Los resultados de las pasadas elecciones de los Consejos de Juventud dejan una sensación agridulce: pese a que cumplen con un pendiente que el Estado colombiano tenía desde 2013 y permiten que esta figura entre en funcionamiento el próximo año en todos los municipios del país, también le restan dinamismo y novedad a un proceso que adquirió protagonismo por cuenta de las movilizaciones del primer semestre del 2021 y el papel de los jóvenes en ellas.
Por eso, el principal reto para los consejeros y consejeras recién elegidos será demostrar que pueden “traer de vuelta” aquello que las catapultó: interpretar las distintas agendas e inconformismos de los jóvenes, traducirlas en aportes para las acciones y políticas públicas sobre juventud, y hacer control social a esas políticas.
Aunque en el papel la figura de los Consejos de Juventud nació en 2013, pues fueron definidos por la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil de ese año, su reglamentación solo se produjo hasta 2018 y la elección de sus integrantes apenas acaba de ocurrir. Se trata de un pendiente de alrededor de ocho años, cuyo cumplimiento se debe reconocer.
Este proceso electoral se dio en un contexto particular: las fuertes movilizaciones entre abril y junio que llevaron a distintos sectores de la sociedad a buscar alternativas. Algunas estuvieron más inclinadas a ejercicios de diálogo ajustados a la medida de lo que estaba pasando, y otras más cercanas a figuras institucionales ya existentes. Allí, los Consejos de Juventud se identificaron como una oportunidad: espacios establecidos por ley que reconocen la importancia de vincular a los jóvenes en los asuntos de política pública y, además, elegidos por el voto popular joven. La inscripción de candidatos fue altamente dinámica, con unas 7.200 listas con cerca de 4 mil aspirantes. Esto fue visto como una señal de entusiasmo por parte de los jóvenes frente a la oportunidad de vincularse a los asuntos públicos que los atañen, bajo un ejercicio muy propio de la democracia: unas elecciones.
Con los resultados de las elecciones del 5 de diciembre, llegaron los sinsabores. Por una parte, la votación no fue masiva, aunque tampoco resultó insignificante: solo votó el 10,5 % del censo electoral respectivo (jóvenes entre los 14 y los 28 años). Pero el número de total votantes —cerca de 1.300.000— sí es significativo. El sábado 4, por ejemplo, se realizó la consulta interna del Polo Democrático y votaron unas 134.000 personas. En 2019, la consulta liberal se acercó a las 750 mil personas. Estos resultados no son del todo comparables, pero muestran alcances y límites de ejercicios de votación distintos a las elecciones generales.
Por la otra parte, la mayoría de los votos responden a los operadores políticos tradicionales; es decir, a los partidos políticos. Así, el 56 % de los votos fueron por las listas de partidos o movimientos políticos, el 29 % de listas independientes y el 15 % procesos y prácticas organizativas (los tres tipos de listas que se podían inscribir). Y los partidos más votados fueron el Partido Liberal, el Partido Conservador y Cambio Radical. Esto no es negativo en sí mismo, pero hay que advertir unos riesgos: ¿están los partidos más tradicionales en capacidad de transmitir los desconciertos y anhelos de los jóvenes? ¿Qué tanto les están apostando a los Consejos de Juventud como una primera plataforma hacia otros cargos de elección popular, como los Concejos Municipales o las mismas alcaldías? (en una columna pasada señalé que esta es una de las principales inercias a superar).