En abril de 2016 se llevó a cabo en Nueva York la Sesión especial de la ONU sobre drogas (conocida como UNGASS). La reunión se realizó como respuesta al llamado de un grupo de países latinoamericanos –Colombia, Guatemala y México– a repensar y reorientar la política de drogas.
En este documento, realizado por Juan Carlos Garzón, investigador asociado de la FIP, el Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina y el Caribe (RIAL) hace un balance de la UNGASS 2016 desde la perspectiva de los países de la región, identifica las lecciones que dejó este proceso y brinda una mirada hacia el futuro, con recomendaciones concretas.
De acuerdo con el documento, si bien la Sesión Especial no trajo grandes sorpresas o cambios paradigmáticos, sí hizo evidente que el consenso en torno al prohibicionismo –en su versión más represiva y dura– se ha debilitado. El acuerdo alcanzado por los países en la UNGASS 2016, sobre temas generales y amplios, incorpora un nuevo lenguaje que se aleja de la denominada “guerra contra las drogas”; además, abre la puerta a la flexibilidad para formular y aplicar políticas de drogas en el ámbito nacional. Desde una perspectiva histórica y desde la orilla de América Latina, estos no son cambios menores y abren el camino para reformas progresivas. "El desafío principal para transitar por esta senda es pasar del debate y el discurso a la acción y los cambios concretos", dice el informe. (Lea también ¿De qué hablamos cuando hablamos de coca?)
Presentación del informe PosUNGASS 2016
En el envento, que se realizó en FESCOL el 10 de noviembre, expertos como María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, y Javier Flórez, exdirector de Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia, coincidieron en que el futuro de la política de drogas en Colombia dependerá en gran medida de que el debate sobre el tema no pierda continuidad, debido al momento político que atraviesa el país tras el triunfo del No en el plebiscito por la paz.
Para la directora de la FIP, aunque UNGASS abrió el diálogo frente a los cambios que se pueden hacer en la política de drogas, el país debe focalizarse, primero, en solucionar las tensiones institucionales que evitan llegar a posiciones unificadas y concretas sobre el tema.
Para Garzón, el futuro del debate es incierto y dependerá en buena medida del liderazgo de los países que lo han impulsado y la posibilidad real de avanzar en cambios concretos al interior de los Estados.
