Al preguntarles a los empresarios si han contratado a un migrante en los últimos dos años, el 28% respondió afirmativamente. La buena noticia es que el 84% tendría intención de contratarlos de nuevo. Dicho en otras palabras, menos de un tercio de 1.200 empresarios encuestados entre junio y agosto ha contratado a migrantes, pero quienes lo han hecho, la mayoría lo haría de nuevo, lo que habla de las potencialidades de los migrantes percibidas por los empresarios para contratarlos.
Este es uno de los hallazgos del estudio realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), que buscó identificar cuáles son las principales barreras y oportunidades que el sector empresarial encuentra en el país para la inclusión socioeconómica de la población migrante.
Esta es la primera investigación que se realiza sobre la percepción de pequeños, medianos y grandes empresarios frente a la contratación de migrantes, con una muestra representativa a nivel nacional. Consta de una encuesta a 1.200 representantes del sector empresarial en siete ciudades, y de 50 entrevistas a personas de diversos sectores con conocimiento y capacidad de incidencia en el proceso de integración. La aplicación de la encuesta se realizó en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Pereira, donde se identificaron empresas a partir de las bases de datos de las Cámaras de Comercio de estas ciudades*.
“Nuestro estudio también buscó identificar las variables que inciden de manera más directa en los procesos de inclusión y brindar elementos que favorezcan el diseño de política pública y otras acciones para la integración a largo plazo”, explica María Lucía Méndez, directora del área de Empresas y Construcción de Paz de la FIP.
Las barreras de la contratación
Al ahondar sobre los procesos de contratación y sus dificultades, el estudio encontró que el 47% de los encuestados afirma que los migrantes no contaban con la documentación requerida, lo que se convierte en la principal barrera para contratarlos. Estos resultados varían al preguntar por los retos para contratar a mujeres y jóvenes migrantes, en los que los estereotipos y prejuicios cobran relevancia.
La segunda barrera es la dificultad para acreditar la experiencia laboral (35%). A lo que se suma la dificultad para homologar títulos profesionales y técnicos. Además, el 23% de los empresarios encuestados consideran que los requisitos para la contratación de extranjeros en Colombia son complejos, y el 14% asume que la información pública sobre la contratación de migrantes es escasa. Ese desconocimiento va acompañado de la percepción que se tiene en torno a la complejidad de la normativa regulatoria de los migrantes.
Sobre la contratación también llama la atención que el 14% de los empresarios señalan que una de las dificultades está relacionada con el ambiente laboral de la empresa, es decir, con la resistencia por parte de los empleados a aceptar a compañeros migrantes.
A favor de la integración, pero… ¿de qué manera?
El estudio de la FIP encontró que el 74% de los encuestados considera que las medidas para la integración de los migrantes son importantes o muy importantes. Sin embargo, la probabilidad de que las empresas participen en esas medidas es significativamente menor: solo el 47% de los encuestados considera muy probable o probable participar.
“Las medidas que ocupan los primeros lugares son las de orden social o las que se relacionan con el emprendimiento (23%), las cuales dependen del Estado o de los mismos emprendedores”, dice el estudio. Sin embargo, solo el 15% de los encuestados estaría dispuesto a incorporar a la cadena de valor empresas lideradas por migrantes venezolanos.
Por otro lado, los principales incentivos identificados por los empresarios para promover la inclusión están relacionados con la posibilidad de incorporar mano de obra calificada (30%), mejorar la reputación de la empresa (30%) y acceder a un mercado laboral diversificado y más competitivo (27%). Llama la atención que los incentivos tributarios o los subsidios no están en los primeros lugares de priorización (23%).
En general, los representantes del sector empresarial están más dispuestos a involucrarse cuando sienten que no están solos, por lo que la FIP llama a prestar atención a las capacidades reales de las empresas. “Una cosa es lo que se espera de ellas y otra lo que pueden realmente hacer. Esta diferencia es uno de los puntos de arranque para construir planes coherentes y sensibles”, dice el informe.
Estatuto Temporal e informalidad
Al preguntarle a los empresarios sobre su conocimiento del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), solo el 7% manifiesta conocer la medida expedida por el gobierno. Este resultado llama la atención, pues la encuesta fue aplicada entre junio y agosto de 2021, cuando el Estatuto ocupó varios titulares de prensa. “La falta de conocimiento sobre este mecanismo tiene una incidencia directa en la disposición y posibilidad del sector empresarial para generar y/o acceder a mecanismos de contratación, ya que prioriza la mitigación del riesgo jurídico en el cual se puede incurrir al contratar a una persona sin sus documentos en regla”.
La complejidad del tema se amplía con las entrevistas realizadas para el estudio que coinciden en señalar que, si bien el sector empresarial confía en el ETPV como instrumento para mejorar condiciones laborales, dicha confianza disminuye por la poca apropiación de los instrumentos de política de regularización previos, temiendo que la situación se repita con el Estatuto.
Cuando la FIP ahondó en el tema de confianza, encontró que el 48% de los empresarios dijo confiar o sentir mucha confianza en los migrantes, mientras el 52% no confía o confía muy poco. Se suma que la llegada de esta población al país es el tercer factor que según los encuestados afecta la situación económica actual (38%). Lo anteceden los efectos de la pandemia y las cuarentenas estrictas (68%) y el desempleo (52%). “Esto permite identificar que los discursos en torno a los flujos migratorios tienen un efecto en la percepción de los empresarios, ya que algunos mensajes han fomentado la idea de que la migración se convierte en un efecto negativo para la economía”, explica María Lucía Méndez.
Finalmente, otro de los grandes hallazgos obtenidos con esta investigación es que la inclusión socioeconómica de migrantes está condicionada, en gran medida, por la informalidad, ya que es una alternativa para aquellos que no cuentan con los requisitos para ingresar al mercado laboral formal. Además, como se refleja en las cifras, la informalidad, en vez de ser la excepción, es la norma en la economía colombiana.
*La encuesta tiene un nivel de confianza total del 95%, con un margen de error del 2.8%.