La agenda de seguridad de este año estará definida por la continuidad o no de las dinámicas de conflicto y violencia organizada del 2021, y por la incertidumbre de un año de transición política hacia un nuevo periodo presidencial. El país enfrenta retos para contener la inseguridad, la violencia y las afectaciones humanitarias, pero también tiene la oportunidad de recuperar el rumbo y trazar una hoja de ruta adecuada para el próximo cuatrienio.
Seguridad ciudadana, protesta social y reforma a la Policía
Las principales ciudades del país atraviesan momentos difíciles en materia de seguridad. El aumento de la violencia en los delitos, la erosión de la confianza en la Policía, así como los efectos de las jornadas del Paro Nacional sobre infraestructuras críticas —como el transporte público—, han dejado un panorama retador para los mandatarios locales. Al entrar en su tercer año, los gobiernos distritales deberán continuar gestionando la reapertura económica mientras contienen la presión social que generó la pandemia sobre las dinámicas de ilegalidad y de informalidad urbana.
En este contexto, la polarización política y la pugnacidad de mandatarios locales con el Gobierno Nacional es un asunto que debe resolverse para responder a las asimetrías institucionales que han impedido abordar el problema de inseguridad en las ciudades de manera integral. Por su parte, la Policía tiene el reto importante de sacar adelante un proceso de transformación integral frente al que diferentes sectores políticos son escépticos.
El desafío humanitario
El 2021 cerró como uno de los años con más afectaciones humanitarias de la última década. Tal es el caso del desplazamiento forzado que superó los 73.000 desplazados y de otra serie de impactos humanitarios como los homicidios contra personas protegidas o civiles que no actúan dentro del conflicto, incluyendo excombatientes. Este es el resultado no de una confrontación entre el Estado y los grupos armados o de delincuencia organizada, sino entre los actores armados, lo cual tiene enormes consecuencias para la población civil.
La política de seguridad del presidente Duque ha carecido de tracción territorial, también producto de la pandemia, lo que en muchos lugares provocó una retirada de los servicios del Estado y un aumento del control por parte de los grupos armados. Por eso, uno de los aspectos centrales de la agenda de seguridad en el 2022 será traducir los denominados éxitos operacionales que presenta la Fuerza Pública —y que son tangibles en materia de interdicción o de lucha contra el Clan del Golfo—, en una reducción de la violencia y un aumento de la protección de las comunidades por parte del Estado, allí donde se siguen concentrando las acciones del conflicto.
La implementación del Acuerdo, las disidencias y el ELN
Frente a la implementación del Acuerdo de Paz, el próximo presidente tendrá que resolver qué hacer con la arquitectura institucional derivada de los mismos, la cual es central para la seguridad territorial. Una señal de alerta son los datos revelados recientemente por la encuesta del PNUD en municipios PDET, en los que cerca del 75% de los habitantes consideran que el conflicto puede recrudecerse o que nunca cesó.
En este sentido, el 2022 será determinante para preservar o no los dividendos del Acuerdo de Paz en términos de seguridad y reducción de la violencia.
Por su parte, durante el 2021 las diferentes disidencias de las FARC lograron asentarse en zonas importantes. En un contexto de fragmentación armada como el que presenciamos tras la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, la trayectoria militar que tomen las FARC será importante para el aumento o la disminución de la violencia organizada en el país. Por ejemplo, la respuesta del Estado ante una eventual expansión del conflicto con el ELN en Arauca o el escalamiento militar de la hostilidad entre la Segunda Marquetalia, las disidencias de “Gentil” y las que aún permanecen como independientes, será definitiva para la agenda de seguridad.
En cuanto al ELN, es previsible que intente insertarse en la agenda política y electoral a través del incremento de acciones de baja intensidad mientras se fortalece y se organiza a lo largo de la frontera colombo-venezolana. El debate sobre una eventual salida negociada estará a la orden del día frente a una guerrilla cuyo intento de expansión tras la desmovilización con las FARC tuvo un éxito limitado, pero hoy es más robusta militar y económicamente que en el 2018.
Coca, economías ilegales y medio ambiente
Por último, la agenda de seguridad en el 2022 estará determinada por la posibilidad de replantear la estrategia de lucha contras las drogas en un país que empieza el año con menos coca, pero con más cocaína, de acuerdo con los datos del último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Mientras el Estado sacrifica su legitimidad en zonas cocaleras mediante la insistencia en la erradicación forzada, otras economías como la minería ilegal, la ganadería ilegal y el acaparamiento de tierras en regiones como el Pacífico y la Amazonía no dan tregua con importantes repercusiones ambientales, como la deforestación.
En conclusión, las dinámicas del conflicto durante el 2021 demostraron que la presencia de cultivos de uso ilícito, por sí sola, no genera escenarios de violencia y confrontación. En las zonas con mayor presencia de cultivos de coca se presentan escenarios de coexistencia, dominio y disputa entre los diferentes grupos armados que determinan las dinámicas de la violencia organizada.
Por ello, durante el 2022, la respuesta militar contra la deforestación (como la operación Artemisa) corre el riesgo de caer en los mismos errores de la lucha contra las drogas al concentrarse en los eslabones más débiles de la cadena mientras los líderes ambientales permanecen desprotegidos.
Trabajar en todos estos frentes es primordial para enderezar el camino en materia de seguridad en el 2022. Hacerlo requiere un esfuerzo de este Gobierno para hacer un empalme tranquilo con el Gobierno que entra, manteniendo los esfuerzos en materia de estabilización y coordinando con los gobiernos locales, mientras se redirecciona la estrategia de seguridad en el largo plazo.