Resulta prematuro afirmar con plena seguridad que se haya producido una reducción significativa de los homicidios[1] como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos la primera semana de enero[2]. Por el contrario, con el paso de los meses, cuando se consoliden las cifras, como ha sido usual en los últimos años, es factible esperar que si bien la tasa en Colombia no se incrementó en forma considerable en 2013 respecto de 2012, tampoco se redujo. De hecho, el ritmo de descenso se frenó hace rato. Esto en un escenario en el que Colombia triplica un nivel que se considera epidémico en América Latina[3], no da campo para tanto optimismo.
Tampoco es una novedad que en más de 200 municipios no se hayan registrado homicidios. En 2013, según la Policía, la cifra fue de 277 municipios con cero homicidios, pero esta ha sido una tendencia que se mantiene desde 2000, con una excepción en 2003 (182 municipios). Incluso, en 2011, se alcanzó un record de 331 municipios (ver Gráfico 1).
Las cifras de homicidios disponibles hasta el momento, muestran que evidentemente hay caídas en unos municipios y aumentos en otros, y a la hora de hacer el balance, lo que baja por un lado, sube por el otro. Más aún, muchos municipios en donde hay descensos, incluso significativos, mantienen niveles altos de violencia letal, que superan el promedio nacional. También se producen incrementos en municipios en donde persistentemente los homicidios han sido muy altos.
Por lo demás, el análisis de lo que ocurrió en 2013 presenta un panorama complejo. La tasa promedio de los tres últimos años es de 32 homicidios por cada cien mil habitantes, pero el año pasado, en cerca de un tercio de los municipios la tasa superó el promedio considerado y en más de una décima parte lo triplicó. Los lugares donde se registraron niveles muy elevados coinciden con el narcotráfico y/o extracción de oro.
Las cifras disponibles hasta el momento muestran que evidentemente hay caídas en unos municipios y aumentos en otros, pero a la hora de hacer el balance, lo que baja por un lado, sube por el otro.
La convergencia entre bandas criminales y guerrillas –no las disputas entre ellas porque con frecuencia están aliadas– explica los niveles más altos (Bajo Cauca, nordeste y norte antioqueños, Chocó, suroccidente del Cauca, Putumayo). Sin embargo, la presencia de subversión no es una condición obligada para que los niveles sean muy elevados y un ejemplo es lo que sucede en el noroccidente del Valle. También hay que decir que en ocasiones esto se da solamente cuando su presencia es muy marcada, como lo evidencia algunos municipios de Meta, Guaviare y Caquetá.
Un análisis hecho por la Fundación Ideas para la Paz[4] buscó identificar en dónde disminuyó y en dónde aumentó el homicidio. Lo hicimos de dos maneras. Primero se identificó entre los 50 municipios más poblados del país, en cuáles aumentó y en cuáles disminuyó. Y después, usando los cálculos de tasas de homicidios por cada cien mil habitantes, se hizo el mismo ejercicio en el conjunto nacional, independientemente del tamaño de la población. Esto fue lo que encontramos.
Los cambios en los centros urbanos más poblados
Para comenzar, se escogieron los cincuenta municipios más poblados del país, que con 8.543 homicidios en 2013, representaron el 56% del total nacional. A pesar de que se produjo una disminución del 3,6% en comparación con el 2012, el panorama no es alentador.
Entre los cincuenta municipios hay 16 –un tercio– cuya tasa se situó por encima del promedio nacional de 32 hpch, en el lapso 2011 a 2013. Entre estos, las tasas de homicidios se incrementaron en seis municipios y disminuyeron en diez (ver Gráfico 2).
En su mayoría, son municipios en donde las tasas no habían sido muy altas comparadas con el promedio colombiano de los últimos años, a pesar de que superan ampliamente el nivel epidémico latinoamericano: Barrancabermeja, Soacha, Florencia y Pereira. Es más significativa el alza en Cali, donde las tasas persistentemente han sido muy altas, y también en Buenaventura. Ambas ciudades han estado atravesadas de tiempo atrás por las dinámicas del crimen organizado.
En efecto, Cali subió solamente un 6,8%, pero sus tasas son muy altas para una ciudad de más de dos millones de habitantes, pues fueron de 79 y 84 hpch respectivamente en 2012 y 2013. En Buenaventura, donde en el pasado eran muy altas y habían venido bajando, volvieron a subir un 50,3%, pasando de 32,4 a 48,6 hpch.
Estas ciudades del Valle se enmarcan
en una dinámica de disputas entre dos facciones de Rastrojos –agrupación que se fragmentó desde principios de 2012–, y Los Urabeños, que buscan aprovechar los espacios que quedaron vacíos. Así se explica el aumento de las disputas en Cali, que se dan con mayor fuerza en sectores específicos de comunas del distrito de barrios de Aguablanca. Paradójicamente, los golpes de las autoridades han fragmentado en exceso estas estructuras y las peleas se dan es por la sucesión del mando o por mantener rentas ilegales en espacios específicos de la ciudad. En el caso de Buenaventura, Los Urabeños se apropiaron de la organización criminal denominada La Empresa, que anteriormente estaba al servicio de Los Rastrojos.
