Cifra de la semana

4.515 capturados tras seis años de la “Operación Agamenón”. Según el mayor general Fernando Murillo, director de la DIJIN, a lo largo de esta operación para la desarticulación de las AGC también han muerto 180 integrantes de este grupo en operativos militares. 38 de ellos eran líderes clave.

Implementación del Acuerdo

ARN extenderá renta básica mensual para excombatientes hasta 2022. Mediante una resolución, la Agencia de Reincorporación y Normalización extiende hasta enero de 2022 la asignación mensual para las personas en proceso de reincorporación. Esta extensión fue solicitada por los delegados de la antigua guerrilla en las discusiones del Concejo Nacional de Reincorporación.

JEP expulsa al exsenador Musa Besaile de la jurisdicción. La decisión fue tomada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, al concluir que los aportes de Besaile denotan falta de seriedad y compromiso en cuatro diligencias realizadas en su proceso por nexos con paramilitares. La Sala considera que son pocos los aportes de Basile para esclarecer la participación de otras personas en los hechos que relata, y que tampoco aporta hechos relevantes para develar la verdad del conflicto armado.

Comisión de la Verdad recibe informe del sector empresarial. El documento, titulado “Víctimas del conflicto armado en Colombia en razón de su vinculación al sector productivo”, reúne los testimonios sobre afectaciones y hechos victimizantes de 15 productores, comerciantes, emprendedores, empresarios y trabajadores durante el conflicto armado.

ELN

Comisionado de Paz negó que haya algún acercamiento directo entre el Gobierno y el ELN. Juan Camilo Restrepo, Alto Comisionado para la Paz del gobierno de Iván Duque, señaló que no ha tenido ningún contacto directo con la guerrilla del ELN desde que asumió el cargo. Recordó que Juan Carlos Cuellar continúa en su rol de gestor de paz y desde la OACP se revisa su gestión.

Rechazo de comunidades de Chocó a comunicado del ELN. A mediados de julio se conoció un comunicado del Frente de Guerra Occidental del ELN, en el cual niegan su responsabilidad en la siembra de minas antipersona en el norte del Chocó. En el documento, el grupo atribuyó esta práctica a “narcoparamilitares colombianos”, asociados con el Ejército y la Policía Nacional. Líderes de la región rechazaron este comunicado calificándolo como “cínico”, pues declaran que las comunidades saben de la responsabilidad de miembros del ELN.

Movilización social

El país volvió a las calles. El miércoles 28 de julio se cumplieron tres meses desde el inicio del Paro Nacional. Para esta fecha tuvieron lugar diversas movilizaciones en el país, cuyas principales motivaciones fueron la exigencia de garantías para la protesta social y la socialización de la nueva reforma tributaria. En Bucaramanga tuvo lugar una olla comunitaria y cierres en las principales vías; en Medellín, hubo una concentración y una marcha estudiantil; en Barranquilla, las concentraciones tuvieron como mensaje que se pasa hambre; y en Bogotá hubo bloqueos y enfrentamientos entre los manifestantes y el ESMAD.

Plantón por la defensa de los Derechos Humanos. El 27 de julio varias organizaciones de derechos humanos protestaron frente a la Alcaldía de Neiva con el fin de exigir a la administración departamental garantías para ejercer la protesta social y la adopción del Decreto 003 de 2021, el cual establece el “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. La Red Departamental de Derechos Humanos del Huila manifestó que en su región no existen garantías para la movilización social.

Agresiones a líderes

Asesinan a líder social en Montecristo (Bolívar). El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Piojó fue asesinado en su vivienda por hombres armados, el pasado 26 de julio. Según medios de comunicación, este líder había recibido amenazas del frente 37 de las disidencias de las FARC.

Disidencias y crimen organizado

Cerca de 230 familias desplazadas en el sur de Bolívar. Las víctimas provienen del cinturón minero de esta subregión, una zona de la Serranía de San Lucas ubicada en los límites entre Montecristo, Santa Rosa del Sur, Morales y Arenal. Enfrentamientos entre disidentes de las FARC y el ELN habrían provocado esta situación. Las organizaciones sociales denuncian que estos enfrentamientos son cada vez más frecuentes. El alcalde de Santa Rosa del Sur, Fabio Morales, explicó que este es un territorio muy rico por su producción de oro, y eso lo hace atractivo para los grupos al margen de la ley.

