Durante el proceso de preparación de la UNGASS 2016, algunos actores se han destacado por su liderazgo en pedir alternativas al régimen internacional de control de drogas vigente hasta ahora. Gobiernos, organismos multilaterales, organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios alrededor del mundo se han manifestado al respecto, señalando la necesidad de reformar las políticas buscando hacerlas más humanas, eficientes y sostenibles.
En este sentido, el foro “El futuro de la política de drogas: un diálogo sobre nuevos retos y alternativas”, organizado por la Friedrich Ebert Stiftung (FES) y el proyecto ‘Diálogos sobre Drogas’, con el apoyo de la FIP, presentó las diversas posiciones de algunos de los sectores que han liderado la discusión a nivel mundial, con la idea de generar un espacio de diálogo y de intercambio de ideas, franco y transparente, sobre los nuevos retos y las alternativas que podrían considerarse en el futuro próximo, así como una instancia para dar luz sobre lo que serán las políticas de drogas posteriores a la UNGASS 2016 y construir posibles escenarios para el trabajo regional sobre la materia.
En el foro participaron legisladores de varios países, representantes de organismos multilaterales, organizaciones académicas y de la sociedad civil como Pablo Cymerman, Ann Fordham, Pedro Arenas, Juan Manuel Galán, Burkhart Blienert, Alejandro Encinas, Constanza Moreira, Rodrigo Uprimny, Jessica Faieta y Ernesto Samper.
Ver el cierre del Foro "El futuro de la política de drogas", donde participaron: Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de Colombia; Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia; Jessica Faieta, Sub Secretaria General de la ONU y directora del PNUD para América Latina y el Caribe, Ernesto Samper, Secretario General de UNASUR y María Victoria Llorente, directora de la FIP, quien lo moderó.En el marco de UNGASS, los investigadores de la FIP han sido consultados por diversos diarios, que puede consultar aquí:
En Centroamérica la guerra contra las drogas ha beneficiado a políticos corruptos
"En Centroamérica hay que revisar el tema de la proporcionalidad: si ves las leyes contra los delitos de drogas en la región, estas son mucho más duras que contra otros delitos mucho más graves. En Guatemala, por ejemplo, puede resultar más grave tener una pequeña cantidad de droga que incurrir en pornografía infantil. Otro tema clave sigue siendo la corrupción y el seguimiento de cómo los sistemas de justicia y las fuerzas policiales usan los recursos; estas fuerzas han sido muy hábiles para aprovechar la guerra contra las drogas para su provecho cuando han estado involucradas en redes criminales", dice la FIP.
En busca de un nuevo paradigma
¿A quiénes beneficia el paradigma de la guerra contra las drogas? "A los narcotraficantes y quienes sacan provecho del mercado ilegal de las drogas, empresarios y políticos, cuyas ganancias provienen justamente de la prohibición. Son los criminales quienes regulan el mercado, deciden sobre los precios, la calidad de los productos y la forma de acceder a las drogas. Se benefician quienes lavan activos, no solo en los países en desarrollo sino en los grandes centros financieros, fuerzas policiales que reciben recursos para aplicar las medidas represivas, funcionarios públicos corruptos que garanticen la impunidad de los traficantes y la burocracia creada para “luchar” contra las drogas", dice la FIP.
After 30 years on the frontline, Colombia looks beyond the failed war on drugs
And while Colombia has broken up large cartels and seen an increase in drug-related arrests it has not affected the business, said Juan Carlos Garzón, an expert on drugs policy with the Woodrow Wilson Institute in Washington. The country is also facing rising drug consumption rates.
In academic circles the failure of drug policies has long been a given, said John Collins, who leads the London School of Economics expert group on drug policy. “The policy prescriptions did not match the realities on the ground,” he said.
Sesión de la ONU sobre drogas: la terquedad del prohibicionismo
El politólogo e investigador de políticas de drogas del Woodrow Wilson Center en Washington e investigador de la FIP, Juan Carlos Garzón, señala que el documento de 27 páginas aprobado en Viena y que será sometido a consideración de la Asamblea General “tiene unos pequeños avances en el lenguaje, pero al leerlo, uno queda con la sensación de que no hay reformas importantes”.
De acuerdo con el experto, el principal paso adelante del proyecto de declaración es que señala que las Convenciones sobre drogas ofrecen a los Estados “suficiente flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus prioridades y necesidades”.
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América Latina: la rebelión que no ocurrió
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