Dentro de unos meses se presentarán los resultados de la octava edición de la Brújula Minera, un instrumento que desde hace varios años ha permitido conocer la percepción que tienen sobre el desarrollo e impacto de la minería en Colombia las comunidades que habitan en municipios mineros y no mineros, directivos de empresas del sector, funcionarios y asesores de autoridades mineras, alcaldías y gobernaciones, autoridades ambientales y líderes de opinión.
La Brújula es una de las herramientas de medición de percepción más relevantes del sector. Por eso, llama la atención que, durante la presentación de la séptima encuesta, no estuviera la voz de las comunidades indígenas y afrodescendientes entre el grupo de invitados. Tampoco hay evidencia, al revisar la ficha técnica y los resultados de la encuesta, de que la muestra consultara a estas poblaciones o tuviera una sección de preguntas dirigida a ellas.
La FIP le propuso a Fernando Herrera Arenas, abogado ambientalista de la Corporación Comunidad de Juristas Akubadaura, tener una conversación sobre los temas que toca la Brújula. Esta organización defiende, promueve y protege los derechos humanos colectivos de los pueblos, comunidades y organizaciones étnicas de Colombia, brindándoles asistencia jurídica.
Para empezar, hablamos sobre las percepciones de las comunidades indígenas frente a la actividad minera y su rol como potenciador del desarrollo económico. También sobre la posibilidad de que, tanto indígenas como afros, acepten esta actividad dentro de sus territorios (algo que ya ocurre en varios municipios). Su respuesta retoma un debate complejo que desencadena varios de los conflictos originales de este tema: ¿Qué significa desarrollo?
“Estamos hablando de conciliar diversas visiones de desarrollo, porque el sector industrial minero lo asume generalmente de una forma distinta y mucho más limitada a como lo asumen los pueblos étnicos y otras comunidades rurales. Extraer recursos no renovables de los ecosistemas solo para generar altas ganancias financieras a un sector reducido de la población y a costa de lo que es de todos es opuesto a la visión de los pueblos étnicos, que lo vinculan al buen vivir, a la autonomía territorial y alimentaria, a la preservación de los sitios sagrados, de los recursos hídricos y del oxígeno, que finalmente sostienen la vida planetaria y no solo la de sus comunidades”, dice Herrera.
Y enfatiza en que el desarrollo de la minería en Colombia y de actividades como la extracción del oro, permiten la aprobación de proyectos por encima de la voluntad de estas comunidades, sin la debida consulta previa y de manera forzada, apresurada y desinformada, reconociendo pocas veces las particularidades de los territorios en que se desarrolla. "También sin Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental, de compensaciones y beneficios realmente incluyentes y participativos de sus habitantes, convirtiéndola en foco de nuevos conflictos y afectaciones, y haciéndola riesgosa para la construcción de paz”, agrega.
Esto último reafirma algunas reflexiones de la FIP sobre la urgencia de concertar y llegar a mínimos comunes entre el sector minero y las poblaciones impactadas con sus decisiones. Una participación que vaya más allá de la socialización de las decisiones tomadas y que se refleje en acciones concretas, incluyendo los instrumentos regulatorios.
Generar espacios de diálogo y concertación son elementos cruciales para que el Estado y las instituciones encargadas de implementar la política minera generen legitimidad en los territorios, entre las poblaciones y con los actores que han tenido que acatar una normativa creada desde una perspectiva centralista y urbana. La manera en que este procedimiento se está realizando pareciera no reflejar las complejidades en la implementación de la política minera y tampoco se acomoda del todo a las realidades de las zonas donde se extrae el oro.
Sobre este tema, los resultados de la Brújula apuntan a que el 68% de los encuestados considera que la minería es positiva para el país, 14 puntos porcentuales más que en su medición del 2016. Esta imagen también ha subido en relación con los municipios: 64% de los encuestados consideran que es una actividad positiva para estas regiones. Sin embargo, las personas no ven reflejado el dinero producto de esta actividad en los temas que más afectan su vida cotidiana: la salud, la educación y la inversión social[1].
