Proyecto conjunto entre la ICTJ y la FIP para promocionar escenarios de diálogo sobre la justicia transicional.
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Convencidos de que la justicia transicional tiene una gran papel en la construcción de una paz sostenible y duradera para Colombia, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y la FIP vienen adelantando una serie de encuentros en Cartagena, Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá, para promover una discusión que contribuya a la formulación de políticas de justicia transicional y a la efectividad de sus mecanismos.
“En Colombia se hace pertinente la discusión sobre la necesidad de la concepción de integralidad de la justicia transicional, es decir, que se conciban sus diferentes medidas como un todo integrado en el que la justicia penal, los mecanismos no judiciales de esclarecimiento de la verdad, las medidas de reparación a las víctimas y la implementación de las medidas necesarias que permitan reformas institucionales en pro de ofrecer garantías de no repetición, se complementen”, afirman los coordinadores del proyecto.
En Medellín, por ejemplo, se reunieron para hablar del tema, organizaciones de paz, de derechos humanos y de víctimas. La siguiente es una entrevista realizada a Juan Carlos Palou, coordinador del área de Construcción de Paz y Postconflicto de la FIP y a Gustavo Salazar Arbeláez, coordinador programático del ICTJ, quienes hablaron sobre la importancia de la justicia transicional para una solución negociada del conflicto, y sobre la forma en que se debería consolidar el Marco Jurídico para la Paz.
Un camino hacia la verdad, la justica y la paz
Los analistas manifestaron que la justicia transicional debe buscar toda la justicia y verdad posibles, implementar mecanismos para facilitar la negociación de la paz y darle garantías a los derechos de las víctimas.
También afirmaron que se deben desarticular los aparatos organizados de poder, que desde las altas esferas de la sociedad garantizaron el origen y perdurabilidad de algunas estructuras armadas; por lo que insistieron en que la figura de los ‘máximos responsables’ no se debe reducir a los comandantes militares.
De igual forma destacaron que tras el proceso de desmovilización paramilitar, las víctimas del conflicto mostraron una gran fortaleza organizativa y ganaron mucho terreno en el ámbito político e institucional; pese a las decepciones que ha dejado la Ley 975 en materia de justicia y verdad.
Estos y otros planteamientos fueron ampliados por los dos expertos, en entrevista con la Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC), el cual participó en la organización del evento.
Entrevista a Juan Carlos Palou de la FIP
Usted afirma que en Colombia existen dos posiciones cuando se habla de justicia transicional ¿Cuáles son? En primer lugar una posición considera que en Colombia hay un conflicto armado y que lo mejor que se puede hacer es lograr la paz, así esa paz tenga unos costos en materia de justicia e incluso, en algunos casos, delimitaciones de la democracia. La otra posición considera que en Colombia, antes de cualquier cosa, debe haber justicia para aplicársela a quienes han cometido delitos graves, aún en el contexto del conflicto armado. Por lo tanto promueven un papel muy protagónico de la justicia criminal.
¿Debería existir un punto intermedio o cree que alguno de esos enfoques es más benéfico para la justicia transicional en el país? Yo creo que hay puntos de vista de los dos enfoques que son válidos y que deberían ser recogidos en la legislación que desarrolle el Marco Legal para la Paz, es decir, que haya una parte muy importante de justicia y que haya un reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Pero, también, que haya suficiente pragmatismo como para que se logre resolver el conflicto armado interno por la vía negociada, que se pueda negociar algún grado de flexibilidad de la normatividad judicial, que se pueda acudir a estrategias más integrales y no solamente judiciales, en aras de superar el conflicto armado y llegar a la paz.
¿Aún se puede lograr una buena dosis justicia y verdad en el país, porque en el proceso de desmovilización de los paramilitares esos dos aspectos en parte terminaron relegados? Sí, realmente el antecedente del proceso de desmovilización con los paramilitares deja un sabor muy amargo que puede tener impactos sobre futuros procesos de paz. Pero nosotros, por lo menos en la FIP, creemos que la Ley de Justicia y Paz todavía tiene la posibilidad de ser recuperada como un instrumento para lograr verdad, para desmontar en gran medida todas las estructuras que permitieron la aparición y desarrollo de los paramilitares. Y, también, más adelante, los gobiernos tendrán que enfrentar a las BACRIM que son como un efecto indeseado de desmovilización paramilitar.
¿Habrá que integrar a las BACRIM a un eventual proceso de paz? Yo diría que en este momento el gobierno, y creo que con razón, no quiere integrarlas, no les quiere dar el carácter de actores del conflicto armado sino que las quiere tratar como organizaciones criminales que están vinculadas al narcotráfico, al secuestro, al tráfico de gasolina, al contrabando, el narcomenudeo, a muchas actividades ilícitas rentables pero que realmente no forman parte del conflicto armado, aun cuando tienen interacciones inevitables con el conflicto armado.
