Durante los últimos tres meses la criminalidad disminuyó en un 20% en las 12 ciudades donde se aplicó el Plan de Choque de Seguridad Nacional “Vamos Seguros”. Ese fue uno de los resultados que presentó la Policía Nacional el pasado 17 de enero, luego de que esta estrategia implementada por el Gobierno Nacional se aplicara del 15 de octubre de 2014 al 12 de enero de 2015. La cifra está sustentada en un gran número de acciones operativas, lo que dio pie para que el Presidente Santos anunciara la continuidad del Plan de Choque pero de manera permanente. Sin embargo, esa decisión abre la discusión sobré qué tan sostenible puede ser esta estrategia.
El Plan de Choque, tal como se diseñó en octubre de 2014, estableció como objetivo estratégico mejorar los índices de percepción de seguridad y reducir la incidencia y frecuencia delictiva en 12 ciudades priorizadas y sobre siete delitos de alto impacto: homicidio, hurto, venta de estupefacientes, narcotráfico, extorsión, contrabando y minería ilegal. El Plan contempló dos líneas de trabajo. La primera, estuvo dirigida a incrementar el número de capturas, incautaciones, desarticular ollas y bandas, controlar el contrabando y la minería ilegal, entre otros. También se ordenó atender los recién identificados puntos críticos o zonas donde históricamente se ha concentrado la delincuencia. La segunda línea de acción pretendía mejorar los índices de percepción y desarrollar acciones preventivas a través del trabajo articulado con las administraciones locales y la ciudadanía.
Sin embargo, las cifras presentadas generan inquietudes relacionadas con su generalidad (ya que hablan de ciudades y no de puntos críticos) y con los criterios de cálculo, por lo que será necesario hacer un análisis cuidadoso que permita establecer el impacto real del Plan de Choque en las zonas donde se implementó.
El sentido de un plan de choque en materia de seguridad supone el despliegue y concentración de las capacidades policiales y municipales en aquellas zonas en las que se concentra el delito, dado que la capacidad instalada no permite impulsar una intervención en el 100% de un municipio. Esto significa que un plan de choque es temporal y requiere capacidades adicionales en términos humanos y logísticos que permitan desarrollar una intervención de alto impacto.
Santos, ahora, basado en los resultados, ha decidido que esta estrategia sea permanente, lo cual requerirá que las capacidades adicionales empleadas en los últimos tres meses se mantengan en aquellas zonas en las cuales se aplicó el Plan de Choque.
Esta decisión abre una oportunidad para que los puntos críticos identificados por la Policía cuenten con mayor presencia policial, atención adecuada de las alcaldías y efectividad del aparato judicial. La discusión también debería girar en torno a cómo hacer para que el Estado haga presencia permanente en estas zonas, pues cuando se presentaron los resultados del Plan, las cifras que se resaltaron fueron las capturas e incautaciones y no lo que se hizo en términos de prevención del delito en coordinación con otras instituciones.
Una manera de dar sostenibilidad a esta estrategia debería comenzar por superar, como principal exigencia, la operatividad policial (capturas, incautaciones…), la cual distrae el acercamiento a la ciudadanía, el conocimiento de sus problemáticas y la focalización del servicio, procesos que han demostrado eficiencia en la prevención y reducción del delito. Para la FIP, se trata de impulsar un trabajo basado en la planeación de un servicio diferenciado que responda a las problemáticas particulares de cada zona.
De ahí la importancia de focalizar e identificar no sólo las zonas de mayor recurrencia de las problemáticas de seguridad, sino comprender qué es lo que sucede, identificando necesidades y expectativas ciudadanas, así como los responsables a nivel local y el rol de la ciudadanía.
De nada sirve llenar las estadísticas con capturas, incautaciones o desmantelamientos si la delincuencia continúa controlando y manteniendo su poder en amplias zonas donde la ciudadanía no puede ejercer sus derechos. No se trata de convertir las zonas focalizadas en campos de batalla entre policías y delincuentes, sino que exista un control territorial del Estado en materia administrativa, judicial y policial que responda a la gravedad de la problemática y se oriente a proteger la ciudadanía.
La Policía ha trabajado durante los últimos años en el diseño e implementación de la Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, una metodología que hace énfasis, precisamente, en priorizar y focalizar las problemáticas que más afectan a los ciudadanos y en generar acciones coordinadas entre las administraciones, la policía y la misma ciudadanía. Esta institución cuenta hoy con capacidades para poder planear un servicio diferenciado contrario a lo que sucedía en el pasado, cuando reaccionaba únicamente frente a las emergencias cotidianas.
Sin embargo, es necesario alinear las prioridades del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, ya que por un lado se están generando capacidades orientadas al análisis, la priorización, la focalización y la prevención, pero por el otro, se crea la urgencia de presentar resultados inmediatos, más asociados con mostrar éxitos que con una efectividad sostenible.
Sería interesante revisar la razón por la cual la ciudadanía continúa teniendo una percepción de inseguridad a pesar de los resultados de disminución de la criminalidad y el aumento de la denuncia anunciados por la Policía. Allí está el otro reto: ¿Cómo hacer que el Plan de Choque sea sostenible en un escenario donde parte de la ciudadanía no legitima la acción de aquellas autoridades que tienen la responsabilidad de protegerla?
No se trata únicamente de aumentar las capturas e incautaciones. No basta. Se trata de que aquellas instituciones que han sido creadas para brindar protección a la ciudadanía tengan la capacidad de planear acciones coordinadas y encaminadas a asegurar el libre ejercicio de los derechos ciudadanos. Esto permite priorizar las necesidades de la ciudadanía, entenderlas y trabajar con objetivos claros e indicadores que determinen si las acciones implementadas realmente responden a las problemáticas identificadas.
En definitiva, ya existe una metodología para lograr la sostenibilidad de la estrategia planteada por el Presidente. Sin embargo, la acción de las distintas entidades responsables de la seguridad ciudadana requiere una mayor simetría en el acceso a la información delictiva y contravencional, así como una relación equilibrada entre fuerza pública y autoridades locales, donde estas últimas ejerzan el liderazgo que la Constitución y la Ley les impone. Y claro, una ciudadanía más activa y empoderada.