En los municipios mineros, menos del 10% de los encuestados creen que este dinero se invierte en estos temas, mientras que el 32% considera que se lo roban y el 22% dice que se va a las entidades gubernamentales. Es decir: más del 50% de las personas que viven en los municipios mineros, consideran que este dinero no se invierte en ellos ni en su bienestar.
¿Qué pasa con la formalización?
Sobre la efectividad de las estrategias de formalización que desde hace algunos años han venido impulsando las instituciones mineras y algunos organismos de cooperación internacional, el representante de Akubadaura afirma que no es claro el propósito de estas iniciativas. Eso impide evaluar si son útiles o no y analizar las causas profundas que alimentan la informalidad.
“No es claro si el propósito concreto del Gobierno con estas medidas es simplemente motivar la conversión de la minería informal en formal para favorecer, por ejemplo, el recaudo tributario de la actividad, reducir la explotación abusiva de recursos naturales, favorecer el monopolio de la explotación por parte de grandes multinacionales con el fin de incentivar la inversión extranjera, o todas las anteriores", explica Herrera.
A la falta de claridad en los objetivos de la formalización, se suma otro elemento que agudiza el problema de la informalidad: la inexistencia de una clasificación minera que reconozca un tratamiento diferencial para las actividades realizadas por fuera de la normativa, pero que no están asociadas a grupos criminales. Esto incluye aquellas que no cumplen estrictamente con la regulación por cuenta de las dificultades en su comprensión, por falta de recursos para satisfacer los requisitos y por la distancia entre la norma y los contextos reales territoriales.
En Colombia no hay un reconocimiento normativo para la informalidad, lo cual ha llevado a criminalizar toda actividad minera que no esté regulada, ahondando la estigmatización de las poblaciones y su distanciamiento con las instituciones públicas encargadas de cumplir las normas. La respuesta por parte del Estado colombiano se ha enfocado sobre todo en estrategias garrote sobre la extracción —como la destrucción de maquinaria amarilla o de minas— reduciendo la capacidad de comprender las dinámicas informales no criminales de la minería.
Ha habido algunos intentos por tratar este tema, como el reconocimiento de los chatarreros o la minería con técnicas ancestrales. Sin embargo, este esfuerzo ha sido insuficiente y limitado, invisibilizando problemas que hay en otros eslabones de la cadena, como en el comercio interno, internacional y la fase de exploración. Frente a este problema, el representante de Akubadaura expone otro punto relevante:
“El Gobierno sigue teniendo parámetros muy pobres al momento de catalogar operaciones extractivas como de minería legal o ilegal, ignorando la escala de situaciones que existen entre aquellas. Asume, por ejemplo, que cualquier proyecto que logra las licencias de arranque se desarrollará siempre dentro del imperio de la ley, cuando en los territorios también se presentan situaciones que se salen de la órbita de lo legal en empresas que cuentan con todas las licencias", señala Herrera.
Otros ejemplos ocurren cuando las empresas incumplen (o reinterpretan) parcial o totalmente los Planes de Manejo Ambiental; cuando hay conflictos sociales con los habitantes de los territorios; y cuando se incumplen acuerdos surgidos durante los procesos de consulta previa, así como prácticas de desinformación y evasión en el acceso a datos sobre su actividad y los riesgos y daños generados en tiempo real.
De ahí que el abogado de Akubadaura haga un llamado a que "las actuaciones de las empresas legales tengan un seguimiento estratégico tan fuerte como ocurre con aquellas que operan sin los permisos, por tratarse de un asunto en el que siempre prima el interés general”.
