Cuando el 23 de junio conocimos el Acuerdo parcial sobre el fin del conflicto entre el gobierno y la guerrilla, los colombianos quedamos a la espera de saber cómo sería el acuerdo de reincorporación de las FARC. Este tema se definió finalmente en el punto 3.2 del Acuerdo Final (págs. 61-68), y contempla la reincorporación de los excombatientes a la vida civil en términos económicos, sociales y políticos.
Estas tres estrategias, aunque no son nuevas y hacen parte de las herramientas clásicas para la reintegración de desmovilizados, muestran avances concretos que vale la pena destacar.
Los avances
La reincorporación será individual y colectiva (p. 66), con lo cual se reconoce que las FARC son, ante todo, una “comunidad” (p. 61) donde también hay individuos que podrán acceder a la ruta de reincorporación social y económica que más se ajuste a sus objetivos personales.
No es de extrañar, entonces, que ambos caminos respondan a los perfiles de los integrantes de las FARC. Mientras que unos ingresaron hace relativamente poco, con una formación académica superior al promedio de sus compañeros, orígenes urbanos y funciones no necesariamente rurales (las milicias, por ejemplo), otros tienen un perfil más campesino y han hecho parte de la comunidad guerrillera durante varias décadas.
Por eso es probable que la reincorporación colectiva sea el mejor camino, pues se enfoca sobre el individuo, pero también sobre su familia y su comunidad más extensa: familias políticas, padrinazgos y compadrazgos (elementos que han sido el núcleo originario de muchas de los rasgos organizacionales de las FARC).
Es probable que la reincorporación colectiva sea el mejor camino para los desmovilizados de las FARC
Sumado a lo anterior, llama la atención el peso que tiene la “reintegración política” o la transición a la política sin armas. Aunque esta dimensión no ha estado exenta de suspicacias y especulaciones, no se trata de una elucubración habanera y es indudable que tiene su asidero en experiencias internacionales, en los estándares sobre desarme, desmovilización y reintegración (DDR) y en sus desarrollos posteriores.
Aquí vale destacar dos elementos:
La participación de excombatientes en los espacios formales e informales para tomar decisiones colectivas en los ámbitos local, regional y nacional es una práctica normal y conveniente. La apertura y extensión de los derechos civiles y políticos a quienes dejan las armas son parte de los procesos de transición o democratización que supone un acuerdo de paz. Lo que está en juego es muy importante, pues del diseño de las condiciones para que los excombatientes formen partidos y movimientos políticos –eje de la negociación– depende que sus visiones de mundo y sociedad se sigan expresando por medios pacíficos. Otra cosa será que sean o no derrotados después del año 2022, cuando se les vence el plazo para disfrutar de curules garantizadas.
Otro elemento que muestra el fuerte sentido colectivista de la reincorporación de las FARC es la idea de la Economía Social del Común (Ecomún). Esto tampoco es un invento de las partes: es una expresión de la economía solidaria o “tercer sector” entre la economía regulada y planificada por el Estado y la de mercado libre.
Las Ecomún pretenden organizar a sus beneficiarios alrededor de microeconomías incluyentes que brinden autonomía, pero sin aislarlos de los circuitos económicos locales, regionales y nacionales. Estas organizaciones quieren proveer el sustento del día a día, pero también la inserción económica y la viabilidad de los proyectos productivos en alianza con otros sectores de la economía.
El mensaje es claro: quienes dejen las armas pueden buscar, individualmente, un trabajo, pero también pueden mantener su sentido colectivo en las zonas rurales, que es donde permanecerán gran parte de los integrantes de las FARC.
Dudas y preguntas
A pesar de estos avances, también hay elementos que suscitan dudas. Entre estas se destacan tres:
1. El acuerdo final plantea un diseño institucional dirigido por el Consejo Nacional para la Reincorporación (CNT) que tendrá su equivalente regional en los llamados Consejos Territoriales para la Reincorporación (CTR). Estos harán el “seguimiento” del proceso, pero no se especifica qué instancia llevará a cabo la implementación de los programas de reincorporación. Tan solo se menciona que el CNT y los CNR podrán invitar a otros sectores e instituciones para “el desarrollo de sus funciones”. Pero, ¿esto se convertirá en un comité ampliado de seguimiento?
También llama la atención que no haya alusión alguna a la experiencia acumulada en esta materia, donde la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) ha jugado un papel muy importante. Un desmovilizado de las FARC me explicó que esta organización ve a la ACR como una “estrategia contrainsurgente llena de desertores y de blanqueo paramilitar”. Pero, ¿por qué no tener en cuenta, así sea como referente, lo recorrido y las capacidades que se han construido en Colombia en los últimos años?
