Durante 2018 y el primer semestre de 2019, la FIP llevó a cabo un proyecto para fortalecer la gobernanza de la seguridad en los municipios antioqueños de Briceño y Caucasia, que han tenido intervenciones militares como respuesta al deterioro de sus condiciones de seguridad. En el desarrollo del proyecto se planteó la hipótesis de que estas intervenciones, como única respuesta del Gobierno nacional, no lograban reducir la violencia; por el contrario, podrían vulnerar los derechos de la población. A ello se suma el alto costo financiero y de legitimidad institucional que enfrentan los gobiernos municipales, incluso el departamental.
Para probar esta hipótesis, la FIP aplicó dos encuestas a los pobladores: una previa a la intervención militar y otra posterior, que incluyó un experimento para capturar la percepción sobre las operaciones conjuntas entre Policía y Ejército. Luego, utilizó un modelo econométrico para analizar los resultados de la segunda encuesta con respecto a los de la primera, y realizó entrevistas. La hipótesis resultó cierta; con base en los hallazgos del proyecto, la FIP elaboró una serie de recomendaciones de política pública cuyo objetivo es civilizar la seguridad ciudadana.
Algunos de los hallazgos y recomendaciones del proyecto
La reformulación de la política pública de seguridad ciudadana por parte del Gobierno Nacional es inaplazable. Las acciones que adopta parecieran desconocer las realidades y políticas locales, ya que impone la visión centralista para atender diversas problemáticas en distintos territorios del país.
La política de seguridad debe dar cuenta de la interacción y articulación entre los niveles nacional, departamental y municipal, apuntando a una simetría entre la Fuerza Pública y el poder político de alcaldes y gobernadores.
Las acciones más recurrentes del Gobierno Nacional se limitan al uso de la Fuerza Pública, lo que supone un riesgo frente a potenciales violaciones de derechos humanos que agravan las condiciones de legitimidad de las instituciones en los territorios.
La intervención militar no supone una mejora en los indicadores de violencia ni en la percepción de seguridad.
Existe una debilidad de las instituciones para ejercer el papel regulatorio, lo que hace que otros actores impongan otro tipo de regulaciones.
Los parámetros para medir los indicadores de seguridad ciudadana han estado sometidos a las condiciones de las grandes ciudades y esto ha invisibilizado problemas que se presentan en municipios pequeños o rurales como amenazas, desplazamientos, delitos contra la libertad sexual y extorsión, entre otros.
La crítica situación del Bajo Cauca antioqueño
Estas recomendaciones cobran importancia justo ahora, cuando se observa, nuevamente, un deterioro de la seguridad en el Bajo Cauca antioqueño. Aunque entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019 se registraron en Colombia 7.276 homicidios, 40 casos menos que durante los primeros siete meses de 2018, el 20% de ellos se concentraron en el departamento de Antioquia. La región del Bajo Cauca, compuesta por los municipios de Cáceres, Nechí, Caucasia, Tarazá, El Bagre y Zaragoza, concentra el 3% de todos los homicidios del país y el 15% del departamento. Todo esto según las cifras de la Policía Nacional.
Preocupan más los hallazgos al observar la tasa nacional de homicidios de los últimos 12 meses (agosto de 2018 – julio de 2019). Colombia presenta una tasa de 24,8 homicidios por cada 100 mil habitantes y Antioquia, de 35,5 homicidios, 1,4 puntos por encima de la que registraba en julio de 2018. La tasa del Bajo Cauca antioqueño es cuatro veces la tasa nacional. Para julio de 2019 fue de 107,2 homicidios por cada 100 mil habitantes, 18,4 puntos por encima de la tasa que presentaba en julio de 2018.
Entre los municipios de mayor incremento de homicidios en esta región están Cáceres (20 homicidios más en 2019 que en 2018, lo que representa un incremento del 54%); El Bagre, con un aumento de 8 casos (57%); y Nechí, con dos casos más (40%). Además de las cifras de homicidios, en lo corrido de 2019 se han registrado en el Bajo Cauca 2.367 casos de desplazamiento forzado[1].
Vale la pena mencionar también a los municipios que componen el sur de Córdoba, una región que la FIP ha venido monitoreando por haber sido foco de la intervención militar como respuesta al aumento de los homicidios durante el 2018 y que limita con el Bajo Cauca.
Durante el primer semestre del 2019 en esta región hubo un aumento del 14% en los homicidios (+8 casos). Los municipios con mayor crecimiento fueron Montelíbano, con 12 casos más (55%); y San José de Uré y Valencia, con 2 casos adicionales cada uno (crecimiento de 18% y 14% respectivamente). Frente al desplazamiento forzado, a la fecha, se han registrado 3.023 casos, 219 más de lo que la Unidad de Víctimas registró durante todo el 2018[2].
La FIP insiste en construir una política integral que proteja el derecho a la vida
En diciembre del 2018, la FIP publicó un análisis sobre el comportamiento de los homicidios en el país, donde planteaba que parte del incremento de este delito tiene relación directa con la ausencia de una política de Estado estructurada específicamente para prevenir las muertes violentas.
La FIP ha insistido en la necesidad de construir una política integral que proteja el derecho a la vida; que se salga de la lógica de priorizar las estructuras delincuenciales organizadas y al narcotráfico como si fueran la única fuente para comprender la violencia letal; que se concentre en integrar estrategias diferenciadas entre las regiones y que tenga en cuenta la diversidad de características y circunstancias que rodean el homicidio en Colombia.
A mediados del 2019, en una nueva publicación, planteamos la preocupación por la falta de herramientas que explicaran por qué, hasta mayo de este año, habían caído las cifras de homicidios (6% en comparación con los primeros cuatro meses de 2018). Esta caída generó serias dudas sobre la sostenibilidad de las buenas noticias en materia de homicidios en el mediano y largo plazo.
Se suma que, para ese momento, el Gobierno centraba su estrategia de seguridad en el accionar de la Fuerza Pública, incluso incrementándola en las zonas más críticas, lo que evidenciaba una apuesta por medir el éxito de la seguridad ciudadana en resultados operativos relacionados con la desarticulación de grupos armados y el control parcial y total del territorio desde una óptica militar, propia de un escenario de guerra tradicional.
Como ya se mencionó, a lo largo de 2018 y principios de 2019, la FIP monitoreó algunas regiones en donde se incrementó la presencia de las Fuerzas Militares con el objetivo de controlar el aumento del homicidio y el accionar de los grupos ilegales. Los hallazgos permitieron concluir que la intervención militar no fue percibida como efectiva por los habitantes, ya que, tras la llegada del Ejército, se mantuvo una alta percepción de falta de autoridad por parte de las entidades estatales e incapacidad para hacer cumplir la ley. La población estudiada además expresó que las condiciones de seguridad se mantuvieron iguales e incluso peores que antes de la llegada de las Fuerzas Militares.