FIP Opina / 6 de marzo de 2017 / Tiempo de lectura: 8 min.

¿Cómo afectar el narcotráfico sin concentrarse en la mata de coca?

La discusión se ha enfocado en el “trilema”: aspersión, erradicación y desarrollo rural. Pero es urgente poner el foco en otros eslabones de esta economía criminal como los insumos químicos, el transporte fluvial, los laboratorios, las finanzas de las organizaciones criminales y la corrupción.

Esta columna se publicó el 6 de marzo de 2017 en lasillavacia.com Leer columna original
Foto: Policía Nacional
Foto: Policía Nacional

Dejando a un lado los alarmismos políticos y pre-electorales, lo que se ve en una perspectiva de largo plazo es que durante el Gobierno de Santos se han registrado un promedio anual de 65 mil hectáreas de coca, lo cual es menos que las 80 mil de los periodos de Álvaro Uribe y mucho menos que las 102 mil y 160 mil hectáreas con las que entregaron Andrés Pastrana y Ernesto Samper la Presidencia.

Claro que las noticias del crecimiento de la coca son preocupantes, pero puesto en perspectiva es más o menos el mismo problema que Colombia ha tenido durante los últimos 30 años. Hace falta moderación en los diagnósticos para debatir y decidir sobre la mejor solución.

La discusión se ha enfocado en el “trilema” entre aspersión, erradicación y desarrollo rural. Ahí se han centrado los recursos y las acciones. Sin embargo, en estas opciones no se ha encontrado la solución; aun cuando se combinen en proporciones adecuadas.

Es urgente poner el foco en otros eslabones de la cadena del narcotráfico, que puedan tener un mayor impacto a la luz de los grandes objetivos de lucha contra las organizaciones criminales, la reducción de la violencia y la protección de la salud pública.

Bajo este marco proponemos seis medidas que deben implementar si de verdad se quiere debilitar la cadena del narcotráfico.

1. Controlar los insumos químicos

Partimos de una premisa básica: sin químicos no hay cocaína. En Colombia se controlan 25 sustancias químicas que sirven para la elaboración de drogas ilícitas, incluyendo la heroína. ¿Por qué estas medidas no dan resultados? Hay varios problemas.

La mayoría de las sustancias controladas tienen sustitutos, razón por la cual la intervención del Estado termina siendo inocua. De otro lado, el control se hace sobre empresas legalmente constituidas, lo cual genera en muchas ocasiones demoras y trámites adicionales para la industria legal.

Adicionalmente, pretender controlar tantas sustancias –entre las cuales se encuentra la gasolina y el cemento– es pretender abarcarlo todo, sin finalmente apretar nada.

Recomendación: Reducir el número de sustancias a aquellas realmente esenciales y distribuir los recursos existentes para mejorar su control. En la actualidad hay alrededor de 3.000 policías apoyando las actividades de erradicación manual, mientras que solo 20 se dedican a controlar sustancias químicas. Imaginemos cuánto impacto se tendría si esta relación se invirtiera o al menos estuvieran mejor distribuidas las capacidades policiales.

2. Control fluvial

El 80% de los cultivos de coca se encuentran a menos de 2km de un río. Sobre todo, en el Pacífico y en el sur del país, los ríos son las autopistas por las cuales entran los insumos y se mueven las drogas hacia los centros de acopio y de exportación. Sin embargo, tenemos una Infantería de Marina que no tiene los recursos necesarios para controlar los ríos.

Recomendación: En lugar de invertir al menos 20 millones de pesos para erradicar manualmente una hectárea de coca, podría invertirse ese dinero en naves, combustible y personal para el control fluvial, por donde, además de todo lo relacionado con las drogas, también pasan la minería, la tala y otras actividades informales e ilegales. Esta sería una inversión de alto impacto para cerrar el déficit histórico en el control territorial de las zonas menos accesibles y más afectadas por la economía criminal.

3. Concentrarse en los laboratorios

Toda la hoja de coca y todos los insumos llegan a un mismo sitio: el laboratorio de producción -el cristalizadero - donde se fabrica la cocaína. En este lugar se concentra personal con conocimiento específico, el poder de fuego para cuidar esa infraestructura y el conocimiento sobre las redes de distribución internacional (hasta allí llegan por igual mexicanos, brasileros y guatemaltecos a abastecerse del preciado polvo).

Montar estas estructuras requiere de una inversión importante. Es aquí donde inicia la obtención de rentas (entre 4.5 y 5 millones de pesos aproximadamente por la comercialización). No hablamos de la precaria infraestructura que usa el campesino para convertir la hoja en pasta básica, sino de aquella que se usa para producir cocaína en volúmenes considerables.

Recomendación: No es claro cuánta de la infraestructura es destruida por la Fuerza Pública, pero a juzgar por los datos del año pasado, solo el 10% podría ser calificado en este rango. Las fuerzas de seguridad deben concentrar su atención en las instalaciones destinadas a la producción de cocaína, en lugar de enfocar recursos a eslabones de baja relevancia.

