El Bajo Cauca antioqueño ha sido, por décadas, un espacio para la ilegalidad. Su característica minera, que ocasiona que su población sea flotante; su desarticulación del centro del departamento, que lo debilita institucionalmente; y su ubicación geoestratégica, que lo conecta con regiones donde predominan los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y corredores de movilidad hacia puertos marítimos, hacen atractivo su dominio para los grupos armados ilegales.
Como ocurrió con las guerrillas y los grupos paramilitares, las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC), conocidas como ‘Los Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’, también mostraron su interés por la región y tras una cruenta confrontación que inició en 2008, con otras estructuras armadas que les hicieron resistencia, lograron imponerse.
En este proceso de “toma” del Bajo Cauca, las AGC desplegaron tanto su capacidad militar, enfrentándose a unos y otros de manera sostenida, como su capacidad política, lo que les permitió negociar a finales de 2011 con los ‘Los Rastrojos’, que tuvieron que abandonar la región. Para el 2012, tras lograr acuerdos con aquellos que los habían enfrentado, alcanzaron el dominio territorial y actualmente son el actor hegemónico en esta convulsionada región.
Esta investigación constata que también hicieron acuerdos con la guerrilla de las FARC, con el fin de darle manejo al negocio del narcotráfico en su fase inicial, que es la siembra de hoja de coca y la producción de pasta, insumo esencial para refinar el clorhidrato de cocaína.
Aunque en el Bajo Cauca se evidencia un gran esfuerzo de las instituciones, las comunidades afectadas no ven buenos resultados
Diversas entidades del Estado han diseñado estrategias para contrarrestar el dominio de los grupos armados ilegales y las expresiones de criminalidad en el Bajo Cauca antioqueño. Este trabajo destaca dos: el Plan Nacional de Consolidación Territorial (PNCT) y la Operación Troya. Sin embargo, aunque se evidencia un gran esfuerzo de las instituciones comprometidas en esas acciones, las comunidades afectadas no ven buenos resultados, pues la violencia continúa y se han intensificado las acciones ilegales. El ejemplo más notorio es la extorsión a todos los niveles.
¿Cuál es la situación actual de las AGC en el Bajo Cauca antioqueño en términos de capacidad militar y presencia territorial? ¿Qué ha posibilitado su consolidación en este territorio? ¿Cuál es su modelo de financiación y cómo involucra a las comunidades y a los sectores productivos? ¿De qué manera ha impactado los territorios que están bajo su control? ¿Qué tipo de relaciones ha tejido en la región que le garantice su permanencia sin mayores obstáculos? ¿Cuál ha sido el resultado de las estrategias adoptadas por el gobierno nacional en los últimos años para combatir a las AGC? ¿Qué percepciones se tienen sobre un eventual escenario de posconflicto? Son algunas de las preguntas que este diagnóstico intenta resolver.