Esta columna de opinión se publicó en La Silla Vacía el 26 de febrero de 2022

El precio que hemos pagado los colombianos ha sido alto. Hoy el ELN es un grupo más robusto militar y económicamente de lo que lo era en el año 2018, al menos en sus estructuras más importantes.

Esto no solo marca el avance limitado de la ofensiva que proclamó el presidente Duque tras el atentado de esta organización contra la Escuela General Santander en 2019, sino también un nuevo periodo de estancamiento del conflicto con esta organización guerrillera. ¿Qué balance nos queda? ¿Qué tipo de organización recibirá el próximo presidente el 7 de agosto?

Presencia diferenciada

La naturaleza del ELN como organización militar, sus dinámicas internas y la capacidad de ejercer mando y control sobre sus unidades oscila entre la cohesión discursiva y la presencia diferenciada en el territorio.

Formular una nueva estrategia contra este grupo requiere una aproximación de seguridad, pero también de eventual negociación. Para hacerlo, es determinante entender los contextos y las consecuencias de la presencia diferenciada en las subregiones donde la organización aún juega un papel dentro de la vida de las comunidades.

Así, el intento de expansión territorial de esta guerrilla tras los cinco años de la desmovilización de las antiguas Farc los ubica en tres formatos territoriales.

  • En el Oriente del país (Arauca, Catatumbo, Casanare) es un factor de orden y es actor estructurante y determinante de las trayectorias violentas.
  • En el Occidente (Chocó, Cauca y Nariño) es un actor marginal territorialmente, pero con un protagonismo militar resultado de su confrontación militar con otros actores armados, que redunda en un importante impacto humanitario.
  • En el Centro (sur de Bolívar, bajo Cauca y nordeste antioqueño) una expresión armada en función de la preservación de la fuerza y la gestión de rentas ilegales.

Estas tres realidades muestran unas brechas considerables entre el discurso del ELN, atado a una identidad política afianzada como “movimiento en armas” y las maneras en que los diferentes formatos subregionales del ELN se relacionan con las economías ilegales y las comunidades en las que hace presencia.

Acciones del conflicto vs. impacto humanitario

En general, la actividad armada del ELN en los últimos años se ha mantenido estable. El repunte que estamos viendo en el 2022 es propio de un escalamiento general del conflicto en el que otros grupos, como las denominadas disidencias, han vuelto al centro de las dinámicas del conflicto, pero también de un ELN que pretende mantenerse vigente en el marco de la contienda electoral mediante acciones económicas en términos de esfuerzo militar como los atentados con explosivos y la disrupción de las principales vías de acceso en algunos departamentos del país.

NÚMERO DE ACCIONES ARMADAS POR REGIÓN (2015-2021)

Sin embargo, mientras la iniciativa armada ha permanecido estable a lo largo de cuatrienio dado el incremento del 2018 y la disminución del 2020, el impacto humanitario generado por esta organización se ha mantenido en aumento. Esto obedece a que las diferentes versiones del ELN divergen entre la franja oriental y occidental del país, donde el control territorial que pretende ejercer puede oscilar entre dominio, coexistencia y disputa con otros grupos como las diferentes disidencias de las Farc y el Clan el Golfo.

IMPACTO HUMANITARIO EN ZONAS DE INFLUENCIA DEL ELN

Así, por ejemplo, la gráfica muestra que la manera en que el ELN enfrenta a los demás grupos armados es mediante el castigo a la población civil lo cual, a los ojos de la población civil, impide diferenciarlo de otros grupos considerados en su momento como grupos paramilitares.

En el 2018 la disputa contra los Pelusos tuvo un impacto humanitario considerable en el Catatumbo al igual que lo han tenido las guerras subregionales con el Clan del Golfo en el Chocó, o con las diferentes disidencias en Nariño y Cauca durante los últimos dos años.

Desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios en personas protegidas y objetivos no legítimos dentro de las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario están entre las maneras en que el ELN hostiga y castiga a las comunidades que percibe como alineadas con el estado o con otros grupos.

