Ya se sabe que el piloto con el que se empezará a aplicar el acuerdo de desminado al que llegaron el Gobierno y las FARC el pasado 7 de marzo, se hará en Antioquia y Meta, y que las labores de limpieza estarían “a la vuelta de la esquina”, según lo anunció el jefe negociador, Humberto de la Calle. Este acuerdo, que se da en el marco del desescalamiento del conflicto, busca generar condiciones de seguridad para los habitantes que se encuentran en zonas con alto riesgo de presencia de minas antipersona y otros explosivos. Pero también –y esto ha pasado desapercibido– “dar garantías de no repetición a las comunidades”, de ahí que sea oportuno repasar lo que ocurrió en Zambrano (Bolívar), uno de los tres municipios de Colombia que han sido declarados libres de minas y al que la población ha retornado o por lo menos lo ha intentado.
Zambrano –a diferencia de San Carlos (Antioquia), que ha sido catalogado como un caso exitoso de retorno– muestra las limitaciones del desminado y las contradicciones a las que se pueden enfrentar este tipo de medidas. Zambrano es uno de los 15 municipios de la subregión de Montes de María y su cabecera municipal está ubicada sobre la margen izquierda del río Magdalena. La carretera que lleva de El Carmen de Bolívar a Zambrano lo divide en dos zonas (sur y norte) y fue por esa misma vía, durante los años de mayor intensidad del conflicto armado en la región (1997-2003), que los paramilitares se transportaban entre las sabanas de San Ángel (Magdalena) y los Montes de María, y que las FARC atentaban contra la población civil y la fuerza pública, a través de pescas milagrosas y emboscadas.
En este municipio, los paramilitares cometieron la masacre de Capaca-Campoalegre en 1999 en la que murieron 11 personas, y sus habitantes sufrieron otras modalidades de violencia como el desplazamiento forzado y el uso de minas antipersona y artefactos explosivos. En medio de la violencia entre paramilitares y guerrillas, 21 caseríos de Zambrano quedaron completamente desocupados y poblaciones como las de Capaca, Jesús del Río y San Francisco se hacinaron en escuelas del casco urbano. En estos pueblos fantasma y sus zonas aledañas, las FARC no sólo se replegaron, sino que también sembraron indiscriminadamente minas antipersona como táctica para compensar la pérdida de la iniciativa militar y contener el avance paramilitar. Fue precisamente a partir de 2002, año de la puesta en marcha de la Política de Seguridad Democrática, que la población civil y miembros de la fuerza pública pusieron los primeros muertos y heridos en Zambrano, a causa de las minas. Sólo en 2002 se presentaron 14 eventos, 5 en 2003, 5 en 2004, 15 en 2005 y 6 en 2006, para un total de 44 eventos que dejaron cinco civiles y seis militares muertos, así como 33 heridos.
Zambrano –a diferencia de San Carlos (Antioquia), que ha sido catalogado como un caso exitoso de retorno– muestra las limitaciones del desminado y las contradicciones a las que se pueden enfrentar este tipo de medidas.
Desde 2007 no hay más registros, lo que coincide con la muerte de ‘Martín Caballero’ a manos de la fuerza pública, comandante del frente 37 de las FARC, orgánico del Bloque Caribe. Ese año inició la descomposición definitiva de las FARC en la región, que recibió el golpe definitivo en 2009 con la captura de ‘Manuel Ortiz’, sucesor de ‘Martín Caballero’. Todo lo anterior incidió favorablemente para tomar medidas que repararan y salvaguardaran la seguridad de la población desplazada y posibilitar su retorno. Una de estas medidas fue el inicio del desminado, que en Zambrano empezó en 2010 y terminó en 2014 luego de que el Batallón de Ingenieros no. 60 de Desminado Humanitario despejó más de 70.000 metros cuadrados, correspondientes a 16 de las 22 veredas del municipio.
Las labores de desminado humanitario y su fortalecimiento técnico son una de las garantías de no repetición consagradas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011. Se ha comprobado que el desminado impacta positivamente a la población ya que recupera el sentido de seguridad y confianza en el entorno, hace posible rehacer proyectos de vida que van ligados a la restitución y rehabilitación de la tierra en sus aspectos sociales, económicos y culturales, se diseñan o mejoran instituciones de salud, educación y vías, y se articulan regiones al Estado central.
En el caso de Zambrano, el desminado ha traído algunas mejoras, pero hay elementos del pasado, de la violencia que sacudió la región en los últimos 20 años, que se han reconfigurando e impactan negativamente los objetivos del desminado, haciéndolo ver como una acción incompleta que no se articula a otra medidas de no repetición.
El primero es la presencia en la región de Luís Enrique Ramírez Murillo, alias ‘Miki Ramírez’, quien según la Corte Suprema de Justicia tuvo dos grupos de seguridad privada a principios de los años noventa (Frutas Tropicales de Colombia S.A y Agro Bolívar S.A.), los cuales desbordaron las regulaciones de la época. También conformó el grupo de vigilantes, Los Valdés, acusado de varios crimines en la zona. Ramírez cumplió una condena de seis años por conformación de grupos paramilitares en los municipios de Zambrano y Córdoba, y quedó en libertad en 2012. Desde entonces, líderes de restitución de tierras aseguran que regresó a los mismos predios que compró en los años 80 y 90 con el objetivo de recuperarlos “primero por las buenas”. También, dicen los pobladores, se volvieron comunes las amenazas y circulación de panfletos y listas de muerte.
En el caso de Zambrano, el desminado ha traído algunas mejoras, pero hay elementos del pasado, de la violencia que sacudió la región en los últimos 20 años, que se han reconfigurando e impactan negativamente los objetivos del desminado, haciéndolo ver como una acción incompleta que no se articula a otra medidas de no repetición.
A este tipo de violencia no letal pero que afecta profundamente la vida cotidiana de las personas, pues no cuentan con garantías reales de retorno, se le suma otra realidad. Se trata de la compra masiva e irregular de predios que se viene registrando de forma sistemática a partir de 2008 en Montes de María. Esta compra, que también se dio en Zambrano, consistió en que pocos compradores, en calidad de terceros, alegando el principio de buena fe, compraron predios a los que se le hicieron transferencia de dominio gracias al concurso de notarios, registradores e intermediarios. El problema es que una cantidad importante de estos predios pertenecían a campesinos que fueron desplazados forzosamente y quienes a su retorno, antes y después del desminado, fueron informados de que sus tierras habían sido comercializadas a pesar de tener medidas de protección individual y colectiva. Es decir, su venta estaba congelada por el Estado.
Bajo este panorama y sin ignorar los beneficios del desminado, cabe preguntarse si este tipo de medidas, que buscan “dar garantías de no repetición a las comunidades”, serán saboteadas por otro tipo de conflictos, violencias, herencias y viejos y nuevos actores de una guerra que en los ámbitos local y regional han demostrado su capacidad de reconfigurarse. Los confinamientos del pasado a los que fueron sometidas diferentes comunidades no se acaban con el desminado, sino con la puesta en marcha de otras garantías de no repetición que abonarán, en gran medida, la verdadera transición a una situación sin conflicto.
Sin ignorar los beneficios del desminado, cabe preguntarse si este tipo de medidas, que buscan “dar garantías de no repetición a las comunidades”, serán saboteadas por otro tipo de conflictos.