En contraste, está Cartago, donde hubo una disminución de 3,2%. Sus tasas pasaron de 86,9 a 84,1, ambas muy elevadas. En Tuluá y Palmira, donde se produjeron reducciones del 27% y el 32%, las tasas siguen siendo también altas, pues pasaron de 97 a 70 hpch en el primero y de 91,7 a 61,9 hpch en el segundo.
En Cartago se aliaron dos bandas, Los Motato y Cordillera, que quedaron al mando de Los Urabeños para enfrentar a Los Rastrojos[5]. En Tuluá, Los Rastrojos están divididos y las peleas entre facciones incrementaron en forma desmedida los niveles. Y aunque en la actualidad estarían debilitadas por las capturas, no se puede descartar una reconfiguración. En Palmira hay articulaciones entre redes de crimen organizado con asiento en Cali y Buenaventura.
En el caso de Pereira –enmarcada en las dinámicas del norte del Valle y el eje cafetero–, la tasa de homicidios volvió a subir después de varios años consecutivos en que se redujo. Esto ocurrió porque la organización Cordillera se apropió de los principales expendios de droga de la ciudad. De 66,2 hpch en 2009 se pasó a 35,7 en 2012 y en 2013 subió a 38,9, casi cuatro veces el nivel que se considera epidémico.
La tasa promedio de los tres últimos años es de 32 homicidios por cada cien mil habitantes, pero el año pasado, en cerca de un tercio de los municipios la tasa superó el promedio considerado y en más de una décima parte lo triplicó.
De las ciudades donde el homicidio disminuyó hay que destacar Medellín e Itaguí, donde la reducción fue del 26% y el 29% respectivamente, entre 2012 y 2013. En el caso de Medellín existe un debate en torno a si la disminución se debe a la intervención de las autoridades o es producto de un pacto entre las cinco facciones en que quedó dividido el sector que manejaba alias Sebastián, y Los Urabeños. Ambas posiciones son correctas, aunque hay que advertir que la disminución ya se evidenciaba con fuerza desde 2011 y 2012, cuando Medellín pasó de 63,3 a 51,7 hpch.
En buena parte, este panorama se explica porque entre 2009 y 2010 las disputas ocurrieron en el nororiente, noroccidente, centro oriente, centro occidente y centro de la ciudad, pero una vez el sector de Sebastián resolvió a su favor las peleas en los dos primeros sectores (no menos de ocho comunas), estas solo persistieron en tres (la comuna 8 (oriente), 16 y 13 (occidente). Así las cosas, en la medida que las disputas disminuyen, los homicidios también. Sin embargo, persisten las pequeñas extorsiones, el expendio de droga se ha reacomodado, y las bandas y los combos invierten en economías legales e ilegales.
En Santa Marta y Maicao también hay disminuciones, pero las tasas se mantienen por encima del promedio nacional. Durante 2012, en la capital del Magdalena, además de las disputas entre agrupaciones al servicio de Rastrojos y Urabeños, se produjo la escisión de Los Giraldo, que hacían parte de estos últimos, lo que subió los niveles de homicidios. En Maicao suben y bajan las disputas entre Urabeños y Rastrojos en un escenario donde tienen mucho peso las redes de contrabando.
Hay un conjunto de municipios donde las tasas subieron porcentualmente pero en donde los niveles no son tan altos. En Barrancabermeja, por ejemplo, el aumento fue del 80%, pero las tasas fueron de 29,1 y 49,2 hpch, entre 2012 y 2013. Allí hay disputas entre Rastrojos, Urabeños y aún Botalones.
Los cambios desde una perspectiva nacional
Un segundo camino para analizar este
tema es apreciar los cambios en las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes a nivel municipal para todo el país. Y aquí, de nuevo, lo que se observa es que hay municipios donde las tasas bajaron pero se mantienen niveles altos. Más preocupante aún, hay incrementos en municipios donde los niveles han sido persistentemente muy elevados.
Se identificaron 348 municipios que en 2013 superaron el promedio nacional de homicidios de 32 hpch. Esto sin duda es una cifra elevada pues se aproxima al tercio del país. De estos, 131 (cerca del 10% de los municipios) superan el doble del mismo promedio, es decir, están por encima de 64 hpch (ver Mapa 1 y 2).
En Antioquia hay 71 municipios por encima del promedio nacional y 38 por encima del doble. En 56 de ellos hubo aumentos entre 2012 y 2013 y solamente en 15 hubo disminuciones. Los más críticos se concentran en el nordeste, Bajo Cauca y norte del departamento y entre los superan el doble de ese promedio están Olaya, Segovia, Vegachí, Santo Domingo, Zaragoza, Valdivia, Remedios, Briceño, San Luis, Toledo, Ituango y Belmira.
