Luego del plebiscito y la ventaja del “No” en los resultados, han surgido diferentes propuestas para modificar los acuerdos entre el gobierno y las FARC. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha estudiado estas propuestas y, como parte de este ejercicio, en este artículo se sistematizan y analizan las iniciativas de los distintos sectores relacionadas con el Punto 4 de los acuerdos de La Habana: “Solución al problema de las drogas ilícitas”.
Lo anterior, teniendo en cuenta los contenidos de los acuerdos y comunicados, las posiciones expresadas por las partes, así como la posibilidad real de que estos puntos puedan ser renegociados.
Las propuestas se pueden clasificar en tres grupos.
Propuestas viables
Incluir una mención explícita a que la actividad política de las FARC no se podrá realizar con los dineros ilegales del narcotráfico.
Hacer explícita la financiación de la reparación de víctimas con dineros de esa organización fruto de la “economía de guerra".
Continuar con los esfuerzos de erradicación manual y/o voluntaria de cultivos.
Incluir en el acuerdo el compromiso de las FARC de entregar toda la información relacionada con el negocio del narcotráfico y los dineros producto de este.
Incluir el compromiso de entregar la riqueza acumulada y la revelación de las alianzas criminales.
Propuestas parcialmente viables
Viable: Incluir “enfoque integral y equilibrado”. Condición: mantener el “tratamiento distinto y diferenciado”. Son dos elementos que pueden estar de forma complementaria en los acuerdos.
Viable: Reconocimiento explícito de la participación de las FARC en el narcotráfico. Condición: Resolver la conexidad con el delito de rebelión.
Viable: Reconocer la conexidad. Esto presenta varias opciones, como por ejemplo tratar el narcotráfico como un delito común pero que le sea aplicable la JEP, o tratarlo como un delito conexo (amnistiable o no). Tratarlo como conexo podría ser amnistiable, es decir, no tendría sanción, mientras que si se le trata como delito común pero como parte de la JEP, tendría una sanción, así sea alternativa.
Viable: Compromiso de entregar información sobre zonas de cultivo, rutas, cadena logística, proveedores y redes de lavado de activos. Condición: Mantener la conexidad con el delito político de rebelión; además es preciso aclarar en qué momento y frente a qué instancia se dará esta información, así como cuáles serán las consecuencias de no entregarla.
Viable: Hacer explícito el derecho que le asiste al Estado para emplear por razones de seguridad nacional, la aspersión aérea. Condición: Precisar que el uso de esta y otras herramientas de control de cultivos ilícitos no debe limitarse a razones de seguridad nacional, sino también de control territorial, desarrollo y bienestar de las comunidades.
Viable: Condicionar la formalización definitiva de la propiedad de la tierra a la no existencia de cultivos. Condición: Brindar las condiciones socioeconómicas necesarias para que las comunidades hagan el tránsito en un plazo prudente.
Propuestas inviables
Suprimir la renuncia condicionada a la acción penal para pequeños cultivadores. En los acuerdos, en el marco del desarrollo alternativo la renuncia está condicionada a la manifestación explicita de no continuar con los cultivos.
Suprimir la conexidad del delito de rebelión con el delito del narcotráfico. Es una línea roja trazada por las FARC y una decisión necesaria para poder avanzar en el esquema de justicia transicional. Este punto, sin embargo, está relacionado con la decisión que se tome con base en las posibles opciones frente al tratamiento de esta conducta.
Desligar delitos políticos con el delito de narcotráfico bajo el argumento de que se violan compromisos internacionales. La Corte ha señalado que la existencia de la conexidad no afecta otros compromisos como es el caso de la extradición.
Condicionar la extradición al cumplimiento de los compromisos de verdad, reparación y no repetición.
Entregar, previamente, la totalidad de la riqueza acumulada por las FARC e individualmente por sus integrantes para acceder a la justicia transicional. Esto deberá ocurrir en el marco de la implementación de los acuerdos.
Luego del examen de la viabilidad de las propuestas es altamente recomendable que los acuerdos incluyan los procedimientos para el funcionamiento de la JEP, de forma que se establezcan con claridad las obligaciones de las partes, con plazos y mecanismos establecidos, con el fin de tener claridad sobre el momento en el cual se debe brindar toda la información efectiva, entregar bienes, entre otros asuntos, y cuáles serán las medidas de la transición, por ejemplo, para delitos de conducta permanente, como el lavado de activos.