Se avecinan elecciones generales en Colombia y el país ha entrado en una espiral de violencia y ataques contra la fuerza pública que ponen el problema de la seguridad en el centro del debate político. 2021 cerró con un incremento en la tasa de homicidios y es bastante probable que, al final del Gobierno de Iván Duque, este sea el primer presidente en varios períodos en entregar un país con más homicidios del que recibió. En cuanto al impacto humanitario, Colombia inicia 2022 con niveles de desplazamiento forzado similares a los de hace una década y con un incremento de masacres. Solo en enero, ocurrieron 13 incidentes de homicidios colectivos.
Entre tanto, los analistas debaten sobre las causas del fracaso de la política de seguridad, y la Misión de Observación Electoral (MOE) ha emitido una alerta sobre riesgos extremos en 97 municipios donde se llevarán a cabo las elecciones de las llamadas Circunscripciones Transitorias de Paz, creadas por el acuerdo de paz firmado con las FARC hace cinco años.
Se suma, de acuerdo con los servicios de inteligencia, que el ELN, la guerrilla que sigue activa, ha emprendido un plan militar para despedir al presidente saliente. Derrotarla es la causa militar de Duque desde que en 2019 el ELN protagonizó un ataque que mató a 22 jóvenes policías y dejó decenas de heridos en Bogotá. Duque congeló los diálogos que venía adelantando su antecesor con este grupo en Cuba, y desconoció de manera insólita los protocolos firmados por las partes, incluidos los países garantes, dejando en suspenso a la delegación del ELN en La Habana.
Hoy el balance no es bueno. El ELN es una guerrilla más robusta y con mayor capacidad militar de lo que lo era en 2018 cuando Duque fue envestido como comandante en jefe. Se expandió en el nororiente del país sobre el eje de la frontera colombo-venezolana y transitó hacia un formato de guerrilla binacional, en parte como consecuencia de los desaciertos estratégicos del Gobierno en el manejo de las relaciones bilaterales y la ausencia histórica de una política de control fronterizo. Si bien no logró expandirse en el occidente del país debido al desafío militar que encontró en grupos como el Clan del Golfo y las crecientes disidencias de las FARC, si logró preservar una fuerza militar cuyo accionar ha tenido un creciente impacto humanitario.
Mientras, el conflicto escala con importantes costos humanitarios y de orden público, la implementación del acuerdo con las antiguas FARC se ha estancado en las zonas más afectadas por la violencia, y la transformación regional y los esfuerzos de estabilización carecen de sinergias con una política de seguridad que se ha concentrado en militarizar los territorios y en afectar las cabezas de los grupos armados, pero que ha sido incapaz de reducir la violencia.
El próximo presidente
Es en este contexto en el que el próximo presidente tendrá que decidir qué hacer con el ELN. Una organización con la que no han funcionado las acciones que en su momento dieron resultado con las FARC. Por ahora, estamos en el peor de los escenarios. Un gobierno subido de tono en los micrófonos, pero cuyos golpes militares se han concentrado allí donde el ELN es más débil: la costa pacífica y el suroccidente colombiano. Entre tanto la guerrilla incrementa sus ataques contra la fuerza pública y sus acciones de terrorismo urbano a solo 40 días de las elecciones legislativas.
No cabe duda de que una prioridad para el próximo Gobierno es replantear la estrategia frente al ELN, reconociendo sus particularidades organizativas, tensiones internas y la manera como se relaciona con las comunidades en las zonas donde opera.
¿Por dónde empezar?
La estrategia del Gobierno entrante debe comenzar por conectar la paz con la seguridad. De acuerdo con la experiencia del país y la evidencia internacional, los diálogos y las negociaciones son un recurso fundamental del Estado, incluso en el marco de la confrontación militar.
En este sentido habrá que identificar el conjunto de elementos que, en lo local, lo nacional y lo internacional pueden contribuir a generar las condiciones para restablecer los diálogos, contener la violencia y, eventualmente, iniciar una negociación con el ELN.
En primer lugar, en lo internacional, estás condiciones de posibilidad están atadas al desarrollo del contexto político de Venezuela y a un eventual restablecimiento de las relaciones con el vecino país, incluso si continúa el régimen de Maduro. También resulta determinante el clima político al interior de los Estados Unidos, así como el cumplimiento de los protocolos establecidos con Cuba y Noruega, países garantes.
Segundo, cualquier tipo de acercamiento requiere que la delegación del ELN que hoy se encuentra en La Habana renueve su mandato de negociación, lo cual implica permitir que su dirección nacional se reúna. Es importante entender cómo el cambio de mando que se dio recientemente contribuye o no a resolver las tensiones internas y a decantar la agenda de esta organización.
Un tercer elemento es que quien asuma el poder en agosto tendrá el mandato y el desafío de recuperar la seguridad. Esto implica algo más que un discurso de mano dura. El país requiere un viraje estratégico que ponga la protección de la población civil en el centro de las nuevas políticas de seguridad. Adicionalmente, no hay que perder de vista la baja disposición de la mayoría de los colombianos a que nos embarquemos en una negociación larga y compleja con el ELN. Aunque la opinión pública se muestra favorable a la salida negociada, el proceso de paz con las FARC demostró que el costo institucional y de legitimidad puede ser muy alto en un contexto de creciente polarización política.
Asimismo, desde el punto de vista de la transformación territorial, esto requiere un enfoque mixto que aproveche la oportunidad para acelerar la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), justamente en aquellos lugares de mayor presencia del ELN, con avances sólidos en materia de control territorial en enclaves cruciales como la frontera colombo-venezolana.
En definitiva, sea cual sea el Gobierno que quede, éstos deberán ser los puntos de partida. Más que llevar al país al callejón sin salida de la derrota militar del ELN o de abrir la puerta a una negociación maximalista que se extienda indefinidamente, el próximo presidente deberá conducirnos por el camino de la paz posible.