Colombia se encuentra en un momento de transición. De la confrontación armada con las FARC —durante años el principal desafío para la seguridad nacional—, el país ha pasado a un nuevo escenario protagonizado por múltiples y fragmentadas expresiones armadas ilegales que pretenden controlar el territorio e imponer regulaciones en el nivel local.
Mientras que en algunas regiones del país los niveles de violencia y afectación de la población han tenido una relativa mejora, en otras el Estado enfrenta una verdadera crisis. El aumento en la tasa de homicidios, el incremento del asesinato de líderes sociales y excombatientes, así como el alza en el número de desplazamientos forzados, son una señal clara del deterioro en las condiciones de seguridad. Bajo este contexto, hay un debate vigente sobre las respuestas que debe dar el Estado, con una tensión no resuelta entre la necesidad de controlar los territorios y la recuperación del vínculo de confianza entre las instituciones y las poblaciones como base de su legitimidad.
En diversas zonas del país no existen las garantías de seguridad mínimas para la implementación de los Acuerdos de Paz. El Estado continúa siendo frágil, sin las capacidades para cumplir con sus responsabilidades más básicas, como garantizar justicia y seguridad. La terminación del conflicto con las FARC no ha tenido el mismo impacto en todos los territorios y las condiciones actuales no permiten avanzar decididamente en la construcción de la paz. Esta situación de emergencia exige el desarrollo de acciones concretas que prevengan y contengan la violencia, como base para la reconstrucción económica y el fortalecimiento de las capacidades locales.
Eso no solo implica una respuesta de orden policial y militar, enfocada en la protección de las poblaciones, sino también de intervenciones que se propongan generar oportunidades en el ámbito del desarrollo. El desafío principal para el actual gobierno es establecer unas condiciones de base que permitan consolidar la presencia del Estado en el largo plazo, proveer bienes públicos y garantizar los derechos de los ciudadanos en los territorios.
La terminación del conflicto con las FARC no ha tenido el mismo impacto en todos los territorios y las condiciones actuales no permiten avanzar en la construcción de la paz
En este contexto, ha ganado fuerza en el gobierno de Iván Duque la idea de la estabilización, entendida como un conjunto de planes y medidas que se proponen restaurar la seguridad y sentar las bases para la reconstrucción económica y social.
Como un aporte a esta discusión, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) señala en el documento "La Estabilización en la fase de transición. ¿Como responder a la situación de crisis y fragilidad estatal?", los elementos principales de este enfoque, a partir de una revisión bibliográfica y de algunos casos (incluyendo el de Colombia).
Este documento ofrece una idea general de la estabilización y muestra cómo ha evolucionado desde una perspectiva acotada a las operaciones cívico-militares (en el marco de la contrainsurgencia), a una aproximación más amplia que abarca un conjunto de medidas vinculadas al desarrollo y al fortalecimiento de las instituciones del Estado (en el marco de la transición de la guerra a la paz).
Bajo las condiciones actuales, es urgente avanzar en una estrategia de estabilización, en su sentido más amplio, reconociendo el contexto de transición inestable en el que se encuentran muchas zonas del país. En estos territorios el Estado enfrenta situaciones críticas de violencia e incertidumbre que hay que contener. Por esta razón, la FIP hace un llamado para que el gobierno del presidente Iván Duque ponga en marcha un Plan de Respuesta Rápida, como un paso inicial e indispensable para la estabilización.
Para esto, es necesario avanzar sobre lo construido hasta ahora, hacer los ajustes necesarios y desarrollar las capacidades del Estado de manera incremental. En este documento, la FIP da algunas recomendaciones para avanzar por este camino.