El Gobierno Nacional acaba de publicar un proyecto de Ley para afrontar la minería ilegal en el país, que propone judicializar a las personas que exploten minerales sin permiso de la autoridad competente y subir la pena mínima por este delito de dos a cinco años[2]. De nuevo, la propuesta normativa recurre a las estrategias garrote enfocadas en la fase extractiva de la cadena, con medidas que se quedan cortas frente al actuar de estructuras organizadas que, en varias ocasiones, se encuentran detrás de las personas que ejercen la actividad de manera ilegal, y que seguirán con sus actividades criminales independiente de la judicialización de un par de individuos.
Sobre este tema, el representante de Akubadaura coincide en que la criminalización en sí pocas veces ha generado transformaciones sociales notorias y verificables; más bien, se ha vuelto foco de nuevas tensiones sociales y formas de evasión. "Si lo que se quiere es una minería responsable, transparente y respetuosa de la legalidad y el medio ambiente, más allá de la discusión sobre el trámite técnico de los títulos y las licencias, nos urge reconocer la consulta previa de este tipo de proyectos, no solo como requisito de trámite sino como un derecho y una oportunidad para construir consensos sobre su viabilidad o riesgo en los territorios", dice.
Herrera aboga por asumir la naturaleza pública y participativa de los Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental de los proyectos mineros y reconocer en los pueblos étnicos y el resto de las comunidades rurales la capacidad para monitorearlos y emitir las debidas alertas sobre el comportamiento de las empresas. "Es vital entender que no todos los territorios por su naturaleza ecosistémica y sociocultural están en capacidad de acoger este tipo de proyectos, y allí las voces de las comunidades que los conocen deben marcar siempre el paso a seguir”.
La seguridad
Sobre la seguridad y la presencia de grupos armados que fuerzan a las comunidades a trabajar en actividades mineras ilegales, el representante de Akubadaura menciona la necesidad de implementar una estrategia que, a diferencia de enviar tropas del Ejército y de Policía, contemple acordar con las comunidades un modelo de prevención de violencia que parta del conocimiento que las autoridades y la población tiene sobre el territorio y la forma en la que operan los grupos violentos.
Decidir e imponer estrategias que responden a una mera confrontación armada o a las problemáticas propias de contextos urbanos, no ha sido útil para proteger a estas poblaciones. La estigmatización que en algunos lugares se da por cuenta del involucramiento de los pobladores en actividades ilegales —que no siempre es voluntario—, aleja a las comunidades de espacios de diálogo y concertación de acciones en temas como la prevención y atención de la violencia.
“El llamado urgente es a concertar un modelo de seguridad o de cuidado, protección y prevención que debe persistir en los territorios. Una cosa son las dinámicas del crimen organizado en ciudades como Medellín, y otra las modalidades del crimen en el sur del Cauca, en la Amazonía o en el piedemonte llanero. Hay que construir medidas de protección diferenciales que atiendan a las dinámicas específicas de violencia que tiene cada territorio", señala el abogado.
Agrega que se debe trabajar en fortalecer la guardia indígena y los procesos organizativos indígenas, étnicos y rurales, y que eso solo se logra con apoyo del Gobierno Nacional. "Si se garantizan y fortalecen los procesos organizativos de las comunidades, podemos también fortalecer su capacidad de monitoreo, de denuncia, de defensa jurídica, de defensa nacional, internacional y local y de movilización. Una comunidad que esté bien organizada facilita prender las alertas y tener un mapa de aliados rápidos para acciones inmediatas".
Lo otro son las medidas de no estigmatización. "De nada sirve que el gobierno fije medidas para proteger a las comunidades si en sus discursos asume que las comunidades rurales y los pueblos étnicos son terroristas, enemigos del desarrollo y de la nación”.
Las empresas
Si bien los resultados de la Brújula Minera muestran el crecimiento de la opinión positiva de las empresas entre la medición del 2016 y la de este año (48% de los encuestados tuvieron una opinión positiva en 2020, versus 34% en 2016), lo cierto es que más de la mitad de los encuestados tiene una percepción negativa sobre su actuación.
