El retroceso en la reducción de los homicidios en Colombia es evidente. En el primer semestre de 2021, las muertes violentas aumentaron 24% comparadas con el mismo periodo de 2020. Para encontrar un número superior a las 6.864 víctimas que ya llevamos este año, hay que remitirse al 2013. Se suma que las víctimas de masacres se duplicaron, llegando a 81, la cifra más alta en la última década.
Hace dos años, el ELN realizó el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander (ECSAN) en Bogotá, que dejó 99 víctimas. Tras el hecho, el gobierno de Iván Duque puso fin al proceso de diálogo con esta guerrilla, condicionando su reactivación a que abandonaran el secuestro y cualquier actividad delictiva. El camino: la derrota del ELN a través de la persecución de la comandancia y la desmovilización de sus miembros. ¿Qué ha pasado? desde entonces
Análisis sobre los puntos clave del manifiesto, quiénes son los que acompañan al exnegociador del Acuerdo de Paz, qué futuro tiene la “nueva” guerrilla, qué disidencias podrían unírseles, qué tan factible es la alianza con el ELN y cuáles son los riesgos para la reincorporación de los excombatientes de las FARC.
Un año después de que el gobierno Duque pusiera en marcha la política “Paz con legalidad” —que busca ser la hoja de ruta para la estabilización del país—, la FIP analiza los incentivos que se le dan al sector empresarial y propone una serie de recomendaciones para fortalecer el rol de los empresarios en la construcción de paz.
El Gobierno se ha propuesto darle un rol protagónico al sector privado en la agenda de desarrollo del país. Sin embargo, al revisar la política Paz con Legalidad, que pretende ser la hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Paz, el papel que le asigna al sector empresarial es más bien secundario; lo cuál preocupa, si se tienen en cuenta las recientes declaraciones de Iván Márquez, pues hoy, más que nunca, esta política merece ser un proyecto de corresponsabilidad robusto y de largo alcance.
La construcción de la paz requiere de legalidad, pero también de legitimidad. El presidente Duque debe insistir en el pacto nacional que permita hacer los ajustes necesarios a través de la suma de voluntades.
En esta Nota Estratégica, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) muestra la situación actual de los guerrilleros que se acogieron al proceso, las distintas trayectorias de la reincorporación, los riegos, los mitos alrededor de las disidencias, y las perspectivas sobre su futuro.
A dos años de la implementación del PNIS, la FIP hace un balance del programa y analiza los desafíos que enfrenta. También llama a replantear la manera como se ha venido abordando la sustitución de cultivos, a través de un consenso que respalden actores claves.
El debate sobre el sucesor de Gonzalo Sánchez en la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) es un asunto político, así como el cambio que han venido teniendo las sociedades del hemisferio occidental alrededor de la memoria, en especial, el uso que se le da al pasado para legitimar el presente y justificar el futuro.
Un grupo plural de organizaciones de la sociedad civil, de académicos y de centros de investigación adscritos a universidades, entre los que se encuentra la FIP, detallamos en el siguiente comunicado a la opinión pública, consideraciones sobre la conveniencia política y viabilidad constitucional de la sanción presidencial del proyecto de ley estatutaria de administración de justicia de la JEP.