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El Paro Nacional de finales de 2019 en Colombia demostró, de manera contundente, un descontento amplio y una fuerte desconexión entre la ciudadanía y los canales tradicionales de representación política. Si bien las movilizaciones se fueron opacando por cuenta de la pandemia, esta profundizó las causas objetivas del descontento y sumó el malestar emocional producto del confinamiento.

En septiembre de 2020 presenciamos un nuevo estallido que, sin embargo, fue bajando otra vez de intensidad. Luego, desde finales de abril hasta bien entrado junio de 2021, se volvió a reactivar la protesta con tal furia que desafió al peor momento de contagios y muertes por covid-19 que ha tenido el país.

Hoy reina una tensa calma. Aunque las movilizaciones perdieron impulso y respaldo ciudadano, la llama se puede volver a avivar. Persisten conflictos de la más distinta índole (sociales, económicos, étnicos, políticos, ambientales, etc.) que requieren soluciones, no sólo para evitar que la ciudadanía salga de nuevo a las calles, sino para prevenir que la violencia se convierta en la respuesta a los conflictos y, en general, a las diferencias.

Las amenazas y homicidios de líderes sociales en zonas rurales –que impiden avanzar en la construcción de paz territorial– y de jóvenes vinculados a las manifestaciones en las ciudades, son señales de alerta para garantizar una movilización activa tan necesaria en esta etapa de estabilización que atraviesa Colombia. Por ello, hay que insistir en la búsqueda de caminos que, a la vez, permitan gestionar pacíficamente las conflictividades y contribuyan a reconectar la ciudadanía con la institucionalidad.

Una mirada reflexiva de los ejercicios de diálogo

En la FIP venimos reflexionando sobre el lugar que debe tener el diálogo en el trámite pacífico de las conflictividades sociales. Hemos identificado, mediante un ejercicio de mapeo[1] de experiencias que nacen entre el 2006 y el 2021, cómo en Colombia se vienen desarrollando ejercicios de diálogo, distintos a las negociaciones con los grupos armados (ver gráfica).

Se trata de iniciativas que tienen diferentes énfasis, composiciones y metodologías, pero que comparten los siguientes elementos: en ellas se invitan actores diversos a encontrarse para hablar de una o varias problemáticas, con el objetivo de reconocer la diversidad de posturas, complementar argumentos y generar propuestas.

La gráfica muestra el año de inicio o nacimiento de este tipo de ejercicios. En ella se observa un incremento en la creación de iniciativas desde el 2017, que desciende en 2020 (presumiblemente por efectos de la pandemia) y vuelve a aumentar de forma significativa en lo que va del 2021[2].

La matriz da cuenta de la diversidad mencionada previamente. Encontramos iniciativas multiactor como Guías Colombia, que nace en 2006 para promover operaciones empresariales respetuosas de los DDHH y reúne a empresas, organizaciones de la sociedad civil, internacionales y a entidades del gobierno colombiano. También está el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM), que nace en el 2014 y busca incidir en las políticas públicas del sector a través de una metodología de diálogo estratégico desarrollada por el grupo. O, la Plataforma Diálogos Improbables, que desde el 2017 apuesta a espacios de conversación con personas que tienen posturas distintas, muchas veces contrapuestas, sobre temas de convivencia y desarrollo territorial (no se centra en ningún sector específico). Todas estas experiencias siguen en curso.

Además, encontramos ejercicios impulsados por la institucionalidad pública que, a diferencia de las iniciativas anteriores, abarcan un periodo definido. Entre ellas se encuentran las Cumbres de Diálogo Social (2018 a 2020), organizadas por la Procuraduría General de la Nación, en las que participaron líderes de sectores empresariales, sociales, políticos, artísticos e institucionales del país, con el propósito de deslegitimar la violencia como respuesta a los conflictos sociales y políticos. O la Conversación Nacional, impulsada por el Gobierno Nacional entre finales del 2019 y principios del 2020 que, si bien contemplaba un plazo definido, dejó la impresión de no haber cerrado del todo su propósito.

También se encuentran los Diálogos para la No Repetición (2020 a 2021), de la Comisión de la Verdad, pensados como espacios para contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en el país y evitar que hechos propios de la guerra vuelvan a repetirse. Sobre ellos vale la pena señalar que rápidamente pudieron reinventarse en medio del confinamiento que vivió el país y pasar de lo puramente presencial a la virtualidad y, más recientemente, a un esquema mixto.