Frente a lo que la encuesta llama el “perfil psicológico de las empresas mineras”, 57% de las personas consideraron que son egoístas (frente al 36% que dice que son comprometidas); 58% las calificó como arrogantes (frente al 33% que cree que son cercanas); 60% dijo que son deshonestas (frente al 30% que cree que son honestas); y 67% que son descuidadas (frente al 28% que considera que son responsables). El 36% de los encuestados considera que las operaciones de las empresas mineras cumplen con la ley; el 33% cree que se interesan por las preocupaciones de las comunidades; 30% que son responsables ambientalmente, y 28% que luchan contra la corrupción.
La opinión del representante de Akubadaura no está muy alejada de lo que reflejan los resultados de la Brújula:
“Lo que sucede es que las empresas se mueven dentro de un discurso de responsabilidad social empresarial y de debida diligencia que desafortunadamente sigue basándose en principios voluntarios. Si las empresas no entienden que este tipo de actuaciones frente a los territorios y las comunidades debe ir más allá de los gestos de intención y basarse en un esquema de obligaciones y deberes con las comunidades, será muy difícil acercar empresas y comunidades", afirma. Y añade que "mientras éstas asuman la protección de los territorios, de la vida y las comunidades como mera alternativa voluntaria, como algo casi filantrópico y no una obligación, la credibilidad de las comunidades no madurará y no vamos a avanzar en diálogos más productivos, creíbles y eficientes”.
El covid-19
Para finalizar, Herrera se refirió a las recientes noticias sobre la intención del Gobierno Nacional de aprovechar el potencial minero del país —particularmente el del oro— como parte de la estrategia para salir de la crisis económica generada por la pandemia del covid-19.
“Los estragos económicos y socioculturales de la pandemia no son los mismos en cada región, y la estrategia para superarlos nos tiene que llevar a un diálogo nacional que privilegie el consenso con los actores de los territorios. Las medidas para sacar al país de la crisis económica no se pueden seguir pensando solo con el sector privado o desde Bogotá. Se tienen que concertar con las comunidades, quienes mejor conocen y viven sus problemas, necesidades y relación histórica y particular con su entorno", dice.
Su llamado es a conectarse horizontal y respetuosamente con lo local y lo rural. "Es imprudente que el pensamiento del Gobierno siga siendo el de la extracción del oro o cualquier otra actividad minera como respuesta integral a los problemas estructurales del país y no como respuesta a la construcción de un proyecto viable de nación multiétnica y pluricultural, como lo consagró el constituyente. Seguir pensando así solo evidencia que como sociedad aún nos duele buscar consensos, construirnos desde la diferencia y en condiciones de auténtica igualdad”, finaliza.
Preocupa que no haya disposición para abordar y analizar temas que conciernen a grupos minoritarios, como las comunidades étnicas y afros que comparten espacios territoriales con la actividad minera de oro en Chocó, Antioquia, Cauca, Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Nariño, Córdoba y Guainía[3].
La falta de participación de estos actores en espacios de diálogo que convocan al Gobierno Nacional, a representantes de empresas privadas, a algunos gobiernos locales y a expertos internacionales, refleja una realidad sobre el poder en la toma de decisiones del sector minero que no aporta a avanzar en la concertación. Si en Colombia se quiere adelantar una actividad minera que empuje al desarrollo del país, se debe sentar en la mesa a todos los actores en un verdadero ejercicio de escucha, acción y reconocimiento.
__________________________
[1] De acuerdo con varias encuestas que ha hecho la FIP en municipios mineros y no mineros de Colombia en los últimos tres años, las mayores preocupaciones de las personas son la salud, educación, empleo y vivienda.
[2] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/as...
[3] https://www.cric-colombia.org/portal/asi-se-cruza... http://vip.ucaldas.edu.co/lunazul/index.php/engli...