Con el objetivo de generar propuestas concretas para responder al problema de las drogas que afecta a los países del hemisferio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia de Colombia, con colaboración del Woodrow Wilson Center y la Fundación Ideas para la Paz, convocaron a un diálogo entre los representantes de gobiernos y miembros de la sociedad civil. Este espacio de debate, apoyado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), contó con la participación de representantes de 13 países del hemisferio y miembros de 20 organizaciones no gubernamentales. La discusión se centró en dos temas:
El consumo de drogas desde la perspectiva de la salud pública;
Los derechos humanos y las leyes de drogas. Este evento culminó con la conformación de mesas de trabajo que, a través de una lluvia de ideas, propusieron un conjunto de recomendaciones que se plasman en la parte final de este documento.
I. Consumo de drogas desde una perspectiva de salud pública: Principales retos y propuestas de política pública
Las políticas para responder al problema de las drogas han adoptado gradualmente un enfoque de Salud Pública. Desde esta perspectiva, el consumidor no es considerado como infractor de la ley. El informe de la OEA El problema de las Drogas en las Américas plantea que la despenalización del consumo de drogas debe ser considerada como la base de cualquier estrategia de Salud Pública. Sin embargo, la adopción de esta perspectiva enfrenta desafíos importantes en los países de América Latina, que tienen acceso limitado a los sistemas de salud pública e insuficientes capacidades institucionales para dar respuesta al problema de las drogas.
Con el objetivo de abrir un diálogo sobre estos temas, en el primer panel un grupo de expertos presentó experiencias, hallazgos y propuestas que parten de estudios y prácticas desarrolladas en la región, relacionados con el consumo de drogas desde la perspectiva de Salud Pública, específicamente en Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos.
Principales planteamientos y recomendaciones:
El enfoque de salud pública desde una perspectiva comunitaria. Bajo este enfoque las personas se conciben como parte de una red que puede ser aprovechada para la atención y el tratamiento del uso problemático de las drogas. Las comunidades cuentan con recursos que pueden ser aprovechados para generar pequeños cambios que sumados producen importantes impactos a nivel local y nacional.
La dignificación de las personas como un eje central de las respuestas al consumo de drogas. El enfoque de salud pública ubica en el centro a las personas y el reconocimiento de sus derechos y libertades. Aun tratándose de consumidores con usos problemáticos, adictos o incluso personas que sean parte de las redes de narcotráfico, debe prevalecer su condición de ser humano. La categoría de enfermo no puede aplicarse a todos los consumidores y la estigmatización aleja la posibilidad de acceder a apoyo, atención y tratamientos.
El análisis del espectro del uso de sustancias psicoactivas como guía de la política pública. Los diferentes tipos y usos de drogas deben guiar la revisión de las políticas de drogas y sus distintos componentes. Es importante evaluar la criminalización del uso de ciertas sustancias psicoactivas y sus resultados, e invertir en el cambio y la innovación.
Intervenciones basadas en la reducción de daños y los derechos humanos. La reducción del daño fue desarrollada inicialmente como un enfoque para reducir el riesgo de transmisión de VIH por el uso de jeringas contaminadas por usuarios de drogas; actualmente se promueve como una estrategia para permitir una intervención directa con usuarios con estilos de vida caóticos. La reducción del daño parte de la aceptación de que el consumo lícito o ilícito de drogas y alcohol es una realidad y por eso promueve un trabajo para minimizar los efectos perjudiciales para el individuo y para la sociedad.
El fortalecimiento de capacidades para el cambio de un enfoque meramente punitivo a un enfoque de salud pública. Este cambio requiere de una aproximación multidisciplinaria que permita construir una red formal de servicios que garantice el derecho a recibir atención, con intervenciones basadas en fundamentos científicos, el reconocimiento de las libertades y los derechos, la fiscalización de las respuestas institucionales y la apertura de mecanismos de participación social.
II. Derechos Humanos y leyes de drogas: Principales retos y propuestas de política pública
Los esfuerzos por controlar las drogas han estado asociados, en algunas ocasiones, a violaciones de los Derechos Humanos y a las libertades individuales. Diversos estudios han demostrado que existe una desproporción entre la gravedad del delito cometido y las penas aplicadas por la ley. Esta situación recae especialmente sobre los eslabones más débiles de la cadena y los grupos más vulnerables. Se destaca la feminización de los delitos relacionados con las drogas y con porcentajes crecientes de mujeres encarceladas por tráfico o tenencia de drogas. La criminalización ha agravado los problemas de salud pública marginando a los consumidores.
Con el objetivo de abrir un diálogo sobre estos temas, en el segundo panel un grupo de expertos presentó experiencias, hallazgos y propuestas que parten de estudios y prácticas desarrolladas en la región.
