudio sea de una organización del sector empresarial e indicó que es necesario clarificar la relación entre la causa y la solución del fenómeno y resaltó que aunque el tema es responsabilidad del Estado nos incumbe a todos.
El evento concluyó con preguntas del auditorio.