El primer balance del año de la FIP muestra que en lo que va de 2021 disminuyó la confrontación entre el Estado y las organizaciones armadas ilegales, pero aumentó la violencia y el impacto humanitario contra la población. ¿Qué explica estas dinámicas?
A cuatro años de la firma del Acuerdo Final con las FARC, es clave analizar los datos sobre la violencia en el país para poder entender no sólo de dónde venimos y dónde estamos, sino para dónde vamos.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) analiza trimestralmente las dinámicas de la confrontación armada y la afectación humanitaria. En esta infografía consideramos el periodo de enero a septiembre de 2019, comparándolo con el mismo periodo de años anteriores.
Desafíos para la protección de las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes.
En la reciente investigación de la FIP "Retornos de mujeres a zonas rurales" se expone la importancia de fortalecer el enfoque de género como política del Estado, en especial para pensar el retorno de las mujeres desplazadas.
Con el apoyo de ONU Mujeres, la FIP presenta una serie de recomendaciones para incorporar el enfoque de género en la política pública de retorno, que garanticen los derechos de las mujeres y sean pertinentes frente a sus necesidades
En los barrios tumaqueños, alejados de los sitios seguros donde pululan los agentes de la DEA y los oficiales de interdicción, se está viviendo una crisis humanitaria que ha dejado cerca de 1.500 desplazados intraurbanos en los últimos tres meses.
Para esta edición, la FIP analizó la información de Medicina Legal sobre homicidios, violencia interpersonal, intrafamiliar, sexual y desaparición forzada entre el 2004 y el 2015, en tres regiones que serán claves para el postconflicto: Catatumbo, Tumaco y el Ariari. También, el comportamiento de la violencia en pareja e intrafamiliar del 2015.
El conflicto armado en la región del Nudo de Paramillo ha generado un fuerte impacto humanitario sobre la población que habita en los municipios que lo conforman. Entre 1997 y 2002 las altas tasas de homicidio, al igual que los desplazamientos forzados, estuvieron relacionadas con las fuertes disputas entre las FARC y las AUC. En años más recientes, es decir entre 2003 y 2013, las violaciones a los derechos fundamentales de la población civil han estado asociadas a las disputas entre bandas criminales y a la confrontación armada entre las FARC y la fuerza pública.
La región de Bajo Cauca, ubicada en el departamento de Antioquia en el límite con Córdoba y Bolívar, ha tenido presencia de múltiples actores armados desde la década de los setenta. Inicialmente se registró la llegada de los grupos guerrilleros ELN, EPL y FARC, y luego se dio la incursión y consolidación paramilitar a mediados de los noventa por medio de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, y luego del Bloque Mineros y el Bloque Central Bolívar de las AUC. Finalmente, posterior a la desmovilización paramilitar, la región ha vivido la formación de bandas criminales, entre las que se han registrado a Los Rastrojos, Los Paisas y Los Urabeños.Hoy, el dominio del territorio es disputado y compartido entre las bandas, las FARC y ELN