Noticias / 11 de marzo de 2013 / Tiempo de lectura: 9 min.

Homicidios no cayeron en 2012, pero tampoco crecieron

Un análisis de la FIP concluye que los homicidios se concentraron en los municipios con disputas entre bandas criminales y donde se da el conflicto con las guerrillas.

Un análisis sobre las tasas de homicidios en Colombia en 2012, permite concluir que los niveles más elevados se producen en municipios en donde hay disputas entre agrupaciones del crimen organizado. Le siguen las que se dan en zonas donde mueren combatientes en medio de la confrontación entre el Estado y las guerrillas. Obviamente, suben donde hay confluencia de estos dos factores y/o hay actuaciones de las guerrillas contra la población.

También hay que decir que los índices de homicidios, si bien altos en no pocos municipios (76 municipios superaron el doble del promedio nacional de 39.5 en los últimos diez años, mientras que en 2003 esta condición la cumplieron 291), se han venido atenuando en los últimos diez años y su cubrimiento territorial es mucho más limitado que los niveles que se registraban hace una década.

La tasa de 2012 fue de 32.9, levemente por encima del 31.9 de 2011. Y aunque es bien cierto que se registró un ligero ascenso (menos de un punto), tocaría remontarse a finales de los años setenta para encontrar niveles parecidos a los de los dos últimos años.

La tasa de 2012 fue mucho menos de la mitad del nivel registrado en 1991, de 81.1, y menos de la mitad del índice de 2002, de 69.5 hpch (ver tabla).

Tasas de homicidios por cada cien mil habitantes en Colombia entre 1985 y 2012. Fuente: Policía y DANE

Teniendo en cuenta la tasa promedio de los últimos diez años (2003 a 2012), de 39.5 homicidios por cada cien mil habitantes, en los siguientes mapas se representó el comportamiento por municipios en 2003, 2008, 2011 y 2012. El tono más intenso se utilizó para representar los municipios que superaron los 79 hpch, es decir el doble del promedio de los últimos diez años. El tono intermedio se aplicó para mostrar las tasas de los municipios que superaron el promedio señalado pero que no lo doblaron. Finalmente, el tono más claro se utilizó para los municipios que se situaron por debajo del promedio de los últimos diez años.

Se aprecia entonces que los niveles se atenuaron significativamente. Mientras en 2003 (año en que empezaron a bajar los homicidios) hubo 291 municipios que superaron el doble del promedio de 39.5, en 2011 esto solamente ocurrió en 64 municipios y en 2012 en 76. Así mismo, mientras en 2003 hubo treinta municipios que superaron los 300 hpch, en 2011 el nivel más alto fue de 221 hpch y en 2012 fue de 276 hpch.

Antioquia, en su conjunto, ha bajado significativamente, tal como se aprecia en los mapas. Si bien Remedios registró la tasa más alta en 2012, de 276, y Segovia la quinta, de 204 hpch, en su conjunto este departamento muestra disminuciones ostensibles en el Bajo Cauca y en otras regiones. Algo parecido ocurrió en el sur de Córdoba.

Las disminuciones no necesariamente reflejan que hayan dejado de hacer presencia estructuras de crimen organizado. Muestran solamente que disminuyeron las disputas. En esencia, Los Urabeños se han visto favorecidos ante el debilitamiento de Los Rastrojos. En cambio, los municipios afectados del nordeste antioqueño vieron incrementar sus índices debido a las disputas entre bandas criminales por la minería del oro.

En el Valle del Cauca hay situaciones que preocupan. De los 42 municipios que hay en el departamento, once presentaron índices superiores a 100 hpch, 19 (incluidos los anteriores) superaron el doble del promedio 2003 a 2012, y 36 municipios superaron el promedio nacional de los últimos diez años.

Resultaron muy afectados municipios del norte del Valle, pero también la franja oriental del departamento. Esto es producto de la fragmentación de Los Rastrojos y de las consecuentes disputas, a lo que hay que sumarle que Los Urabeños están estableciendo alianzas con facciones de la contraparte y con residuos de la banda Los Machos, para enfrentar a los remanentes de los primeros (Los Rastrojos).

Entre los más afectados está El Dovio (norte) con 227 hpch (el segundo índice del país en 2012). Río Frío y Ansermanuevo con 187 y 181 respectivamente, ambos del norte, ocuparon los lugares ocho y nueve. Roldanillo, en el norte, ocupó el lugar trece con 143. Pradera, en el sur oriente, con 137, se situó en el lugar dieciséis. Otros municipios del norte y el oriente y aún aquellos con importantes componentes urbanos como Tuluá (centro norte) y Cartago (norte), pero también Palmira (sur oriente) y Cali, se situaron también por encima del promedio nacional de los últimos diez años.

Buenaventura (costa pacífica), en donde los homicidios se habían reducido en los últimos años, registró incrementos significativos a partir de octubre. Allí, mucho más de la mitad de los homicidios de 2012 ocurrieron en los últimos tres meses.

Nariño y Cauca, donde confluye crimen organizado y guerrillas, han mostrado mejoría. En Nariño persiste Tumaco desde 2005 con tasas que rondan los 130 hpch. En Policarpa, frontera con Cauca, la tasa volvió a subir en 2012 a 132, después de que en los últimos cuatro años había estado por debajo del doble del promedio nacional.
Argelia, en el costado occidental de Cauca, un espacio estratégico por servir de corredor al Pacífico y en donde actúan crimen organizado y guerrillas, ha registrado tasas muy altas los últimos cinco años. En 2012 fue de 86 hpch, por encima del doble del promedio nacional.