¿Por qué afirma que “con razón” el gobierno no les quiere dar las BACRIM el estatus de actores del conflicto? Porque de lo contrario empezaríamos a abrir diálogos indefinidamente. Es decir, si el gobierno les da el estatus de actores armados pueden llegar a reclamar incluso un tratamiento benéfico y laxo de parte de la jurisdicción penal, y finalmente, ahí si se estaría incentivando claramente el crimen. En el caso de las guerrillas, por ejemplo, son actores que vienen de mucho tiempo atrás, que tienen de todas maneras algún ingrediente político y por lo tanto el tratamiento frente a ellos debe ser diferente.
¿El hecho de crear un Marco Jurídico para la Paz sin que aún exista un proceso formal de diálogo con la guerrilla, no incentiva también esa continuidad de la violencia? Eso también se ha dicho, pero lo cierto es que en Colombia siempre ha existido el delito político y a pesar de que se ha recortado mucho en su alcance, sigue existiendo. Algunos dicen que es un incentivo para delinquir, pero nosotros creemos que no, que realmente puede ser más bien un incentivo para dar por terminado un conflicto armado como ocurrió en el pasado. Por lo demás, el Marco, tal como se elevó a la Constitución, aun no da un lineamiento preciso sobre qué pena se le va a imponer a qué tipo de delito. Así que nadie puede hoy decir que ese Marco es un incentivo para el delito porque es tan incierto y tan abierto, que es difícil asignarle ese.
Los mecanismos de justicia transicional se crean de acuerdo a los escenarios y contextos propios de cada conflicto ¿Cuál es el contexto colombiano actual? Hay un Estado que no está totalmente colapsado y que de todas maneras tiene responsabilidades en el conflicto, en términos de haber cometido violaciones de los Derechos Humanos, errores en determinados momentos. Ese Estado enfrenta unos actores armados que no están totalmente derrotados. En cuanto su proyecto político y militar digamos que están estratégicamente derrotados, pero todavía conservan una fuerza importante de perturbación, de generar inestabilidad política y social en muchos territorios. Estamos hablando de unos poderes concretos con los cuales hay que interactuar, hay una parte militar que es ineludible pero hay que abrirle espacio también a la posibilidad de un diálogo negociado, de terminar el conflicto no por la vía de la mutua extinción sino por la vía del mutuo reconocimiento, de que la violencia no es el camino.
¿De lograrse una eventual negociación con las guerrillas en el marco de la justicia transicional, la paz estaría garantizada para Colombia? El Marco Jurídico para la Paz tiene una finalidad que es darle cierre al marco del conflicto armado interno. Eso no quiere decir que la violencia vaya a desaparecer, porque hay otros actores y otros móviles para la violencia, pero creo que si se logra que las guerrillas de las FARC y el ELN abandonen la vía armada y entren en un proceso de acción política democrática, tendríamos un panorama bastante más optimista.
¿Cuál es el papel de las víctimas y de la sociedad en este tipo de procesos, teniendo en cuenta que en muchos casos las primeras se sienten re victimizadas? Yo tendría una óptica más optimista. Uno entiende que las víctimas siempre creen que habrían podido lograr más, que se les tendría que haber dado más, pero también creo que las víctimas han logrado mucho y van a seguir logrando cosas. Hoy en día han fortalecido su posición política e institucional y eso es un logro, incluso inesperado, de un proceso de desmovilización paramilitar. Las víctimas deben seguir haciendo lo que han venido haciendo, acumulando capital político e institucional y logrando reconocimiento de su situación y reparación. Mientras tanto, la sociedad debería, progresivamente, irse involucrando más en los procesos de justicia transicional.
Entrevista a Gustavo Salazar Arbeláez del ICTJ
¿En qué aspectos se centra el debate sobre justicia transicional en Colombia? Hay muchos puntos, uno de los primeros que queremos resolver es cuál es la utilidad y el sentido de la justicia transicional en el marco de un conflicto armado, entendiendo que la justicia transicional se desarrolla una vez cesada la violencia. Lo que hemos propuesto es que la justicia transicional es una oportunidad para lograr la paz de Colombia dando respuesta a las víctimas, dado que en el caso colombiano hay varios actores que han actuado y dejarán de actuar en momentos distintos. En ese sentido tenemos numerosas víctimas en diferentes momentos del tiempo y hay que darles respuesta. No podemos esperar a que cese el conflicto para darles respuesta.
