La semana pasada, el Ejército Nacional halló una caleta del frente 48 de las FARC, en zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. En esta caleta, de aproximadamente 900 que las FARC dicen tener, había: 54 fusiles, seis ametralladoras, dos subametralladoras, tres lanzagranadas, tres morteros, 15 granadas, 100 kilos de pentonita, 200 minas antipersonal, 16.500 municiones, 3.600 detonadores, 32.500 metros de cordón detonante y 16.000 cartuchos.
Las reacciones no se hicieron esperar y, como era de suponer, no hubo un lenguaje común entre las partes. Con todo, este hecho deja al menos cuatro consideraciones en las que la Fundación Ideas para la Paz ha insistido desde mucho antes de que iniciara el proceso de gestión del armamento.
Un riesgo anunciado
En la FIP hemos venido advirtiendo que los procesos de dejación de armas tienen el riesgo de que no se entreguen todas y, en cambio, sigan en circulación y se desvíen al mercado negro o se almacenen en depósitos clandestinos en caso de un rearme. Con lo que ocurrió en Putumayo, esto cobra mayor relevancia, pues se trata de una zona de frontera, en la que otros grupos armados, disidencias, desertores y hasta reincidentes pueden tomar ventaja de estas reservas de aprestos militares.
A pesar de los protocolos, reglas de juego, mecanismos de rendición de cuentas, cronogramas, entre otros, establecidos en el Acuerdo Final, quedan sobre la mesa las siguientes preguntas:
¿La caleta es un montaje que busca deslegitimar el proceso?¿Hace parte o no de las 900 que las FARC reportaron para su extracción y destrucción? ¿Las FARC están mintiendo y planean conservar arsenales como reserva estratégica en caso de que la implementación falle? ¿El Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) no está cumpliendo su labor eficazmente? ¿Hay problemas de comunicación entre las partes? ¿Los retrasos en el alistamiento de las zonas de concentración están generando temor y desconfianza, y esto ha llevado a que se oculte parte del armamento?
Entorno inestable
Como también lo hemos dicho en la FIP, Putumayo y en general la zona de frontera cuenta con altos niveles de fragilidad e inestabilidad ya que allí convergen varios factores de riesgo.
Además de grupos criminales con alcance transnacional como “La Constru”, hay una alta concentración de cultivos de coca (21% del total del país); varias redes de intermediarios del narcotráfico están presionando para que esta economía criminal continúe; persisten varios corredores de tráfico ilícito de armas y drogas hacia la frontera con Ecuador, y no es claro el nivel de cohesión y unidad de mando del frente 48 de las FARC, ante posibles disidencias y desertores.
El descubrimiento de la caleta, gracias a información entregada por civiles –lo que indica que su ubicación no es del todo secreta–, se agrava por las variables mencionadas. Además, desde ya lanza alertas acerca de los riesgos, la estabilización y nuevos espirales de violencia en regiones de frontera, tema que no ha sido abordado de manera integral en este contexto de transición.
¿Se están incumpliendo los protocolos?
Aunque el hecho aún es materia de investigación, el descubrimiento de la caleta supone, en principio, el incumplimiento de varias disposiciones de los protocolos contenidos en el Acuerdo Final de Paz, según la información conocida hasta ahora.
Violaría al menos dos reglas del cese al fuego: el numeral 3 (“ocultar información que sea relevante para el funcionamiento del MM&V y la implementación del acuerdo de cese y dejación”); y el numeral 10 (“interferir en la labor del CI-MM&V frente a los procedimientos técnicos de registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición del armamento”).
Asimismo, se estaría incumpliendo el protocolo sobre suministro de información en la ejecución del cese al fuego y la dejación de armas, numeral 2.2., literal c: “las FARC suministrarán al CI-MM&V la información que el CI-MM&V considere necesaria para el transporte, registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección almacenamiento, extracción y disposición final de las armas”.
Adicionalmente, implicaría el incumplimiento del cronograma de dejación de armas: el día D+10 las FARC entregarían al CI-MM&V las coordenadas de los depósitos (caletas) del armamento inestable (armamento deteriorado, minas, munición y explosivos de fabricación artesanal) y su destrucción se haría entre el día D+10 y D+60. Hasta ahora sólo se sabe de la detonación de 600 kilos de explosivos en las sabanas del Yarí y las coordenadas empezaron a ser entregadas el 1 de marzo.
Otras experiencias
El riesgo de descubrir depósitos clandestinos de armas no es exclusivo de este proceso de paz. Sin embargo, si se toman las medidas necesarias se puede evitar que comprometa el proceso de gestión del armamento y ponga en peligro el desarrollo del proceso.
Así lo demuestra la experiencia de Mozambique y Sudáfrica, que iniciaron un proceso conjunto de recolección de armas en la zona de frontera en 1995, denominado “operación Rachel”. Este se extendió hasta 2003 y se localizaron cerca de 611 caletas clandestinas de armas. Dicho proceso se llevó a cabo tras el fracaso de un proceso de desarme liderado por la Misión de la ONU en Mozambique (ONUMOZ), que hizo que aumentara la recirculación de armas en el mercado negro, especialmente en el límite entre los dos países.
En El Salvador, luego de la firma de los Acuerdos de Chapultepec de 1992, se encontraron 114 caletas con armas en perfecto estado pertenecientes al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que habían sido escondidas en Honduras y Nicaragua. El objetivo de la guerrilla era contar con una medida de presión para conminar al gobierno a que cumpliera los acuerdos. En su momento, el propio Secretario de la ONU, Boutros-Gali, admitió que el hecho se produjo por la incapacidad de la misión de ese organismo para verificar eficazmente todas las armas en poco tiempo.
En conclusión, mientras se conoce una respuesta oficial, quedan en el aire diversas consideraciones. Además de dejar mal parado al mecanismo de monitoreo y verificación, pone en duda el compromiso real de las FARC con el proceso, el cual, de paso, recibe otro golpe a su credibilidad. Valor sustantivo en estas etapas tempranas, en el que se deben mostrar victorias tangibles.