Se elevaron las tasas en Caloto, Corinto, Padilla y Piamonte, al nororiente, donde confluyen subversión y crimen organizado.

En el oriente del país también se mezclan el conflicto con las guerrillas y el crimen organizado en aquellos municipios donde los índices superaron el doble del promedio nacional de los últimos diez años. En Vistahermosa y Uribe, en Meta, pesa más la confrontación, mientras que en Puerto Gaitán se han presentado disputas entre facciones del Erpac que se dividió en el Bloque Meta y el Libertadores del Vichada.

En Calamar, Guaviare, pesan el conflicto entre el Estado y las FARC y el crimen organizado. En Arauquita, Saravena y Tame, influye también la confrontación, pero además cuentan los asesinatos protagonizados por las guerrillas.

En Puerto Santander, al lado de Cúcuta, que ocupó el cuarto lugar con 204 hpch, predominan las disputas entre Rastrojos y Urabeños. En Cúcuta, que registró 52, por encima del promedio nacional de los últimos diez años, se ha registrado una fragmentación aún mayor y en consecuencia, un incremento en las disputas. A los anteriores grupos hay que añadirle la participación de una estructura denominada Autodefensas de Norte de Santander.

En Convención, doceavo lugar con 145 hpch, y en Teorama y Tibú, con índices que superan los cien hpch, todos en Norte de Santander, hay confluencia entre subversión y crimen organizado. De igual forma, homicidios protagonizados por las guerrillas.

En el Caribe la mejoría también es notoria. Dibulla fue el único municipio que registró un nivel por encima del promedio nacional de los últimos diez años, con 101 hpch, explicable por disputas internas del crimen organizado.

En resumen, el crimen organizado ha registrado fragmentaciones. Los Rastrojos (en Valle, Córdoba, Norte de Santander) y el Erpac (Meta, Vichada, Guaviare), presentan divisiones. En contraste, Los Urabeños han aprovechado la debilidad de antiguos rivales afianzándose en algunas zonas (Córdoba, Bajo Cauca) y avanzado en otras (Valle).
La confrontación entre el Estado y la subversión explica los altos niveles en algunos municipios de Meta y Arauca, pero no son el factor central que explica los altos índices de homicidios a nivel nacional.

En términos globales la incidencia del crimen organizado y la confrontación entre el Estado y las guerrillas es significativamente más baja que hace diez años y no hubo cambios bruscos entre 2011 y 2012.

¿Qué sucede en el Valle del Cauca?

Ciertamente ha habido un aumento de los homicidios en Cali. No obstante este no es el único municipio afectado en el Valle. Buenaventura, recientemente, también ha presentado cifras preocupantes. Algo parecido ocurre en Palmira, igualmente en el centro y el norte del departamento. Tuluá y Cartago, que tienen un alto componente urbano y rural, han mostrado altos niveles. El Dovio, Riofrío, Ansermanuevo y Roldanillo, con un peso rural importante, registraron niveles muy elevados en 2012.

El problema no se circunscribe entonces a Cali. Hay otros municipios muy afectados. Y en no pocos de ellos la situación persiste desde hace varios años. Existen vasos comunicantes entre todos ellos. Hay que mirar entonces el conjunto, y en este marco, las particularidades de cada municipio.

Un aspecto central es que hay persistencia de disputas. Hace muchos años se dieron confrontaciones entre el Cartel de Cali y el Cartel del Norte del Valle. Después fueron enfrentamientos entre facciones del cartel del Norte del Valle. Hace algunos años hubo disputas entre Machos y Rastrojos. Luego, neutralizados Wilber Varela y Diego Montoya, se reconfiguraron nuevas disputas. Los Rastrojos quedaron entonces en cabeza de los hermanos Calle Serna, pero una vez que estos últimos se entregaron a la justicia norteamericana y Diego Rastrojo fue capturado, empezó la configuración de un nuevo escenario que muestra que los Rastrojos se fragmentaron.

Por otro lado, Los Urabeños, apoyados por narcotraficantes con intereses en el Valle, y a su turno aliados con remanentes de Los Machos, han incursionado en el departamento. Hay un escenario en el que se configuran nuevas disputas.

El tamaño de las rentas ilegales en el Valle es significativo. Esto tiene que ver con asuntos relacionados con el narcotráfico. Hay disputas por corredores y puntos de embarque. Pero también hay enfrentamientos por apoderarse de redes criminales en cada ciudad. Así mismo, temas como el expendio de droga al menudeo en las grandes ciudades, también están involucrados.

Se requiere un tratamiento integral en el que confluya la nación, el departamento y los municipios. Así mismo la Fuerza Pública y las autoridades civiles. La Policía tiene una misión clara pero no es en ningún momento la responsable de la totalidad del problema. El incremento en el pie de fuerza y el desdoblamiento de los cuadrantes va en la vía correcta. Es importante articular inteligencia, policía judicial y vigilancia.

Pero esto no es suficiente. Debe haber una estrecha colaboración entre las instancias ya mencionadas y las autoridades civiles. En Cali, por ejemplo, no se debe aplazar una seria intervención en varias comunas populares en aspectos económicos y sociales que incidan en los jóvenes que son fuente de renovación constante de las organizaciones criminales. Algo parecido se debe hacer en Palmira, Buenaventura, Cartago y Tuluá. Hay que combinar intervenciones que incidan en el corto, mediano y largo plazo.

Para finalizar, no sobra señalar una paradoja. La fragmentación de las estructuras del crimen organizado es indudablemente un signo de debilidad. No obstante, esto incide en el aumento de la violencia homicida.

Espere próximamente el informe: Violencia homicida en Cali: focos y organizaciones criminales entre 1985 y 2011

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