¿Qué lecciones le dejan al país los anteriores procesos de justicia transicional y qué tanto contribuyen a la consolidación del Marco Jurídico? El Marco Jurídico para la Paz es resultado de las lecciones derivadas de la Ley 975, de la Ley 1448 y de procesos anteriores. En esa medida es una respuesta parcial porque todavía no ha tenido el desarrollo legislativo necesario. Y es una respuesta parcial a situaciones de aprendizaje como que no toda la verdad es posible, que es difícil juzgar a todos los victimarios y que hay que dar respuesta a las víctimas. El Marco abre esas posibilidades y una de ellas, en términos de dar respuesta a las víctimas, es la creación de la Comisión de la Verdad como mecanismo que complementa los desarrollos de los aparatos judiciales.
¿Si no es posible toda la verdad y algunas víctimas están dispuestas a sacrificar algunas cosas, qué debería entregar el Estado y qué los victimarios? Ese es un asunto a muchas manos. Hay que tratar de no negociar la verdad, lograr la máxima verdad posible, la máxima reparación, entendiéndola como una serie de medidas complejas que van desde la restitución de los bienes hasta la compensación, pasando por la rehabilitación que es atención psicológica para las víctimas, además de medidas de satisfacción que ilustren el carácter injusto de la violencia. En temas de justicia lo que nosotros hemos planteado es que la Ley de Justicia y Paz evidentemente fue incapaz de dar respuesta suficiente a la justicia. La transacción que nosotros señalamos es básica pero tiene que estar orientada hacia el desmantelamiento real de los aparatos organizados de poder. En esa medida no vamos a aclarar todos los casos, no vamos a juzgar a todos los victimarios, pero hay que avanzar en las garantías de no repetición logrando el desmantelamiento de los aparatos organizados de poder.
¿Partiendo de que existen aparatos organizados de poder, quiénes serían los máximos responsables? El Marco establece los máximos responsables, que nosotros entendemos no se pueden reducir a los comandantes militares de las estructuras armadas sino a los que están detrás, quienes financian, promueven, incentivan o determinan la existencia de esos grupos. En el caso colombiano, seguramente estamos hablando de clase dirigente, políticos, empresarios legales e ilegales y estamos hablando de otro tipo de poderes que no hemos conocido, posiblemente miembros de la Fuerza Pública.
Después de la desmovilización de los paramilitares se conocieron algunos de esos poderes pero surgieron las BACRIM ¿Por qué ocurrió? Precisamente porque el fenómeno de la Ley 975 es incompleto en la medida en que no recoge la culpabilidad del máximo responsable, del hombre de atrás. Esas estructuras no se desmantelan de manera real, entonces quedan un poco por fuera aquellos que son remplazables. En esa medida, el desmantelamiento de los aparatos es muy parcial, pero hay que reconocer que más allá del carácter parcial de ese desmantelamiento ha habido aportes a la verdad, se han revelado nexos y la dimensión de lo que realmente era. Eso es parte de los aprendizajes que determinaron la necesidad de enfocarse sobre los máximos responsables, en términos del Marco Jurídico para la Paz. La responsabilidad del Estado sería entonces no fallar de nuevo en el desmantelamiento de los aparatos organizados de poder. Siempre se puede fallar, por eso hay que tomar muy bien las medidas y las determinaciones de a quiénes se juzga y por qué se juzga. Además, en el caso de la guerrilla, se pueden abrir las puertas para que algunos actores actúen políticamente y otros paguen por los crímenes.
¿Cree usted que la guerrilla tiene intención de negociar? Es muy difícil saberlo, yo creo que las FARC siempre tienen sobre la mesa una solución negociada, la pregunta es cuál es el alcance, las posibilidades y los procedimientos necesarios para llevar a cabo esa solución negociada o no.
Partiendo de eso, ¿qué tan importante es este Marco Jurídico para la Paz? El rango constitucional le da mucha solidez y determina que no puede llevarse el arbitrio por parte de los próximos gobiernos. En esa medida, la norma existe y va a existir porque revocarla es difícil y darle vida a través de actos legislativos es bastante factible. Lo que pasa es que hay que llenarla de contenido y eso es un riesgo porque es una hoja en blanco. De ahí nuestra insistencia a la sociedad civil en la necesidad de participar en cómo se llena eso de contenido, en cómo se define la Comisión de la Verdad y en cómo se definen los máximos responsables. Si ese contenido lo llenan otros puede resultar que se contradigan completamente los objetivos y razones de ser de la justicia transicional. Hay una cantidad de cosas a determinar, entendiendo que la verdad es una respuesta ineludible para las víctimas.