De igual manera, a pesar de que el ELN ha evitado confrontaciones extendidas con la Fuerza Pública, su iniciativa armada se concentra allí donde es más fuerte (Catatumbo y Arauca) en donde se prevé que prevalezca sobre el Frente Décimo de las Farc, dados los golpes que han propinado los gobiernos de ambos países a esta disidencia en las últimas semanas.

Por ello, al comparar las acciones del ELN con las acciones de los demás grupos armados se evidencia que esta organización no es el jugador determinante de la violencia organizada en el país a pesar de mantenerse vigente en el debate nacional a través de iniciativas como los paros armados. Esto no quiere decir que para el país entero no sea urgente solucionar el conflicto con el ELN.

En la franja occidental del país el ELN atraviesa por un proceso degradación que ha erosionado de manera acelerada su relación con las comunidades. Es el caso del Chocó donde, ante el repliegue provocado por el avance del Clan del Golfo sobre las cuencas del Atrato y el Baudó, la guerrilla cambió de estrategia y optó por el confinamiento de las comunidades. Esto llevó a un incremento de la utilización de minas antipersona en lugar de su desplazamiento llevando al extremo su comportamiento violatorio del Derecho Internacional Humanitario.

Lo propio sucede en el Cauca, donde la confrontación con la disidencia Carlos Patiño ha provocado el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y el incremento del uso de minas antipersona. Esto ha alterado las estructuras del gobierno propio en comunidades étnicas, ahora profundamente trastornadas por la economía del narcotráfico.

Transiciones internas y relevos generacional

A la pérdida de territorios de influencia en la franja occidental del país se suman los golpes propinados por la Fuerza Pública. Durante estos cuatro años, y hasta la fecha de este artículo, el Gobierno nacional no ha logrado afectar de manera decidida las estructuras más fuertes del ELN en el nororiente del país, lo cual podría cambiar el escenario de la confrontación.

La mayor parte de los golpes que las Fuerzas Militares le han propinado a esta guerrilla se han dado justo allí donde el ELN viene perdiendo la confrontación con el Clan del Golfo, o donde se ha dedicado a preservar su fuerza militar como el en caso del Nordeste Antioqueño y el Sur de Bolívar, concentrado de lleno a la gestión de economías ilegales.

La acción del Estado y los relevos generacionales al interior de esta organización vienen provocando un tránsito lento, pero probablemente definitivo al interior del ELN. La nueva comandancia general de Antonio García, el papel central que ha cobrado el Frente de Guerra Urbano, la presunta muerte de alias “Pablito” (el hombre fuerte en lo militar), y el descabezamiento del Frente de Guerra Occidental supone un relevo generacional hacia mandos más jóvenes, más ligados a economías criminales y más radicales en lo político.

Es probable que esto se traduzca en un cierre de la oportunidad de la paz, pero también en un aumento del comportamiento predatorio de esta organización frente a la población civil.

En conclusión, este periodo nos deja una insurgencia federada y binacional que ha buscado expandirse y consolidarse en nuevas zonas, pero cuyas las trayectorias territoriales presentan variantes. Un rasgo distintivo de este proceso es un aumento en el impacto humanitario de una guerrilla mucho más localista.

La lógica de esta trayectoria ha estado marcada por la defensa o búsqueda de ampliación de sus dominios territoriales para regular y extraer recursos de las economías lícitas e ilícitas y ordenar a las poblaciones vinculadas a estas. No obstante, la distribución geográfica del grupo armado continúa siendo esencialmente la misma que antes del desarme de las Farc.

A pesar de estas transformaciones, el problema del ELN sigue siendo un problema de la consolidación del Estado de Derecho en zonas del país donde la ineficiencia del Estado y la negligencia de la clase política les ha permitido permanecer vigentes a pesar del daño que infringen a estas poblaciones que aún no logran ser integradas a los principales circuitos económicos del país.

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