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Como en otras regiones del país, en el sur de Bolívar la implementación del Acuerdo de Paz se percibe como una oportunidad para saldar brechas históricas de desarrollo territorial y disminuir la violencia. Sin embargo, el panorama de seguridad en los últimos años ha creado incertidumbre entre las comunidades respecto a la transformación del territorio y la posibilidad de desescalar la violencia armada.

La región ha vivido diferentes eventos de desplazamiento forzado a lo largo de 2021, producto de enfrentamientos entre grupos armados; por eso, para los actores locales, la seguridad territorial sigue siendo un desafío mayor.

Como parte del proyecto “Del Capitolio al Territorio”, congresistas de la Cámara de Representantes acompañados por la FIP, realizaron una primera visita presencial al sur de Bolívar el 30 y 31 de octubre de 2020 y escucharon las percepciones, preocupaciones y opiniones de líderes comunitarios, víctimas, autoridades locales, organizaciones de cooperación internacional y de la institucionalidad. En marzo de 2021 se realizó un segundo encuentro, esta vez virtual, para hacer seguimiento a las respuestas de las entidades con competencias para implementar el Acuerdo de Paz frente a las preocupaciones manifestadas a los congresistas.

De manera general, en esta región se reconocen algunos avances en el PDET, la reparación de víctimas y el PNIS. Sin embargo, ha aumentado la desconfianza y la incertidumbre frente al Acuerdo de Paz debido a la situación de inseguridad.

“Del Capitolio al Territorio” es un proyecto de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes implementado por la FIP que, a través de visitas regionales, ha venido haciendo seguimiento multipartidista a la implementación del Acuerdo de Paz. Con estas visitas se busca identificar, de primera mano, los avances y rezagos en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con temas claves para la implementación del Acuerdo.

De estas visitas al sur de Bolívar, se recogieron diversas preocupaciones y propuestas. Entre ellas se destacan:

Seguridad territorial y dinámicas del conflicto

  • Según los actores locales, aún no se generan garantías de seguridad para la población debido a la presencia de actores armados como el ELN, el Clan del Golfo y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). La respuesta frente a este desafío ha estado centrada en el despliegue de la Fuerza Pública, la cual resulta insuficiente.
  • La continuidad de la violencia en la región está atravesada por dos elementos: uno, el reacomodo de grupos armados ilegales bajo una lógica predatoria de control social y territorial con el fin de copar zonas; y otro, la ruptura de los diálogos entre el Gobierno Nacional y la dirigencia del ELN, que llevó a un fortalecimiento de la ofensiva de la Fuerza Pública contra ese grupo, sobre todo en sus bastiones históricos y de dominio, como el sur de Bolívar. A esto se suma la fragilidad de la convivencia entre el ELN y las AGC, y la incursión de un grupo disidente de las FARC (Frente 37).

Impacto humanitario

  • La persistencia del conflicto armado en esta subregión sigue afectando a la población civil y, de manera particular, a niños, niñas y adolescentes, líderes sociales, excombatientes y migrantes. Uno de los hechos victimizantes que más preocupa es el reclutamiento de NNA por parte de los grupos armados ilegales —especialmente del ELN— para usarlos como combatientes e informantes.
  • Varios actores locales manifestaron la necesidad de que se haga una revisión exhaustiva de las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo y un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que allí se establecen.

Desarrollo rural

  • Los líderes sociales identifican una falta de claridad en la continuidad de los espacios de participación y veeduría que se crearon durante la elaboración de los PDET, con el fin de hacerle seguimiento a su implementación.
  • También se percibe el PDET como una oportunidad para saldar brechas. Allí han surgido propuestas como la construcción de la universidad en el sur de Bolívar y el mejoramiento de la infraestructura vial y energética en la región para facilitar la comercialización de proyectos productivos.

Reincorporación

  • Se resalta el compromiso de los excombatientes con el proceso de reincorporación, a pesar de los riesgos que perciben debido a las agresiones de las que son víctimas. También, el cumplimiento de los compromisos del Gobierno con la asignación mensual y la inclusión de algunos elementos del proceso de reincorporación en los Planes de Desarrollo por parte de las autoridades locales.
  • Con relación a la situación de riesgo que enfrentan algunos excombatientes, los actores locales aseguran que no hay garantías de seguridad en el territorio. También advierten que los proyectos productivos se han implementado muy lentamente; que existe una desarticulación de la oferta institucional; que no hay garantías de participación para los excombatientes (quienes afirman que no son tenidos en cuenta al momento de diseñar la oferta institucional); y que se presentan dificultades frente al acceso a la tierra para desarrollar proyectos productivos.

Sustitución de cultivos ilícitos

  • La percepción que tienen varios líderes y organizaciones frente al PNIS es que, si bien se ha cumplido con algunos pagos, los proyectos productivos no han arrancado y hay falta de articulación entre las entidades encargadas de implementarlo, así como sobrecostos. Eso está generando incentivos para abandonar el proceso y podría aumentar el riesgo de resiembra.
  • De acuerdo con los actores locales, estas son algunas propuestas que pueden contribuir a solucionar la presencia de cultivos ilícitos: la formalización de la propiedad y titulación de tierras con la sustitución de cultivos ilícitos; la adjudicación de derechos de uso en zonas protegidas por Ley Segunda de 1959, en las que haya presencia de cultivos; el apoyo a pequeñas y medianas empresas, y la construcción de obras de infraestructura.

Situación de las víctimas

  • Las víctimas han expresado su inconformidad con las medidas de reparación por cuenta de la lentitud del proceso, la falta de información sobre el avance en la política y los obstáculos que se presentan a la hora de acceder a estas medidas.
  • Las mujeres líderes insisten en la necesidad de hacer efectivo el enfoque de género en los proyectos productivos para víctimas. Desde su perspectiva, las convocatorias no están diseñadas para que ellas puedan aplicar y, además, señalan que carecen de apoyo y de asistencia técnica para formular y ejecutar proyectos productivos.
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