Principales planteamientos y recomendaciones:
Necesidad de una política de drogas integral con enfoque de género. Es necesario desarrollar una política preventiva integral –no sólo policiva– que tenga en cuenta las dinámicas de la región: el funcionamiento de las redes, las relaciones de género, la feminización de la pobreza, la violencia de género y su impunidad sistemática desde el Estado. Es relevante definir parámetros para las sentencias, de acuerdo a un trabajo consensuado con perspectiva de género y derechos humanos.
El respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos como eje central de la política de drogas. La armonización de las obligaciones internacionales en materia de drogas con las de derechos humanos no es una opción para los Estados, es una obligación. El régimen frente a las drogas debe ser compatible con las obligaciones en derechos humanos y en caso de conflicto las últimas tienen que prevalecer. Bajo este marco, las políticas deben contar con principios transversales como el de participación, de no discriminación y de rendición de cuentas. Lo anterior implica tener una especial consideración con las poblaciones vulnerables y contar con sistemas de monitoreo sobre el impacto de la política de drogas en los derechos humanos.
Elementos claves que la política de drogas debe tener en cuenta en la perspectiva de los Derechos Humanos: a) El abordaje desde la salud pública, asumiendo al consumidor como un portador de derechos; b) La exigencia de una castigo proporcional y la revisión de los impactos desproporcionados de las políticas de drogas; c) El estudio de otras alternativas, como el caso de la marihuana en Uruguay; d) El desarrollo de políticas para reducir la violencia; e) La revisión de las políticas de erradicación desde la perspectiva del desarrollo.
Reenfocar los recursos y capacidades bajo una perspectiva de inclusión social y Derechos Humanos. Es una prioridad incrementar el acceso a tratamientos, reducir el número de personas en prisiones por delitos de drogas –lo cual resulta muy costoso tanto en términos económicos como humanos–, y enfocar los recursos al mejoramiento de las condiciones económicas y sociales bajo un enfoque equilibrado entre la prevención y la aplicación de la ley.
III. Recomendaciones de las mesas de trabajo
Luego de la discusión en los dos paneles, los asistentes conformaron mesas de trabajo para debatir sus posiciones frente al abordaje del problema de las drogas en cuanto a la relación entre salud pública y el consumo, y los derechos humanos y las leyes de drogas. A continuación se presentan las propuestas de las distintas mesas de trabajo. Estos puntos no pretenden reflejar un consenso, sino dar cuenta de las distintas visiones y perspectivas.
Consumo de drogas desde una perspectiva de salud pública
Pensar la salud pública sobre conceptos concretos, sujetos a realidades y contextos.
Plantear una diferenciación entre el tipo de consumo y el tipo de drogas.
Difundir el desarrollo de programas comunitarios y servicios que articulen la política de prevención, fortaleciendo el diagnóstico sobre las fuentes del problema en las comunidades y los núcleos familiares.
Expandir la definición de tratamiento para que sea más inclusivo para toda la comunidad que es usuaria de drogas.
Promover programas de prevención que involucren al individuo y su entorno.
Ampliar la oferta de tratamiento que contemple los diferentes niveles de complejidad y acceso a servicios de salud, fortaleciendo la coordinación entre las distintas entidades.
Definir en el presupuesto nacional destinaciones específicas para atender el tema de consumo de drogas desde la salud pública.
Estimar el impacto que tiene en la salud pública las prácticas de erradicación, fumigación y penalización de drogas.
Fortalecer las respuestas de política pública frente al consumo de alcohol de niños, adolescentes y familias, con un enfoque preventivo.
Desarrollar un diagnóstico interno en los países sobre la salud pública focalizando el problema.
Derechos Humanos y leyes de drogas: Principales retos y propuestas de política pública
Divulgar los derechos humanos y su prevalencia sobre otras convenciones.
Revisar la desproporcionalidad de las penas al consumo de drogas, prestando especial atención a las condiciones de género y el aumento alarmante de la población carcelaria. Esta desproporcionalidad ocasiona que el peso de las sanciones recaigan en el eslabón más débil de la cadena.
Ampliar la comprensión social del problema de las drogas partiendo del análisis de las condiciones de pobreza y violencia.
Reconocer en los usuarios de drogas sujetos de derechos.
Revisar la criminalización que afecta el reconocimiento de los consumidores como sujetos de derechos y fomenta la estigmatización y discriminación que aumenta la vulnerabilidad del consumidor y su salud. Evitar tratar a los consumidores como enfermos.
Reorientar los observatorios de drogas y sus resultados conectándolos con instancias académicas que permitan hallazgos con evidencias objetivas.
Buscar alternativas al encarcelamiento y al tratamiento obligatorio/compulsorio. Más alternativas administrativas y proporcionales que promuevan modos de vida sostenibles.
Integrar el enfoque de derechos humanos con todas sus dimensiones incluyendo la salud, la reducción de riesgos y daños, y la proporcionalidad de penas y educación.