El 2024 arranca con un panorama lleno de retos para la Paz Total. El Gobierno no solo reconoció la necesidad de dar un viraje a su apuesta política con la salida de Danilo Rueda como Alto Comisionado de Paz, sino que enfrenta una compleja realidad: en los tableros de negociación y en las condiciones de seguridad, la partida la van ganando los grupos armados.
Lo que vemos son dos situaciones aparentemente contradictorias. Por un lado, los grupos se han fortalecido en ciertas zonas del país y las disputas que tienen entre ellos por el control territorial han aumentado de manera significativa. Por otro lado, el 2023 cerró con una disminución de la mayoría de los indicadores de impacto y afectación humanitaria.
Sin embargo, no es posible atribuir esta reducción de los impactos humanitarios a la política de Paz Total y en particular a los ceses al fuego, como algunos han sostenido. Desde el seguimiento que venimos haciendo en la FIP, encontramos que el escenario actual está más bien determinado por las dinámicas de los grupos armados en función del objetivo primordial de sostener y ampliar su gobernanza criminal en medio de los diálogos y negociaciones con el Gobierno. Los ceses al fuego —que han tenido serios obstáculos para un monitoreo eficaz— han jugado en favor de este objetivo, lo que deja grandes interrogantes sobre el efecto real que está teniendo la política de paz en la seguridad de la gente y sobre el control del Estado en las zonas más vulnerables del país.
Seis datos que explican lo que ocurre
Los grupos armados se han fortalecido en ciertas zonas del país y las disputas que tienen entre ellos por el control territorial han aumentado de manera significativa. Los enfrentamientos entre grupos crecieron 54%, las acciones contra la infraestructura y bienes civiles se mantuvieron estables y los ataques a la Fuerza Pública continuaron cayendo (-2%), aunque a un menor ritmo que en 2022.
El 2023 cerró con una disminución de la mayoría de los indicadores de impacto y afectación humanitaria. La reducción se concentra en las zonas que dominan los grupos armados y, en esta medida, pueden explicarse como parte del proceso de consolidación de su control social y territorial.
En las zonas de domino de los grupos armados está en entredicho el monopolio de la fuerza, de la justicia y hasta de la tributación. El Estado Mayor Central (EMC) tiene injerencia y control en zonas en Meta, Guaviare y Caquetá. El Clan del Golfo controla territorios en Córdoba, el Urabá y gran parte de Chocó. El ELN aún posee un fuerte dominio sobre Arauca y en otras zonas del otro lado de la frontera con Venezuela.
Se incrementaron las zonas de disputa entre grupos armados: de cinco identificadas en 2022, se pasó a por lo menos nueve en el 2023. Las acciones del Gobierno no han tenido efectos positivos en zonas que concentran enfrentamientos entre el EMC y el ELN en Arauca y Cauca, enfrentamientos entre el EMC en alianza con el ELN contra el Clan del Golfo en el Bajo Cauca y el sur de Bolívar, disputas entre el ELN y el Clan del Golfo en el sur del Chocó y el norte de Buenaventura y, disputas entre las dos facciones de disidencias de las extintas FARC en Nariño.
En las zonas de disputa entre grupos crecieron considerablemente las acciones, mientras que disminuyeron en las zonas donde coexisten y tienen dominio. La excepción son Arauca y Huila.
Hay alianzas tácticas entre grupos para expandirse territorialmente o contener el avance de un actor determinado. Así ocurre en el norte de Antioquia y sur de Bolívar, con la asociación entre el EMC y el ELN para contener el avance del Clan del Golfo. También en Nariño donde recientemente se hizo pública la alianza entre la Segunda Marquetalia y el ELN para debilitar al EMC.
El llamado de la FIP
El escenario con el que inicia el 2024 pone en cuestión la viabilidad de los múltiples tableros de negociación de la Paz Total abiertos durante el último año y prende las alarmas sobre el deterioro del control territorial por parte del Estado y su capacidad de impedir el avance de la gobernanza criminal.
El llamado es, primero, a concentrar los esfuerzos de seguridad en contener las disputas y debilitar las zonas de dominio ilegal; segundo, a impulsar la apuesta de transformación territorial en las regiones más afectadas por la violencia armada y la fragilidad del Estado contenida en el Acuerdo de Paz del 2016 y, tercero, a afianzar, en la medida de lo posible, los procesos de negociación en curso mediante un seguimiento más robusto y transparente de los ceses al fuego, la delimitación de los alcances de las mesas que apenas inician y avanzar en la definición de los mecanismos de sometimiento y de justicia transicional para los grupos con los que se está negociando.