FIP Opina / 14 de mayo de 2020 / Tiempo de lectura: 5 min.

Los retos de la justicia con el covid-19

La pandemia ha dejado en evidencia las enormes dificultades que enfrenta el sistema de justicia en el país. Esta columna esboza una serie de ideas que podrían contribuir a mejorar su funcionamiento, el cual, incluso antes del virus, ya tenía profundos problemas.

Esta se publicó el 24 de marzo de 2024 en Leer original
Foto: Alcaldía de Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá
  • Con el apoyo de
  • Embajada de Suecia
  • Autore/as
  • Esteban Parada
    Esteban Parada Coordinador de asuntos temáticos y estratégicos
  • María Paula Gil
    María Paula Gil Investigadora junior

A las medidas de distanciamiento social decretadas por el Gobierno Nacional por cuenta del covid-19, se suma la incertidumbre sobre qué pasará con la economía una vez se retomen las actividades productivas. Si bien los medios de comunicación se han centrado en cubrir las medidas sanitarias y las estrategias del Gobierno para aliviar los efectos del virus sobre el tejido industrial y los más vulnerables, otros sectores también enfrentan dilemas sobre cómo sobreponerse en el corto, mediano y largo plazo.

Es el caso del sector justicia que, antes de la emergencia sanitaria, ya afrontaba grandes retos para garantizar un acceso oportuno y eficiente, especialmente en el ámbito rural. El Índice de Acceso Efectivo a la Justicia de 2017 muestra cómo, en materia de ambiente favorable para este acceso, los departamentos de Chocó, Cauca, Amazonas, Nariño y Putumayo obtuvieron el peor puntaje, siendo Chocó el más bajo [1]. Estos mismos departamentos, pero en diferente orden, ocuparon los últimos lugares en el acceso efectivo a la justicia.

Con estas condiciones, surgen algunos interrogantes sobre las dificultades, pero también las oportunidades que enfrenta hoy la justicia y, en especial, sobre la tendencia de usar herramientas tecnológicas para la prestación de servicios esenciales del Estado. En este contexto es importante preguntarse por: ¿cómo se pueden eliminar las barreras de acceso a la justicia en un escenario que privilegia la virtualidad?, ¿cómo adaptar los instrumentos para resolver los conflictos comunitarios en un momento donde es deseable el distanciamiento social? y ¿cómo dar respuesta a la exacerbación de la violencia contra la mujer como consecuencia de la cuarentena?

Desde antes de la emergencia sanitaria, el sector justicia ya enfrentaba grandes retos para garantizar un acceso al sistema oportuno y eficiente, especialmente en el ámbito rural

Para empezar a plantear posibles respuestas es necesario, primero, pensar en cómo cerrar la brecha digital que afecta a más de la mitad de la población colombiana, especialmente en las regiones más apartadas del país. Colombia ocupa los últimos lugares en materia de conectividad de banda ancha en la región (puesto 18) y a nivel internacional (puesto 114) [2]. Esto significa que, de forma articulada con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se debe dotar de herramientas tecnológicas a los operadores locales de justicia y a la ciudadanía en general (computadores, tabletas, etc.), así como ampliar la conectividad que le permita a las personas, desde sus lugares de residencia, poder acceder a los servicios de justicia.

En segundo lugar, es necesario adaptar al contexto actual los métodos alternativos de solución de conflictos como la conciliación en equidad y la mediación comunitaria, que juegan un papel importante en las regiones más apartadas del país y donde la oferta institucional es limitada.

Recientemente, el Ministerio de Justicia y del Derecho lanzó una Caja de Herramientas (disponible en su página web) para posicionar los Métodos de Resolución de Conflictos en las agendas locales. Si bien este es un esfuerzo importante por promover el uso de dichos métodos a nivel territorial, su implementación está pensada para resolver los conflictos de forma presencial, aun cuando hoy, lo deseable, es el distanciamiento social. En Nariño, Amazonas y Putumayo ya se registran casos de covid-19. Por lo tanto, es una prioridad el trabajo en línea, así como unas condiciones mínimas de conectividad que le permitan a las comunidades usar estas herramientas.

En tercer lugar, es necesario propiciar una reflexión con los operadores locales de justicia sobre los conflictos que se exacerban por cuenta de las medidas de distanciamiento social, como las diferentes formas de violencia contra la mujer. De acuerdo con el Boletín Especial #20 de Sisma Mujer, sobre las violencias contra las mujeres en la cuarentena, la Fiscalía ha recibido más de 3.000 denuncias de violencia intrafamiliar a nivel nacional, de las cuales 1.407 corresponden a delitos sexuales[3]. En este caso, se requiere fortalecer los conocimientos sobre la normatividad con respecto a los derechos de las mujeres y generar procesos de sensibilización y empatía frente a sus denuncias, además de pensar en formas innovadoras que les permitan reestablecer sus derechos en medio de la emergencia sanitaria.

La Fiscalía ha recibido más de 3.000 denuncias de violencia intrafamiliar a nivel nacional, de las cuales 1.407 corresponden a delitos sexuales durante la cuarentena

Por último, las empresas que tienen presencia a nivel territorial también podrían aportar a la justicia local ya sea a través de los mecanismos de reparación extrajudiciales, por ejemplo, bajo el entendido de que, en este momento, enfrentan dilemas similares a la justicia para promover su uso y acceso. Frente a este último punto, las empresas tienen un valor agregado que aportar en términos de innovación que puede irradiar las prácticas de la institucionalidad pública (herramientas, procesos, etc.). En cualquier caso, es deseable un trabajo articulado entre ambas partes para garantizar mayores probabilidades de éxito.

Estas son solo algunas ideas para empezar a reflexionar sobre la justicia en este escenario de emergencia sanitaria, sin dejar de lado otros factores complejos para el análisis como la continuidad y el recrudecimiento de la violencia, las dinámicas migratorias en los departamentos fronterizos y los conflictos laborales derivados de la crisis económica. Este panorama nos muestra que, si no se empieza a trabajar decididamente en solucionar los problemas estructurales de la justicia, cualquier escenario atípico como el covid-19 puede profundizar la crisis de este sector.

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[1] Departamento Nacional de Planeación. Resultado Índice de Acceso Efectivo a la Justicia 2017. Disponible en: http://sej.minjusticia.gov.co/AccesoJusticia/Pagi...

[2] Juan Carlos Montes. Colombia, ¿país sin conectividad? Disponible en: https://www.larepublica.co/analisis/juan-carlos-m...

[3] Sisma Mujer. Comportamiento de las violencias contra las mujeres en el marco de la pandemia del Covid-19 en Colombia. Disponible en: https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/201...

 

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