En Segovia, por ejemplo, los homicidios bajan pero casi sextuplican el promedio de 32. En Vegachí lo quintuplican, a pesar de una reducción, y en Zaragoza aumentaron más del 600% hasta llegar a 143 hpch. Tienen en común el narcotráfico y/o la extracción de oro (se mezclan la gran minería y la extracción artesanal). No son pocos los casos donde hay disputas entre bandas criminales (Rastrojos divididos y Urabeños), a lo que hay que sumarle las disidencias y alianzas entre antiguos Rastrojos y Urabeños. Con frecuencia tercian las guerrillas que en no pocas ocasiones se alían con facciones criminales .
En el Valle hay 39 municipios que superaron la tasa promedio de 32 hpch
y 22 de ellos superaron el doble (64 hpch). En 18 hubo aumentos y en 21 disminuciones. En algunos de los municipios donde los homicidios bajaron, sucedió que las tasas de 2012 habían sido demasiado altas, por lo que siguen con índices elevadísimos.
En Caicedonia, Bolívar, La Unión, El Águila y Toro las tasas son muy altas (entre 163 y 129 hpch) y registraron aumentos. Roldanillo y Ansermanuevo bajaron considerablemente (menos 29% y menos 44%), pero sus tasas se mantienen por encima de 100. Tuluá, Roldanillo y Palmira también lo hacen considerablemente, pero sus tasas siguen siendo muy altas. Hay también problemas en Cali y Palmira, como ya se vio, a lo que hay que sumarle Florida, donde hace presencia las FARC. En resumen, las afectaciones urbanas y rurales se dan por narcotráfico y expendio de droga al detal, e incluyen la costa pacífica, la margen izquierda de la cordillera occidental (corredores del narcotráfico hacia el pacífico) y la margen izquierda de la cordillera central (Ver Mapa 3).
También hay extensiones de las
dinámicas criminales a Chocó, donde hay 14 municipios que superan el promedio nacional: San José del Palmar (sirve de corredor del narcotráfico), Nóvita (otro corredor de entrada al pacífico), Carmen del Darién (confluyen FARC y bandas) y Quibdó (aumentó el 20% como consecuencia de disputas entre Rastrojos y Urabeños). En Cauca son 24 los municipios que superan ese promedio. Una franja crítica es la de la margen derecha de la cordillera occidental que sirve de corredor al Pacífico: Argelia, El Tambo, Balboa y Patía.
En cuanto a Nariño, hay prolongaciones de estas dinámicas en algunos municipios de cordillera como Leiva, Policarpa, Samaniego y La Llanada, que sirven de corredores, pero también del Pacífico, como Tumaco, que bajó sus homicidios pero registró 81 hpch, Barbacoas, Roberto Payán y Olaya Herrera. En Nariño han tomado mucho peso las FARC ya que se han debilitado Los Rastrojos.
Hay también muchas zonas en donde el peso de la guerrilla y especialmente de las FARC incide en las tasas elevadas y/o en los aumentos. En el Catatumbo, por ejemplo, están Convención, El Carmen, El Tarra y Teorama. A Cúcuta, donde la tasa bajó pero se mantiene muy alta, hay que agregarle el peso de bandas criminales.
Lo que se observa es que hay municipios donde las tasas bajaron pero se mantienen niveles altos. Más preocupante aún, hay incrementos en municipios donde los niveles han sido persistentemente muy elevados.
En el Meta también pesan las FARC, pero en algunos municipios hay interferencias de bandas criminales y de los Bloques Libertadores del Vichada y Meta. En la lista de los municipios con estas características está El Castillo, donde convergen guerrillas y bandas, y Lejanías, Uribe y La Macarena, con presencia de las FARC. Puede haber interferencias entre estas y las agrupaciones criminales en Barranca de Upía, Puerto Gaitán y Puerto Lleras. Algo parecido sucede en municipios del Caquetá como Puerto Rico, Milán, Morelia y El Paujil.
En Putumayo hay también convergencia entre FARC y agrupaciones criminales. En Puerto Asís actúa la banda La Constru, Los Rastrojos y el frente 48 de las FARC y en Puerto Caicedo operan La Constru y el frente 32 de esa guerrilla. Al parecer, La Constru tendría vínculos con los dos frentes[6]. En Arauca pesan las guerrillas.
Todo lo anterior demuestra que estamos frente un panorama donde un tercio del país se enfrenta a cifras de homicidio críticas y que en aquellos municipios donde hubo mejorías, no son pocos los que mantienen niveles elevados. En cerca de una décima parte de estos son demasiado altos, de ahí que el optimismo que por estos días exhibe el Gobierno, debería ser más moderado. Un problema adicional es la falta de claridad en las cifras, que se hizo evidente en el enfrentamiento que protagonizaron hace pocos días, el Presidente Santos y Álvaro Uribe. Esto sin duda indica la urgencia de una política pública que propenda por la transparencia en los datos sobre crimen y violencia en el país.
Es cierto que Colombia ya no es el país de los años noventa sumido en la violencia y la desesperanza, sin embargo, hoy sigue estando entre los países que exhiben las tasas más altas de violencia letal del continente[7].