En 2021 observamos cambios significativos en la dinámica de los diálogos: el número es visiblemente superior al de años anteriores porque están directamente vinculados a las movilizaciones, y todos incorporan herramientas de la virtualidad, aunque la mayoría las combina con espacios presenciales. Están, por ejemplo, ejercicios liderados por el Gobierno Nacional (Pacto Colombia con las Juventudes), por los gobiernos locales (Diálogo por la Vida de la Gobernación de Antioquia o Manizales-Caldas Dialogan, entre otros), por Representantes a la Cámara (Los jóvenes tienen la palabra), por organizaciones sociales (Dialogar para avanzar liderada por Movilizatorio o A movilizar la palabra con el impulso de la Redprodepaz, etc.), la academia (Convergencia por Colombia) o conjuntos de sectores (La conversación más grande de Colombia, entre otros).

Todos estos espacios comparten el propósito de buscar alternativas al descontento ciudadano consultando a la ciudadanía sobre sus inconformidades y también sobre sus propuestas, si bien, los énfasis, las metodologías y los participantes son distintos. Hacemos una mención especial a Tenemos que Hablar Colombia, iniciativa inspirada en la experiencia chilena casi homónima. Este ejercicio, que lideran seis universidades de diversas regiones del país y que la FIP apoya, no busca resolver los conflictos como tal, pero si servir de plataforma de conversación para una muestra representativa de 10.000 ciudadanos sobre qué mantener, qué cambiar y qué mejorar.

Estamos en ciernes de conocer los resultados de todas estas iniciativas desplegadas en el 2021 y de ver su capacidad para conectarse con canales institucionales. Un horizonte para esta conexión son las elecciones del próximo año, porque distintos espacios de diálogo buscan incidir en las propuestas de las campañas presidenciales y del Congreso. También hay las que apuntan a proyectos de ley de la presente legislatura o del próximo Congreso. Y, finalmente, aquellas que se centran en mecanismos de participación ciudadana que ya existen y que exploran, por ejemplo, la posibilidad de que sus resultados nutran una propuesta de Consulta Popular gestionada por la minga indígena y otros sectores del país.

En cualquier caso, y retomando la necesidad de cerrarle el paso a las salidas violentas, es fundamental que estos ejercicios no sólo mejoren la confianza entre quienes participan en ellos, sino que contribuyan de manera efectiva a trasformar la vida de las personas de forma pacífica.

Aportes del documento

Quienes históricamente han participado en ejercicios de diálogo, suelen tener una doble apreciación de los mismos. Por una parte, ven al diálogo como una herramienta democrática con la potencia suficiente para transformar pacíficamente las relaciones, facilitar el reconocimiento mutuo de la diferencia y profundizar la confianza. Pero al mismo tiempo, sienten frustración porque perciben que, al fin y al cabo, estos espacios no logran transformar los asuntos o los conflictos sobre los cuales se dialoga. Mejoran las relaciones, sí, pero las cosas siguen igual.

Es precisamente por esta doble apreciación, que en la FIP consideramos que el diálogo es una necesidad sentida pero irresuelta en Colombia, y ese es el punto de partida del siguiente análisis. En este documento, en primer lugar, mostramos que no es la primera vez que el llamado al diálogo toma fuerza en el país permitiendo concertar puntos de encuentro en momentos difíciles marcados por bloqueos políticos y situaciones de violencia. En segundo lugar, hacemos una revisión de distintos textos sobre diálogo y planteamos una tipología para experiencias concretas según su énfasis: conflictos, actores o iteración comunicativa.

El análisis concluye con un llamado a seguir utilizando el diálogo como herramienta para el trámite pacífico de las conflictividades, pero invitando a entenderlo y promoverlo de manera sistémica. Es decir, si queremos revertir la frustración de las experiencias de diálogo, debemos reconocer la necesidad de conectarlas entre sí y, en particular, de conectarlas con otros espacios y mecanismos del sistema político del país, para que los resultados de los diálogos puedan vincularse a acciones y políticas públicas y, por ende, generar transformaciones.

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[1] Desde el 2019, la FIP creó una matriz de experiencias de diálogo que se actualiza periódicamente a partir de la revisión de fuentes en internet. Esta matriz incluye ejercicios desde el 2006 en los que se reúnen distintos actores, con grados variados de formalización, para reflexionar o pactar acciones alrededor de temas o dinámicas específicas que están generando situaciones de conflictividad.

[2] El ejercicio de identificación de experiencias de dialogo en 2021 se viene desarrollando en el marco de la iniciativa “Tenemos Que Hablar Colombia”, que lideran seis universidades colombianas: EAFIT, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad del Valle, Universidad del Norte y Universidad Industrial de Santander. El mapeo de iniciativas hace parte del componente denominado “Diálogo de Diálogos”. Junto con los diálogos también se han identificado iniciativas de “negociación” y una serie de “eventos – foros” en los que se discute la crisis actual. Ese mapeo ampliado reúne más de 50 iniciativas, pero en la gráfica se incluyen, de manera parcial, las 15 iniciativas que consideramos son “diálogos”.

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