Pero quiero alejarme de la discusión sobre el nombre del nuevo director para hacer una lectura de la posición del Gobierno Nacional sobre las políticas de memoria, llamando la atención en los cambios que sufriría el CNMH según lo consignado en las bases del Plan Nacional de Desarrollo.
En este documento (en el que se identifica una apuesta por hacer más eficiente el accionar de distintas entidades del Estado), se afirma que el CNMH tendrá que coordinarse con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), porque hasta el momento no existen “lineamientos definidos” para que ocurra. De igual forma, se propone la transformación de sus funciones, ya que se eliminarían las responsabilidades que se desprenden de la Ley de Víctimas, así como del Decreto 2244 de 2011 en temas de pedagogía, investigación y recopilación de testimonios. Esto implica que el CNMH tendría como única responsabilidad el manejo del Museo de Memoria Histórica de Colombia, sin que ello signifique que se trate de una tarea menor.
En otras palabras, para el Gobierno, el Centro y la Comisión de la Verdad tienen misiones y tareas similares, lo que hace necesaria su armonización, dejando las tareas de investigación sólo en cabeza de la CEV, que sería la encargada de llevar la mayoría de tareas públicas de memoria. Aún así, vale recordar que las investigaciones que adelanta la CEV tienen el objetivo, según lo establecido en el Acuerdo Final y en el Decreto 588 de 2017, de elaborar un Informe Final con el que se daría por terminado su trabajo.
No se puede negar que hay cruces entre los mandatos de la CEV y del CNMH, pero la armonización propuesta en el Plan no es conveniente para la democracia en nuestro país por dos razones.
Para empezar, resulta llamativo que en el diagnóstico sobre el trabajo del CNMH no se hable de los aportes investigativos y de desarrollo conceptual que el Centro ha generado alrededor de fenómenos como el despojo.
Por otro lado, es importante mencionar que la Ley 1448 de 2011 no definió como obligación para el CNMH la elaboración de un único resultado de sus funciones (a diferencia de lo que hizo la Ley 905 de 2005 con el Grupo de Memoria Histórica, que antecedió al CNMH y que terminó con la publicación del informe “Basta Ya”, o lo que se espera produzca la CEV), lo que ha permitido que sus investigaciones sean prolíficas, que se hayan abordado diferentes fenómenos y que los relatos resultantes sean tan complejos como el conflicto que pretende explicar.
Ahí radica la gran diferencia con el CEV, pues esa entidad si tendrá que construir un Informe Final bajo condiciones complejas asociadas a la transición y esto puede significar que su relato se haga en función, por un lado, de la estabilidad de la paz y sus instituciones y, por el otro, de un proyecto de Nación imaginado que permita seguir “adelante”.
Lo cierto es que la política de memoria del Gobierno Duque le apuesta a una sola institución y a un resultado –el Informe Final– en el que se esperaría que converjan actores con visiones opuestas. Esta idea no es necesariamente negativa, de hecho, es posible pensar en este ejercicio como un espacio de encuentro y conciliación política sobre la forma en que se quiere interpretar el pasado en función del futuro. Sin embargo, la restricción de lugares públicos de memoria como el CNMH, incentiva olvidos y propicia el establecimiento de una narrativa de Nación que puede estar falsamente reconciliada con los hechos del pasado.
Que el CNMH continúe ejecutando las funciones que la Ley 1448 de 2011 le otorgó, por lo menos hasta que termine su vigencia en el 2021, con la debida comunicación con otras instituciones similares, es una oportunidad que no se debe desaprovechar. La construcción de memoria para eventos tan complejos como el conflicto armado interno colombiano, debe contar con espacios públicos que alienten el encuentro y la expresión de actores históricamente silenciados, propiciando así un proceso constante de construcción y reconstrucción de narrativas sobre las que se puedan elaborar proyectos futuros.
Son estos momentos bisagra de la historia (cuando como sociedad tenemos que enfrentar hechos del pasado cuyos significados impuestos y naturalizados han servido para validar la confrontación), en que la democracia puede resultar fortalecida pero también socavada. La fortaleza del régimen democrático y sus instituciones no se encuentra en el olvido y el silencio, por el contrario y como lo afirma Elizabeth Jelin, se encuentra en “el reconocimiento del conflicto y la pluralidad (…). Pero ese reconocimiento requiere también un anclaje fuerte en la ley y el derecho”.
Los Estados democráticos, protagonistas de la disputa por la memoria para justificar el presente y el futuro y construir imaginarios sociales, están llamados a reconocer distintas miradas del pasado a través de espacios públicos en los que se puedan expresar ideas singulares con sus respectivos reclamos.
Hoy, la responsabilidad recae sobre el Gobierno de Presidente Duque que tendrá que definir si quiere o no propiciar, a través de distintas instituciones y esfuerzos, una discusión amplia y pública sobre el pasado y el porvenir.