A mi hija tuve que sepultarla en el patio trasero de la casa comenzó su relato la señora Cornelia con su cara ancha, huesuda y su piel ajada por el tiempo, el día que me la encontré casualmente en una casona vieja de Quibdó, donde funciona una oficina que atiende a desplazados. Me llamó la atención su vestido satinado de color naranja, con boleros azules en las mangas y la falda. La enterré allá junto al galpón donde alguna vez criábamos gallinas dijo en la época en que ni siquiera sabíamos qué eran actores armados. Apenas tenía once años cuando murió de física hambre.
El 25 de Julio del año 2007, el Congreso de la República expidió la ley 1152 por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural y se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER. El trámite de esta norma estuvo rodeado de intensa controversia, pues a través de ella se regulan asuntos, intereses y temas que atañen a un sector inestable y duramente golpeado. Aunque la situación ha mejorado antes del año 2002, en el escenario rural persisten hechos como la violencia política, los cultivos ilícitos, los desplazamientos forzados e, incluso, algunas consecuencias negativas de la aplicación de políticas públicas como la fumigación o las campañas militares contra los grupos guerrilleros. Este boletín aborda el panorama anterior trayendo a colación el reciente proceso de justicia transicional encarnado en la Ley 975 de 2005 y analizando cuatro aspectos particulares que deben ser discutidos a la hora de pensar en modelo de desarrollo rural más moderno para Colombia:, a saber: la desigual distribución de la tenencia de la tierra; la precariedad de los derechos de propiedad; las condiciones para la justicia en el campo y la proyección de una Política Estatal para posibilitar la Justicia en el Sector Rural.
El presente estudio es una aproximación al problema de cómo atender a los desplazados, entendidos este como un sector clave de las víctimas del conflicto armado colombiano. En el texto se explora el fenómeno del desplazamiento como tal, sus causas, los actores responsables, el perfil de la población desplazada, así como la pérdida de activos y las condiciones de dicha población en el municipio receptor. Asimismo, el estudio se centra en proponer ajustes en las políticas públicas actuales como en el diseño de nuevas políticas públicas para mitigar el impacto del desplazamiento, permitir que la población desplazada pueda recuperar sus niveles de bienestar previos y propiciar las condiciones para que recuperen su capacidad productiva. La investigación fue realizada por Ana María Ibáñez, profesora de la Universidad de los Andes y se basa en tres trabajos realizados en esta misma institución.
Son las ocho de la mañana y ya cinco personas esperan a que abran la oficina. Es un despacho sin puertas, que no paga arriendo, ni ningún servicio, y consiste en una mesa con montañas de carpetas y papeles, puesta en el medio de un corredor de las antiguas instalaciones de una dependencia pública, Zona de Carreteras, en el centro de Valledupar. No tiene sillas, porque el mismo muro que da a la calle sirve para sentarse y atender a los clientes. Un letrero de cartón, de un metro de largo por cincuenta centímetros de alto, que cuelga del techo, la identifica: Salón de la Justicia del Desplazado Oprimido.
Las nubes se habían esparcido un poco para tranquilidad de los vecinos del Juan Bautista Escalabrini, un barrio de unos 3.000 habitantes en una colina al norte de Cúcuta. El sol se asomaba suavemente para secar el barro de las trochas que conducen desde allí al barrio Camilo Daza, que lleva el nombre del aeropuerto de la ciudad. Ese día también tuvieron suerte los cobradores de la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander que se dirigían al Escalabrini: cuando la lluvia arrecia, es imposible llegar a estas lomas. Subieron en su Nissan amarillo por las empinadas vías de este paisaje de suelo rojizo y casas de tablas y zinc.
Antioquia es el departamento con el mayor índice histórico (1990-2005) de accidentes e incidentes por minas antipersona, según datos del Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República (mayo 2005). De los 125 municipios que componen el departamento, 90 de ellos han reportado problemas relacionados con el tema de minas. Durante el año 2004 se registraron 82 víctimas. La mayor concentración de casos se dio en Argelia y Tarazá con 11 víctimas. Allí, la situación por las minas es cada vez más grave, el minado se ha convertido no sólo en la defensa ideal, sino también en un instrumento para ejercer control sobre la gente y el territorio. El desplazamiento es el efecto más visible pero no el único. El confinamiento hace también parte del drama oculto de la población. En este boletín se aborda la problemática de las minas desde una perspectiva analítica en la que se discute la utilización de estas minas dentro de los repertorios de acción de los grupos armados ilegales en el departamento antioqueño así como el profundo impacto humanitario que causa la siembra de esos artefactos explosivos.