Reflexiones del Acuerdo para silenciar las armas a la luz de una revisión teórica y de experiencias internacionales. Esas reflexiones incluyen los riesgos y los principales retos para su implementación, así como las implicaciones de la histórica declaratoria
¿Qué sigue una vez el combatiente deja su arma? ¿Es conveniente romper las estructuras armadas a las que perteneció o, por el contrario, hay que mantenerlas unidas mientras se generan entornos favorables? ¿Qué aprendizajes y posibles rutas de acción le dejan a Colombia experiencias internacionales sobre desarme, desmovilización y reintegración? Estas son algunas preguntas que responde el informe de la FIP, “Primeros pasos para la transición: apuntes para la estabilización provisional de las FARC”.
La administración del Alcalde de Medellín, Alonso Salazar, ha enfrentado en los últimos meses una fuerte turbulencia. Contra él se han dirigido virulentos ataques que pretenden deslegitimar la elección misma que lo llevó a la alcaldía de la ciudad. Su adversario en las elecciones del 2007, Luis Pérez, argumenta que la campaña del actual alcalde fue financiada y apoyada por nadie menos que el extraditado Don Berna. Este último, desde su reclusión en una cárcel norteamericana, confirma las acusaciones a través de una carta pública que combina vaguedades con aparentes precisiones: paquetes de a veinte millones, canalizados a través de un cuñado del candidato y apoyo electoral y proselitista en las comunas dominadas por los desmovilizados. A partir de esa acusación central se intenta lograr una reinterpretación de la historia reciente de la ciudad: los logros de la administración de Sergio Fajardo fueron montajes mediáticos que ocultaron una turbia realidad; los aportes de Alonso Salazar a la consolidación del programa de Paz y Reconciliación no fueron en pro de la desmovilización, sino que fueron el inicio y son el indicio de un complot electoral para consolidar su proyecto político en la ciudad de Medellín y en el país.
La presente entrega se detiene en los retos y dilemas que encierra la reciente adopción del concepto de reintegración por parte de la administración Uribe en el marco del proceso de desarme, desmovilización y reinserción luego de la implementación de la Ley de Justicia y Paz. Partiendo de la realidad tangible de que en el país existen hoy 43.500 excombatientes de grupos armados el documento analiza los lo que se ha hecho así como algunos desafíos que deberá afrontar el proceso en términos de acabar con el mercado de la guerra, cuándo establecer el límite final del proceso, qué hacer con las comunidades receptoras, el tratamiento diferenciado entre los desmovilizados y finalmente qué hacer si el proceso de reintegración fracasa.
La Fundación Ideas para la Paz y la Revista Semana, con el apoyo de las Embajadas de Holanda y Suecia y de la Fundación Konrad Adenauer, organizaron esta semana en Medellín el foro "Reconstrucción, Reinserción y Región". El foro estuvo seguido de un taller en el que participaron expertos internacionales del Banco Mundial, del Bonn International Center for Conversion y del PNUD, entre otros, así como representantes del Gobierno Nacional, de los gobiernos departamentales y locales, y miembros de la sociedad civil. A continuación reproducimos unas primeras conclusiones del taller que pretenden arrojar algunas luces sobre el proceso de reinserción en el que se embarcó el país.
Este boletín evidencia y analiza el fenómeno de la reinserción desde la perspectiva de la reconciliación a partir del desmonte de los Hogares de Paz que servían como lugar de acogida de los reinsertados luego de un atentado. El problema de los albergues, más que la seguridad, es la falta de un discurso de reconciliación. El debate planteado alrededor de los albergues en Bogotá, que se endureció luego del ataque en contra de un Hogar de Paz en Teusaquillo, es ante todo el resultado de una situación particular: la reinserción de ex combatientes sin acuerdos de paz. Esa es la diferencia fundamental con procesos anteriores. Ante la falta de un acuerdo, todo depende de la voluntad de los políticos y de la sociedad de crear consensos que permitan reintegrar a los ex combatientes a la vida civil. Es decir, de un proceso de reconciliación, que hasta hoy ha brillado por su ausencia.