Mientras los grupos armados continúan vinculados a la explotación del oro de distintas formas, la estrategia del Estado para combatirlos sigue sin dar los resultados esperados. Este análisis arroja luces para entender un panorama complejo.
En un escenario tan complejo como el de la minería —donde coexisten actores legales e ilegales, comunidades étnicas y campesinas, empresas multinacionales y mineros artesanales—, parece titánica la idea de un diálogo en el que converse la Nación con los territorios. Aun así, es fundamental.
La estrategia reiterativa que tiene el Estado colombiano de emitir normas para enfrentar el fenómeno de la minería ilegal de oro, hace pensar que la fe depositada en la ley como una herramienta para transformar este fenómeno, produce más bien respuestas insuficientes y efectos contraproducentes.
Se acerca la presentación de la Brújula Minera y vale la pena preguntarse por la percepción que tienen los grupos indígenas y afro frente a los procesos de minería que los involucran. Esta conversación con un abogado ambientalista de una corporación indígena, arroja luces sobre un asunto en el que aún falta mucho por resolver.
¿Qué pasa con el mercado del oro en el mundo —y en particular en Colombia— por cuenta del Covid-19? ¿Qué impactos económicos, sociales y ambientales está generando su extracción en medio de la cuarentena? Esta columna de opinión, del Grupo de Análisis Sistémico de la Minería de Oro en Colombia de la FIP, plantea diversos escenarios y esboza varias propuestas para avanzar hacia una actividad minera cuidadosa y responsable en tiempos del coronavirus.
En los últimos cinco años, el ELN ha aumentado su pie de fuerza y se ha expandido a regiones en las que antes operaban las FARC. Su mayor participación en economías ilegales plantea preguntas sobre sus motivaciones. Además, preocupa su creciente influencia en Venezuela, donde controla zonas claves para la extracción de recursos naturales.
El desplazamiento de las FARC a 19 zonas veredales y 7 puntos transitorios mostrará los primeros efectos concretos de la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, los entornos de estas zonas presentan cinco grandes riesgos que las pueden afectar en diferente medida. ¿Cuáles son?
Daniel Rico, investigador asociado de la FIP, le explica a la periodista María Isabel Rueda en una entrevista para El Tiempo, a qué se debe el aumento de los cultivos de coca, los problemas para medirlos y las fallas institucionales para implementar programas de desarrollo alternativo.
Los resultados del censo de cultivos ilícitos de la ONU obligan a un replanteamiento profundo de las estrategias antinarcóticos. Al parecer, ni la erradicación manual ni los micropilotos de sustitución podrán reducir la coca y debilitar el crimen organizado que depende de ella.
Mientras el conflicto armado se desacelera y disminuyen las disputas entre bandas criminales por la supremacía del clan Úsuga y el debilitamiento de las demás, van saliendo a la luz otras dinámicas que hay que valorar con cuidado de cara al postconflicto. El nororiente de Antioquia es la región más crítica, en especial porque allí querría terciar el ELN. También preocupa la incidencia del narcomenudeo en las ciudades. Análisis FIP