El servicio de seguridad ciudadana que brinda el Estado en Colombia es desigual. Se concentra principalmente en las grandes ciudades y en las cabeceras municipales, pero está ausente en vastas extensiones de la geografía nacional. En estas regiones resulta doloroso evidenciar la incapacidad estatal para hacer cumplir la ley, para tramitar los conflictos de la ciudadanía y para proteger y promover un orden social basado en pautas de convivencia pacífica.
Identificar con precisión las causas de esta incapacidad resulta una tarea extremadamente compleja, en parte debido a la heterogeneidad de las experiencias territoriales en Colombia. Mientras existen zonas en las que la falta de seguridad ciudadana se explica por la ausencia histórica de autoridades civiles y militares, hay otras en las que ha existido una disputa permanente entre el Estado colombiano y actores al margen de la ley. Es bien conocido que entre estos actores existen grupos armados ilegales que, por medio de la fuerza, han logrado ejercer control e imponer un orden social propio en ciertas zonas del país. Este es el caso, por ejemplo, de las FARC y de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas en 2003[1]. Como quiera que sea, es innegable que el Estado colombiano afronta una seria dificultad para ejercer un control territorial efectivo y para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza en la totalidad del territorio nacional.
El Estado colombiano afronta una seria dificultad para ejercer un control territorial efectivo y el monopolio legítimo de la fuerza
En los escenarios rurales, en materia de seguridad, el Estado ha puesto un énfasis especial en la lucha contra los grupos armados al margen de la ley (seguridad nacional). Por ese motivo, en estos contextos la seguridad se asimila con el control militar, mientras que las problemáticas de seguridad y convivencia que afronta la ciudadanía en su vida cotidiana no reciben la misma atención por parte de las autoridades. Adicionalmente, las instituciones responsables de garantizar condiciones de convivencia y seguridad tienen baja capacidad operativa y una cobertura insuficiente.
Estas instituciones necesitan generar procesos y mecanismos que les permitan responder a los retos de convivencia y seguridad, y adecuarse a las necesidades, intereses y expectativas de la población. Las comunidades, por su parte, han estado marginadas de los servicios y/o han construido relaciones disfuncionales y de desconfianza con el Estado. Por consiguiente, requieren apoyo para adaptarse a un nuevo orden social, el cual implica deberes y obligaciones que en ocasiones limitan, imponen disciplina y requieren el ajuste de valores y prácticas arraigadas.
Los autores de este texto tenemos la convicción de que el tránsito de la seguridad nacional hacia la seguridad ciudadana en las zonas rurales, requiere el diseño de estrategias de seguridad con enfoque territorial. Con el propósito de ampliar esta tesis y sus alcances, en este documento proponen algunos insumos fundamentados en el trabajo de campo realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP). También invitan a considerar diferentes opciones de ajuste institucional, construcción de legitimidad y fortalecimiento de capacidades locales.
Este artículo fue publicado el 9 de julio aquí