2. No se anuncian medidas especiales para el personal de mando. Como la organización de las FARC es de tipo militar y los procesos de DDR buscan transformarla en otra de tipo más político, en el corto plazo es importante planear estrategias diferenciadas acordes con la organización interna de las FARC, sin que esto signifique fragmentar el grupo.
Dado el carácter colectivo de las FARC, quizá esto no sea un riesgo tan alto. No obstante, como lo hemos planteado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP), es importante pensar en patrones de contención o holding patterns para que desde la llegada a las zonas veredales y a los puntos transitorios se identifiquen aquellos liderazgos que pueden mantener unido el grupo en lo político sin que se presenten dispersiones tempranas -especialmente de sus mandos medios, como ha sucedido en todos los procesos anteriores de desmovilización en Colombia-.
La guerra también deja a los guerreros conocimientos que nadie más tiene y que pueden ser transformados en capacidades positivas para la ejecución de los acuerdos de paz
En conversaciones que desde la FIP hemos sostenido con antiguos comandantes del EPL y las AUC, la principal advertencia tiene que ver con el error de no mantener la cohesión en el tránsito hacia la vida civil. En palabras de uno de ellos, “Si a los muchachos de cualquier grupo se les quitan los comandantes que están direccionándolos en ese cambio de las armas a la civilidad y para encaminar otra clase de proyectos, ¡fracasa!”.
3. No es clara la relación entre las medidas para la reincorporación y las “medidas y actividades preparatorias para la reincorporación” que se pondrían en marcha durante la permanencia de los combatientes en las zonas veredales y puntos transitorios.
Parecería ser que estas últimas medidas se refieren a lo que en la literatura se conoce como “reinserción” -paquetes de ayuda humanitaria que se entregan a los combatientes cuando se concentran y por períodos muy cortos-. En este caso, las medidas serían apenas por el tiempo que duren las zonas veredales (180 días en principio); ¿pero cuáles son las estrategias concretas durante este período?
La experiencia muestra que estos mecanismos no se diseñan de la noche a la mañana, de modo que los seis meses de concentración, con medidas elementales como “un censo socioeconómico” (pág. 66) o “atención en salud, jornadas de educación”, e imprecisas como “demás actividades de preparación para la reincorporación” (pág. 57), dejan la sensación de que no hay claridad ni vasos comunicantes entre este momento y el de la reincorporación de las FARC, que comenzará después de los 180 días de concentración y dejación de armas.
Seguramente esto será parte del alistamiento para la reincorporación, pero muchos esperábamos un plan tan detallado como el que, por ejemplo, se anunció a propósito de la gestión del armamento.
Las capacidades de los guerreros
Es interesante que una de las rutas de salida sea la participación en proyectos de desminado humanitario (pág. 66). Esto ha ocurrido en otras experiencias en el mundo y puede funcionar como una buena práctica de reincorporación comunitaria con vocación de reparación y generación de confianza, pues el desminado siempre tendrá impactos positivos sobre la población civil.
Para ello hay que ver los resultados, buenos o malos, de las primeras fases del proyecto piloto de desminado humanitario en El Orejón, municipio de Briceño, Antioquia, donde participan integrantes de las FARC, al lado de la fuerza pública y la Ayuda Popular Noruega (APN).
Un aspecto para evaluar de esta experiencia es el impacto del trabajo de los guerrilleros sobre las percepciones de los pobladores acerca de ellos. Esto dejaría hallazgos interesantes para diseñar programas y proyectos que lleven a la reincorporación colectiva o individual con efectos concretos sobre poblaciones más amplias. Con esto se enviaría un mensaje importante: la reincorporación no es únicamente para quien deja un arma, sino también para las comunidades.
De igual manera llama la atención que se plantee la participación de desmovilizados en proyectos de protección ambiental (pág. 66). Estos pueden tener la vocación de proyectos productivos en regiones poco conocidas, donde se busca que el turismo ambiental y sostenible sea un motor de desarrollo, manejado por comunidades locales y donde los excombatientes sean agentes de cambio y conservación.
El Acuerdo Final incluye avances importantes en lo que respecta a la desmovilización, al menos en el papel. Pero quedan aún muchas dudas y preguntas que, esperemos, irán siendo resueltas en la fase de diseño y alistamiento. En todo caso, hay que reconocer que la guerra también les deja a los guerreros conocimientos que nadie más tiene y que pueden ser transformados en capacidades positivas para la ejecución de los acuerdos y para el post-acuerdo.