Aunque los laboratorios han cambiado a estructuras más adaptables, móviles y pequeñas, su destrucción continúa afectando el bolsillo de los narcotraficantes.

4. Golpear las finanzas de las organizaciones criminales

Las rutas económicas del lavado de activos son múltiples y no hay sector que no tenga algún atractivo como fachada o depósito de utilidades.

Mientras tanto las capacidades del Estado son asimétricas y solo llegan a afectar un par de sectores de la economía (el bancario principalmente), dejando un boquete inmenso en ámbitos como la finca raíz, las cooperativas, fundaciones o industrias de tamaño medio. Al final, el Estado regula y vigila más al que hace la tarea, y no moviliza a los rezagados para que adopten las medidas necesarias.

Recomendación: Mientras que los bancos enfrentan importantes sanciones de la Superfinaciera por no poner en práctica el sistema antilavado –SARLAFT–, este mismo rol no lo ejercen las otras ocho Superintendencias: por ejemplo la Superintendencia de Economía Solidaria, que vigila las libranzas, las cooperativas y los fondos de empleados, entre otros, no ha estrenado el manual de antilavado ni comenzado a imponer sanciones (tiene un record de cero).

En definitiva, se trata de que el sistema penal no sea la primera y única respuesta, sino que la prevención administrativa comience a operar. De lo contrario, la Fiscalía se satura y su eficiencia, priorización y capacidad disuasiva se erosiona.

Los Acuerdos de Paz incluyen la obligación de elaborar un estatuto contra las finanzas de las organizaciones criminales, que incluya los temas administrativos, la extinción de dominio y el lavado de activos. Esta es una buena oportunidad para darle herramientas a las operadores de justicia.

5. Articular las instituciones

En Colombia las instituciones responsables de diseñar e implementar las políticas y actividades relacionadas con las drogas tienen unos niveles de coordinación muy bajos.

En la actualidad es evidente cómo las fuerzas militares y de policía van por un lado, mientras que los acuerdos de sustitución voluntaria van por otro, cuando la lógica sería ponerse en función de la planeación de un territorio. Las dos estrategias son necesarias y útiles pero implementadas de manera articulada. Sin superar este elemento básico de la intervención del Estado, será muy difícil que las políticas funcionen en el territorio de manera sostenible.

Recomendación: En la actualidad hay instancias de coordinación, como el Consejo Nacional de Estupefacientes, que perdió fuerza como organismo que decide sobre la política de drogas, o el Puesto de Mando Unificado, liderado por el Mindefensa, en el cual los niveles de coordinación son puramente operativos. Urge el fortalecimiento de alguna instancia de coordinación o la creación de una única cabeza, que dependa del Presidente, que lidere la política de drogas en Colombia.

6. Combatir la corrupción

Una economía criminal de las dimensiones que tiene el narcotráfico en Colombia no puede funcionar sin corrupción, la cual debe ser entendida de manera simultánea como causa y efecto.

En el caso específico de la Fuerza Pública, suele argumentarse que son casos aislados –las manzanas podridas–. Sin embargo, el hecho de que de manera reiterada se presenten hechos de corrupción y que no se hayan podido evitar, deja ver un problema persistente en el sistema.

Datos consolidados de la entonces Oficina del Alto Asesor de Seguridad Nacional, entre 2006 y 2011, señalan que alrededor de 1.500 miembros de policía, las fuerzas militares y el liquidado DAS, estaban presuntamente vinculados con organizaciones criminales. Y aunque no disponemos de cifras recientes, estos números dan una idea de la dimensión de este desafío.

Recomendación: El primer paso es aceptar que el problema existe y hay que hacerle frente. Las soluciones no pueden venir de la misma Fuerza Pública, sino que debe haber una labor más activa por parte de los mecanismos de control e investigación civiles, con sanciones reales que vayan más allá de la destitución.

Las comisiones creadas para este propósito han dado pocos resultados. Prueba de ello es que la Comisión de Alto Nivel, creada por el Presidente Santos en diciembre de 2015, en medio del escándalo de la “Comunidad del Anillo”, al día de hoy no ha entregado su informe –que tenía como plazo mayo de 2016–. Es importante diseñar un plan de depuración que evite la cacería de brujas y realizar un análisis de los incentivos y las oportunidades que permiten que los casos de corrupción ocurran.

En conclusión...

Estas son solo seis recomendaciones, de un conjunto amplio de líneas de acción para afectar la oferta de drogas y las economías criminales. Ninguna de ellas cuenta con las capacidades y doctrinas suficientes, por lo que requieren de un proceso de mediano plazo de convergencia entre recursos y objetivos.

En los 18 meses que restan del segundo mandato del Presidente Santos, valdría identificar las prioridades y aquellas acciones con capacidad de dar mayores resultados. Es ahí justamente donde deberían invertirse más recursos y tiempo. De esta manera podría lograrse algún nivel de continuidad entre lo que se está haciendo y lo que debe continuar haciendo el próximo Gobierno. No podemos seguir respondiendo con estrategias de un par de meses, a un problema que lleva décadas afectando a Colombia.

 

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