Las declaraciones que escuchamos hace algunas semanas de ciudadanos que justificaban la compra y uso de armas de fogueo con el propósito de disuadir a quienes, según ellos, se disponían a vandalizar establecimientos comerciales, levantó la alarma sobre la necesidad de regular con urgencia estas armas denominadas en la legislación colombiana como “no letales”. La alerta la hizo hace ya un año la Fundación Ideas para la Paz (FIP) a partir del brutal incremento que encontró en su importación: pasamos de 8.500 unidades en 2009 a 193.000 en el 2019 y 190.000 en el 2020. Sin embargo, hasta ahora hay un real interés de la opinión pública y del Gobierno nacional por cuenta de los videos que se han vuelto virales.
La preocupación por la falta de control sobre la compra, venta y uso de las armas traumáticas produjo una rápida respuesta del Consejero para la Seguridad, Rafael Guarín, quien anunció hace algunos días que la intención de regularlas que tiene el Gobierno consiste en considerarlas letales para que les aplique la normativa de control de armas de fuego.
Sin embargo, sorprende que, abierta esta discusión, no haya habido pronunciamientos sobre la urgencia de reformar la actual normativa de control de armas de fuego y construir una política que tenga verdaderos dientes para prevenir que civiles de manera indiscriminada utilicen sus armas en contra de otros, como sucedió en días pasados en el marco de las movilizaciones del Paro Nacional, con un saldo de al menos una decena de muertos y otros cientos heridos. Esto sin mencionar los 3.102 homicidios (77 por ciento del total de casos registrados), 1.565 lesiones y 16.919 hurtos a personas que entre enero y abril del 2021 se han registrado en Colombia con armas de fuego.
El panorama muestra que si bien el país cuenta con un estricto Decreto (porque no es una ley que haya sido discutida en el Congreso) sobre el control del uso de las armas de fuego en el papel, todo apunta a que sea un completo fracaso en la realidad. Regular el uso y comercialización de las armas traumáticas es un paso importante, pero sería un grave error caer en la simplicidad de clasificarlas como letales y finalizar la conversación. La política de control de armas de fuego necesita una reforma urgente que tenga en cuenta aspectos específicos sobre las “no letales” que entran al nuevo paquete, pero también que introduzca cambios en los controles actuales de las letales.
La FIP ha venido sugiriendo asuntos clave para tener en cuenta y haciendo una serie de preguntas que se deberían responder antes de construir una política de control de armas de fuego que realmente esté aterrizada a la nueva realidad, luego de casi 30 años después de construida la norma.
Uno de esos asuntos es evitar contemplar múltiples permisos de porte o tenencia. Hasta ahora, en Colombia, una persona puede contar con permisos para tener hasta cuatro armas de fuego, dos por porte y dos por tenencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá en donde se estima que para el 2021 hay seis millones de habitantes mayores de 18 años, podría haber potencialmente hasta un poco más de 24 millones de armas de fuego en manos de civiles con permisos previstos por la ley.
Otro asunto es que no se contemplan mecanismos de seguimiento a las armas que tienen permisos, como inspecciones periódicas para verificar su estado y ubicación. Con el propósito de generar más barreras de acceso a las armas, se deberían considerar otros controles como exámenes escritos y de polígono, lecciones de tiro y la repetición periódica de estos procesos para quienes quieren acceder a nuevas armas o mantener las que ya tienen.
Se suma la necesidad de implementar nuevas estrategias de marcación de ciertas piezas que permitan identificar su proceso comercial, desde la fabricación, los distintos puntos de comercialización y cuando son incautadas. Esto brindaría información muy útil en los procesos investigativos como la posibilidad de identificar las cadenas comerciales por las cuales se mueven armas que terminan involucradas en actividades criminales.
Por último, Colombia no ha accedido al protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del cual hace parte. Esto priva al país de contar con definiciones a las que podría aferrarse para mejorar su legislación e introducir condiciones más estrictas de control.
Ahora, frente a la regulación de las armas “no letales” no se ha mencionado cómo se manejará el mercado compuesto por cerca de 1.500.000 armas traumáticas que circulan entre compradores, tiendas y clubes deportivos, quienes las han adquirido y comercializado legalmente desde hace al menos una década. ¿Cómo se evitará crear un mercado negro que incentive el contrabando y la criminalización de un negocio que lleva años operando de forma legal? ¿Se regularán otras armas consideradas no letales como las de electrochoque (taser) o los gases pimienta, demandadas por actores como las empresas del sector de vigilancia privada?
Ya están dadas las condiciones para generar una discusión política y técnica que sirva para la construcción de acciones efectivas sobre el control de las armas de fuego en el país. El presidente Duque ha sentado una posición radical a favor del desarme, por lo que tenemos la oportunidad para concretar este propósito. Empezar por discutir este tema entre los diferentes actores que componen la demanda de las armas debería ser el primer paso, seguido de un proceso legislativo que haga de una nueva normatividad una herramienta construida por la sociedad y los actores interesados, y no un Decreto que, de nuevo, unilateralmente, establezca las pautas de un tema crucial en la construcción de paz y la disminución de la violencia en Colombia.