Análisis / 1 de agosto de 2007 / Tiempo de lectura: 2 min.

La tierra en el campo colombiano: ¿Es posible la justicia?

Boletín Siguiendo el Conflicto Nº 52. El 25 de Julio del año 2007, el Congreso de la República expidió la ley 1152 por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural y se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER. El trámite de esta norma estuvo rodeado de intensa controversia, pues a través de ella se regulan asuntos, intereses y temas que atañen a un sector inestable y duramente golpeado.

Aunque la situación ha mejorado antes del año 2002, en el escenario rural persisten hechos como la violencia política, los cultivos ilícitos, los desplazamientos forzados e, incluso, algunas consecuencias negativas de la aplicación de políticas públicas como la fumigación o las campañas militares contra los grupos guerrilleros. Este boletín aborda el panorama anterior trayendo a colación el reciente proceso de justicia transicional encarnado en la Ley 975 de 2005 y analizando cuatro aspectos particulares que deben ser discutidos a la hora de pensar en modelo de desarrollo rural más moderno para Colombia:, a saber: la desigual distribución de la tenencia de la tierra; la precariedad de los derechos de propiedad; las condiciones para la justicia en el campo y la proyección de una Política Estatal para posibilitar la Justicia en el Sector Rural.

La historia demuestra que cuando el problema de la tierra y sus derechos de propiedad es sometido a un manto de silencio o a la lógica de lo no negociable se le concede un amplio margen de acción a los poderes fácticos. Estos terminan imponiendo sus particulares intereses, desconociendo las mínimas reglas del juego o, en el peor de los casos, dando rienda suelta a la brutalidad y la violencia. Después de eso, como ocurre hoy, el tema reingresa al campo político cargado de dramatismo y generando altos grados de confrontación. Es necesario que el país se de tiempo y espacio para responder ciertas preguntas estratégicas: ¿Cuál es el modelo de desarrollo rural que el país necesita para el siglo XXI?, ¿Cómo garantizar que dicho modelo de desarrollo sea democrático, incluyente y sostenible en el tiempo? ¿Cómo consolidar un control estatal del campo que permita garantizar las reglas del juego y la viabilidad del modelo de desarrollo escogido con base en un consenso político amplio?

 

Etiquetas destacadas