Dos desplazamientos forzados en el Cauca. Uno de ellos ocurrió en el norte del Cauca, en donde 85 familias de la zona rural entre Santander de Quilichao y Buenos Aires fueron desplazadas por combates entre grupos armados ilegales. El otro se registró en la vereda El Encanto, municipio de Argelia, donde se desplazaron 573 personas, algunas en proceso de reincorporación. Un enfrentamiento entre disidentes de las FARC y el ELN habría provocado este desplazamiento.

Fuerza Pública afirma que “Gentil Duarte” huye de operativos militares. Las autoridades lo habrían ubicado en la vereda El Camuya, en San Vicente del Caguán (Caquetá), mientras sostenía una reunión. En el lugar fue desplegado un operativo militar del cual el jefe disidente logró huir.

Defensoría del Pueblo emite alerta de inminencia en Nariño. La Alerta 015-21 se lanza luego de la difícil situación humanitaria que dejó más de 6.000 víctimas de desplazamiento en la zona de Roberto Payán y Magüí Payán. El informe solicita a las entidades competentes que tomen medidas frente a los daños que dejan las acciones del ELN y dos disidencias de las FARC (la Columna Móvil Franco Benavides y el frente Oliver Sinisterra).

Política de drogas

El PNIS recibirá inversión de $319 mil millones. Los recursos, provenientes del Presupuesto General de la Nación, impulsarán los pagos por asistencia alimentaria inmediata, los proyectos productivos de huertas caseras, la asistencia técnica integral y fortalecerán los programas de Pagos por Servicios Ambientales y el Programa Formalizar para Sustituir. Los departamentos que más apoyo recibirán son Nariño, con $105 mil millones; Putumayo, $98 mil 143 millones; y Caquetá, $60 mil 600 millones.

Los cultivos de coca y los laboratorios incrementaron su productividad. La publicación del informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la UNODC señaló la continuidad de la concentración de la coca en los enclaves cocaleros históricos, reportando dos nuevos en San Pablo-Taracué (Bolívar) y en Orito-Vides (Putumayo). También, advierte sobre el incremento en productividad del cultivo y la extracción del alcaloide. Se estima que la obtención de clorhidrato de cocaína por hectárea productiva al año pasó de 6,5 kg/ha en el 2016 a 7,9 kg/ha en el 2020, un crecimiento del 23%. Esto se debe a la mejora en las prácticas agroculturales en los cultivos y a laboratorios de mayor tamaño y eficiencia en los procesos de transformación de la hoja de coca.

Presentarán nuevamente el proyecto de ley que busca prohibir el glifosato. Después de archivar el proyecto de ley impulsado por el senador Antonio Sanguino, del Partido Alianza Verde, el congresista acudió a las diferentes bancadas buscando el apoyo de 45 congresistas para presentar nuevamente el proyecto de ley. “El uso del glifosato es una política equivocada, costosa e ineficiente que afecta la salud humana y los ecosistemas del país,” asegura Sanguino, quien considera que se debe dar prioridad al desarrollo alternativo.

Política Ambiental

52% de la explotación de oro de aluvión está en áreas protegidas y el 69% es ilegal. El nuevo informe de explotación de oro de aluvión de UNODC y el Ministerio de Minas calcula que, en total, la minería de aluvión ocupó 100.752 hectáreas. El 80% se encuentran en Valle del Cauca, Guainía, Caquetá, Putumayo, Córdoba, Cauca y Chocó, departamentos con altos índices de ilegalidad en la extracción del metal. La explotación total pasó de 37,5 toneladas a 47,8 toneladas, debido al alza en el precio del oro, que llegó a su punto más alto registrado en el 2020.

Falta de guardaparques y grupos armados influyeron en incremento de deforestación en PNN. “Hay áreas como La Macarena, Tinigua y Picachos en donde solo logramos acceder a unas zonas pequeñas. En el parque La Paya también hay problemas de seguridad,” declaró Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales. Precisamente, Tinigua, La Macarena, Chiribiquete, La Paya y Paramillo fueron los más deforestados en 2020. En febrero del 2020, los guardaparques de varios de estos parques fueron amenazados y obligados a abandonarlos.

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